Hablando de pensiones
Desde luego, proponiendo el tema de estas líneas, no vamos a descubrir la sopa de ajo ni mucho menos. La sostenibilidad de las pensiones es una discusión recurrente, por no decir que cotidiana. De momento, lo bueno es que las pensiones se van cobrando, que cada año hay actualizaciones gobierne quien gobierne, que los pensionistas, a veces con razón, se quejan y que a fin de cuentas tanto quienes gobiernan como quienes pretenden hacerlo saben que cuestionar ajustes en las pensiones, que pudieran ser a la baja o simplemente estancarlas, supondría minar sus opciones ante próximos lances electorales -que en España son varios cada año- porque los pensionistas son muchos millones de votos. Así que, de vez en cuando, conviene examinar la sostenibilidad de las pensiones con una mirada exclusivamente económica, ajena a veleidades políticas. Tal vez, este sea el principal freno para acometer una positiva reforma de las pensiones que asegure su sostenibilidad cara al futuro. Esbocemos unas pinceladas sin recurrir a guarismos que dejamos para otro día.
La clave inicial del asunto es de que en España, como en muchos otros países, opera el sistema de reparto, es decir, que los cotizantes, que son los trabajadores, pagan sus cotizaciones y en teoría con ellas se atienden los pagos de las pensiones. Por consiguiente, la clave de bóveda es que haya trabajo, trabajadores y, en consecuencia, cotizantes que contribuyan a la causa, o sea, al fondo de las pensiones para que los pensionistas cobren su jubilación.
Durante años las pensiones no fueron un problema ni suscitaron debates tan apasionados como los que hoy se dan. Había trabajo, sueldos más o menos decorosos, pujanza económica, y quienes se jubilaban percibían pensiones que no eran muy elevadas en función de lo que habían cotizado a lo largo de sus vidas profesionales. Eso sucedía porque las bases de cotización eran más bajas que las actuales y también porque no todo el mundo cotizaba a la Seguridad Social como hoy se hace.
El desarrollo económico de nuestro país favoreció puestos de trabajo de mayor calidad y, por ende, mejores sueldos que se fueron traduciendo en cotizaciones más altas y que, a posteriori, van confluyendo en pensiones más altas. Mientras que todo iba como una seda, sin problemas.
Sin embargo, a partir de la crisis financiera de 2008 las cosas empezaron a cambiar y 2009 fue el último año de superávit en las cuentas de la Seguridad Social que, en 2010, se saldaron con déficit que se ha cronificado. El trabajo fue escaseando y el paro propagándose, nuestra estructura económica se ha ido orientando hacia el sector servicios, soslayando el componente industrial caracterizado por empleos estables y mejor remunerados, y, entretanto, anticipadamente o no, una parte considerable de nuestra fuerza laboral de las últimas décadas se jubilaba. Acá se producía una disfunción que se intenta enmendar: una cosa es la edad de jubilación efectiva y otra la legal. En la medida en que uno se jubile antes del momento en que le toca, la Seguridad Social tiene que asumir mayores costes por las pensiones. Y si hay menos gente trabajando y los sueldos son más bien modestos, el descuadre de las cuentas está garantizado. De ahí que, entre las reformas que se están barajando, se proponga el premio para quienes se jubilen más tarde. El quid es cómo sería ese premio. De lo que no cabe duda es que si una persona está en buenas condiciones para continuar con su desempeño laboral y quiere hacerlo no se le obligue a la jubilación forzosa. El valor, experiencia y conocimiento que aportan los sénior en cualquier organización es un activo al que no cabe renunciar.
Otra consideración que incide sobre las pensiones es que la esperanza de vida se alarga y cada vez contamos con más población mayor y con pensiones más altas. Recuerdo que antes, cuando era un chiquillo, mi abuelo me presentaba a alguien que se jubilaba a los 65 años y al poco tiempo el presentado fallecía. Hoy, amigos de 65 años, al cruzar el momento de la jubilación, dan rienda suelta a su fuerza bruta interior e inician una nueva vida. Alguno de ellos vuelve a ser padre con más de 70 y a veces con más de 80 años, gozando con esplendor de su senectud, que es más bien una remozada juventud, y luciendo una forma física envidiable. La longevidad, por tanto, es otro de los factores que tener en cuenta y ¡loada sea!
A lo que íbamos. De 2009 a 2021 el número de pensiones contributivas ha crecido en 1.989.312. Si en 2009 la pensión media de jubilación era de 862 euros al mes, hoy es de 1.186. La actual media de las nuevas pensiones de jubilación es de 1.579 euros mensuales. Por el lado de los cotizantes hay muchos jóvenes si no apeados sí descolgados del mundo laboral, con bajos ingresos y la proporción de los jóvenes adultos que siguen conviviendo en el hogar familiar con sus padres va en aumento al carecer de posibilidades económicas para independizarse lo que, a su vez, comporta un descenso de la tasa de fertilidad. Ese es un aspecto determinante dado que no solo en el intríngulis de las pensiones se ha de observar el lado bueno de la mayor esperanza de vida sino el reverso negativo que significa nuestra baja tasa de fertilidad, la segunda más baja de Europa, y que las madres primerizas son mayores. En esa otra cara negativa debe alinearse la grave tasa de paro, el desempleo de larga duración y el tremendo problema del paro juvenil que, si hoy se presiente como una amenaza, en el futuro, de persistir, pondría en jaque el sistema de pensiones.
De momento, las pensiones se pagan, aunque la Seguridad Social tiene que hacer malabarismos financieros para cumplir con tal compromiso. No obstante, las dudas afloran acerca de la sostenibilidad futura y asoman efectos distorsionadores que complican las pensiones. Las cuentas públicas, ya de por sí muy tensionadas, se están viendo muy presionadas durante estos meses por el combate contra la pandemia. El gasto público se dispara. Los ingresos públicos se recortan. Los Ertes, las ayudas a autónomos, las prestaciones por desempleo... no solo exigen mayores desembolsos, sino que afectan a las cotizaciones de los trabajadores e inciden a la baja en los ingresos del sistema financiero de las pensiones. La deuda pública, entretanto, crece.