Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam: “El sistema público de mañana pagará una pensión decente, pero insuficiente y no alcanzará el SMI”

En plena negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para establecer los puntos concretos de la reforma del sistema público de pensiones en España y la presión de Bruselas, que demanda una senda concreta de equilibrio financiero de las cuentas de la Seguridad Social, el director general de Pictet AM en Iberia y Latam, Gonzalo Rengifo, evalúa la situación presente y de medio plazo del Sistema. Y recuerda la necesidad de llevar a cabo políticas que impliquen cada vez más a la ciudadanía en la planificación económica de la jubilación a través un impulso a los sistemas de previsión social complementaria y un acicate a la educación financiera, fundamental para establecer un buen pilar de ahorro a nivel nacional. En este sentido, aboga Rengifo por el mantenimiento de los incentivos fiscales a los planes privados, tanto del sistema individual como el colectivo, así como establecer medidas de ajuste o contención del gasto por la vía del factor de sostenibilidad intergeneracional, que ayudarían a equilibrar el Sistema a medio plazo.

La mayor esperanza de vida ha acrecentado le brecha entre jubilados y asalariados, máxime en países con una pirámide poblacional como la española. El sistema de reparto se desacopla de la realidad económica y social. Pero, ¿por qué no cala en la sociedad este mensaje?

El actual sistema público de pensiones en España y también en Europa, es pan para hoy pero hambre para mañana. A pesar de ello, nadie reconoce la situación de insostenibilidad financiera. El Gobierno nunca lo reconocerá, a pesar de que diferentes actores y expertos en ahorro a largo plazo están hablando de la falta de sostenibilidad financiera del sistema.

Pero la solución de ahorro a largo plazo para las pensiones requiere involucración del propio ciudadano, quien tiene que asumir un papel muy activo y tomar decisiones. No se ha enviado la carta de la pensión pública estimada, a pesar de que fue aprobada en 2011, lo que dificulta planificar los ahorros y el ciudadano debe exigir al Estado que le informe de la pensión que le pueda llegar.

Tenemos que huir de los tecnicismos, con términos muy simples y constructivos. En concreto, tenemos que pensar en una pensión mínima universal a la que el Estado pueda comprometerse. La realidad es que los Estados se pueden comprometer a unas tasas de sustitución del último salario del 30 a 35%, de manera que el sistema se dirige hacia la pensión mínima. Ello puede ser un mensaje muy constructivo con el que los políticos deberían sentirse cómodos. Así, hay que decir que el sistema público de pensiones de mañana pagará una pensión decente pero no suficiente y que no alcanzará el salario mínimo, por lo que hay que pensar en cómo complementarlo, mediante el segundo y tercer pilar, es decir, las pensiones empresariales y privadas, teniendo en cuenta que hay estudios que indican que el ciclo de vida de la jubilación ya se acerca al del periodo de ahorro activo y que hay que pensar en horizontes de jubilación de 25 a 30 años.

¿Qué reformas necesita concretamente nuestro país en pensiones dada su particular idiosincrasia?

En primer lugar, debemos defender el sistema español de distribución y bienestar, construido en una era de progreso. Pero la sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto está en cuestión. Más aún, la deuda acumulada por déficit del sistema de reparto afecta a las próximas generaciones y limita el desarrollo en infraestructuras y otras inversiones necesarias.

Así que son necesarias reformas, fundamentalmente encaminadas a potenciar los sistemas de capitalización. No se trata de discutir si un sistema es mejor que otro, sino de cómo deben complementarse. De hecho los sistemas de capitalización son sostenibles financieramente. Es lo que hizo el Reino Unido en 2004/2005, indicando la cantidad a la que el sistema público podía comprometerse y creando ocho años más tarde un sistema automático de adscripción a pensiones de empleo. Comenzó con una contribución del 1 o 2% por parte del empleado y actualmente es del 4% del empleado, 3% de la empresa y 2% del Estado. Además debemos abogar por la flexibilidad total de alternativas en el segundo pilar. Hay que fijarse en referencias de éxito como la del Reino Unido. A ello se añade que es posible mejorar la fiscalidad. Las actuales desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones se compensan para el Estado en el momento de la jubilación, cuando la renta del plan de pensiones tributa como rendimiento del trabajo.

¿En qué medida y qué aspectos puede afectar la pandemia a las pensiones?

Los pagos de pensiones de la Seguridad Social han aumentado 18% los últimos tres años y las cotizaciones han caído 1,28%, por lo que la dinámica es negativa. Tenemos una crisis económica y la pensión media ya es superior al salario medio de los jóvenes que están contribuyendo al sistema, pero cuya capacidad de ahorro es muy limitada. Así que tenemos que ayudarles a ahorrar.

Hay estudios que indican que el ciclo de vida de la jubilación ya se acerca al del periodo de ahorro activo. Por tanto, hay que pensar en esos horizontes de jubilación de 25 a 30 años. Al respecto el futuro pensionista tiene muchas maneras de gestionar sus ahorros y para ello cuenta actualmente con un nivel de asesoramiento mucho mayor de lo que cree. De ahí el importantísimo papel del asesoramiento profesional en la planificación de los ahorros de los ciudadanos.

