El sector celebra la llegada del fondo público cuando cese la crisis laboral

La promoción del Gobierno de planes de pensiones de empleo supondrá un acicata para la industria por el aumento de pontenciales clientes, pero el sector advierte de la necesidad de recuperar el tejido productivo para no incrementar los costes para las empresas ante la coyuntura socioeconómica.

El impulso que pretende dar el Gobierno al ahorro colectivo con la aprobación del denominado fondo público de pensiones podría suponer un impulso definitivo para una industria que en nuestro país está aún varios escalones por debajo de nuestros vecinos de la Unión Europea. En el conjunto de España, el patrimonio acumulado en planes de empleo apenas ha ascendido en dos décimas de PIB con respecto al año anterior (2,8% último dato disponible de 2018), habiendo marcado un máximo relativo en 2014 en el 3,5%, según refleja el estudio reciente del Consejo General de Economistas sobre El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral. Así, lejos de suponer una competencia para las empresas del sector, al ser un fondo de promoción pública pero de gestión privada, “dará más posibilidades de trabajo a las empresas del sector y puede ser el impulso definitivo para los planes de pensiones de empleo en España”, señala el director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, Juan Marina, en referencia al impacto que puede tener sobre el mercado la puesta en marcha por parte del Gobierno de este vehículo de previsión social complementaria, que “es más una ayuda”.

Según apuntan desde Nationale-Nederlanden, una de las compañías punteras en seguros y gestión de activos, el impacto de la crisis sanitaria está siendo determinante para acelerar el proceso de la reforma del sistema público de pensiones. Y está poniendo en el centro de la diana la necesidad por parte de los trabajadores y ciudadanos de planificar el futuro con certidumbre ante posibles shock, como el provocado por la pandemia de Covid. En este sentido, apunta Juan Marina, está creciendo la demanda de información por parte de las empresas para la apertura de planes de ahorro colectivos dentro de las compañías de los que puedan participar los trabajadores. “Cada vez nos demanda más cursos de formación en las empresas”, apunta el experto señalando como uno de los motivos, además del punto de concienciación imprimido por la crisis sanitaria, el hecho de que las tasas de ahorro se hayan incrementado notablemente durante el año de pandemia.

España es uno de los países de Europa en los que más ha crecido el ahorro, un 42% hasta marzo de 2021, y uno de los más afectados por la caída del consumo, que ha descendido un 25% con respecto a los niveles pre-Covid. Tal y como se desprende del Monitor Económico ifo-N26, elaborado por el banco móvil N26 y el Instituto ifo (Instituto Alemán de Investigación Económica), que analiza la recuperación económica en las principales economías europeas: España, Italia, Francia y Alemania.

Los resultados revelan que los niveles de ahorro se han disparado en los cuatro países desde que comenzó la pandemia del Covid y, de hecho, España muestra un nivel superior al de Francia e Italia, aunque inferior al de Alemania. Durante el confinamiento en abril de 2020, datos de estudios previos de N26 revelaron que la tasa de ahorro había aumentado entre los hogares europeos, siendo España el país donde más personas (un 73%) declararon que las medidas de aislamiento les habían ayudado a ahorrar algo más, por delante de alemanes (64%), franceses (62%) e italianos (35%).

De acuerdo a los resultados del Monitor Económico ifo-N26, los clientes españoles de N26 ahorraron un 38% más en sus cuentas durante 2020 y, a finales de marzo de 2021, se observó que ahorraban un 42% más en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

Por ello, uno de los primeros efectos que refleja el sector asegurador este incremento de necesidad de información sobre la gestión de ahorros, así como de concienciación a cerca de conceptos financieros como la planificación de gastos, el volumen potencial de ahorro, rendimientos estimados según los principios de interés compuesto o la estimación de la cuantía de pensión pública que percibirán los trabajadores en su jubilación. Todas ellas, materias de formación financiera que parecen haber ganado protagonismo precisamente en un momento de crisis económica que ha agujereado las plantillas y el mercado laboral en su conjunto.

Concretamente, este es el punto de divergencia que se aprecia por parte de la industria: el de los tiempos para la puesta en marcha de fondo público de pensiones impuestos por el Gobierno. Concretamente, se dieron desde la Seguridad Social y el Ministerio de Economía, allá por el mes de noviembre, un plazo de doce meses para poner en funcionamiento el instrumento de ahorro destinado principalmente para pymes y autónomos. “Son plazo cortos para su puesta en marcha y en una situación económica muy mala”, señala Juan Marina, de Nationale-Nederlanden, sobre la eventual introducción de estos planes, y más aún según el carácter de obligatoriedad para las aportaciones por parte de los trabajadores -a lo que se sumaría la aportación de empleador-.

Así, señala el director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits que si el objetivo del Gobierno es implantar un sistema de adscripción automática como el que funciona en Reino Unido (NEST), que incorpora a los trabajadores a la rutina de aportaciones mensuales -comenzó con una contribución del 1 o 2% por parte del empleado y actualmente es del 4% del empleado, 3% de la empresa y 2% del Estado-, el momento elegido, en plena crisis económica provocada por la pandemia, no es el más oportuno. “No es el mejor momento económico para decirle a las pymes y a los autónomos que tienen que aportar obligatoriamente a un plan de pensiones de empresa”, apunta Juan Marina, quien asegura que se necesita dar un tiempo previo para la recuperación de la economía antes de su puesta en marcha.

Y más allá, una vez que el fondo público de pensiones sea una realidad, desde Nationale-Nederlanden advierten de la necesidad de ir más allá en las medidas que implican la reforma de pensiones, principalmente en el plano del impulso a los planes de previsión social, en el que aseguran que de momento “se ha dado un paso atrás” con el reducción de las desgravaciones fiscales para las aportaciones a los planes individuales, donde se encuentra depositado la mayor parte de los ahorros de los autónomos de nuestro país -un 60% de los trabajadores por cuenta propia tiene algún tipo de plan de pensiones o de ahorro a largo plazo, según datos de UPTA, entidad representante del colectivo-.

Por ello, una de las reclamaciones históricas del sector pasa por la modificación del tratamiento fiscal de los ahorros en planes de pensiones, que se declaran y son tratados como rentas del trabajo, a pesar de que una parte de esta bolsa de dinero no se corresponde con dinero apartado de la nómina del trabajador, sino que es producto de las inversiones realizadas con este capital