¿Cómo valora las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en el campo de la previsión social complementaria?

En España los planes de pensiones de empleo solo cubren 3,3% de la población trabajadora y los 110.000 millones en fondos en pensiones privados solo al 20% de la población, con una media que no llega a 6.000 o 7.000 € por persona, ni para seis meses de pensión. Así que la pensión española depende casi al 100% de un sistema de reparto bastante deteriorado, incluso con la reforma de 2012-13, en parte incumplida, que ha aumentado la edad de jubilación a 67 años para 2027 y el número de años de cotización a 38 para acceder a 100% de la pensión. Por su parte la introducción del factor de sostenibilidad pretende alcanzar un mejor equilibrio intergeneracional.

Ahora bien, tanto la Asociación de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Inverco, como Unespa, la patronal aseguradora, han mostrado su malestar por la ley de presupuestos que prioriza el ahorro para la jubilación a través de planes de empleo a costa de los planes individuales. Observan que hay 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón en planes de previsión asegurados. En el 90% de los casos las aportaciones anuales son inferiores a 2.000 euros. Al limitarse las aportaciones a planes individuales se perjudica a la mayoría de trabajadores, que no pueden acceder a un plan de empleo, incluyendo 3,3 millones de autónomos, además de los de las pymes. Hay que tener en cuenta que los planes individuales permiten mayores aportaciones en años de mayores ingresos y reducidas en los peores. Pero con los planes de empleo la aportación está condicionada al salario. Además, los planes individuales permiten elegir productos con más o menos riesgo o con componente medioambiental, pero los planes de empleo son más rígidos, pues la política de inversión se pacta para toda la plantilla entre empresa y representantes de los trabajadores. Los planes de pensiones privados no deben ser penalizados hasta que el sistema de empleo funcione. Pero con los cambios los beneficios fiscales que ganan los planes de empresa los pierden los planes de pensiones individuales y cualquier medida dirigida a reducir la inversión a largo plazo es un error. Inverco prevé que las aportaciones a planes de pensiones individuales se reduzcan 30% en 2021.

Según el cálculo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 37% de beneficiarios de las desgravaciones fiscales pertenece a 10% de contribuyentes de rentas más altas. Pero el Pacto de Toledo está penalizando lo poco que tenemos en vehículos privados de inversión a largo plazo, mientras promete un sistema de pensiones de empleo súper público similar al del Reino Unido en el que aún no se sabe quién contribuirá a qué. Puede haber la tentación de que su regulación sea súper estricta, controlado por un comité y que sólo invierta en renta fija.

¿Es posible reducir con esta medida los costes de gestión existentes en este momento en las entidades gestoras y aseguradoras?

Los planes de empleo en España se encuentran entre los menos eficientes en cuanto alternativas, pues tienden a tener a todos los empleados en la misma política de inversiones, a diferencia de otros países como Chile o Suecia, donde se da libertad al trabajador. En cualquier caso, el modelo de plan de pensiones público debe ser abierto, permitiendo el acceso competitivo a las gestoras que cumplan los requisitos técnicos.

Ve necesaria la extracción de esos gastos denominados impropios con transferencias directas del Estado?

Trasladar los gastos de la Seguridad Social al Estado no resuelve el hecho de que haya menos pagadores y menos salarios medios para cubrir las pensiones futuras.

¿Ve positiva la propuesta de subir las pensiones con el IPC, pero evitando aumentos de poder adquisitivo con las compensaciones de posibles inflaciones negativas? ¿Cómo valora el endurecimiento de la jubilación anticipada en España? ¿Cree que en España se abandona temprano el mercado laboral? ¿Se necesita elevar la edad de jubilación en nuestro país? ¿Cree necesario el aumento del periodo de cálculo de la pensión a los 35 últimos años cotizados? Ello traería recortes en las pagas, de media un 6%. ¿Cree que las medidas abordadas y expuestas por el Gobierno son suficientes para lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social?

En Europa la esperanza de vida ha aumentado más de diez años desde 1985, con las excepción de ciertas partes de Europa central y en España por encima de los 83 años. Pero los sistemas de reparto estaban definidos para cubrir una jubilación entre 10 y 15 años y se enfrentan a 25 e incluso 30 años. La población de pensionistas en España llegará en diez años a 15 millones, frente a 9,5 millones actuales. Además el gasto público del bienestar, incluyendo pensiones, sanidad, dependencia, desempleo y educación ya suponía en 2016 el 25% del PIB en Europa de media. Es un nivel insostenible dado el envejecimiento, aumento esperanza de vida y descenso de población activa, a no ser que se pongan en marcha reformas. Así que, además de reformas paramétricas, se deben acometer reformas estructurales.

¿Piensa que estas medidas propuestas por el Gobierno en materia de pensiones serán validadas por Bruselas? ¿Son lo suficientemente ambiciosas?

Bruselas ya ha advertido a España que el déficit fiscal que tenemos es demasiado elevado y que hay que acometer reformas estructurales y medidas de eficiencia en la contención del gasto. Pero las últimas medidas tomadas van en la dirección contraria, especialmente respecto a un mayor gasto de pensiones. Espero que impere el sentido común y que se tomen las medidas necesarias, las cuales probablemente vengan impuestas a nivel Europeo.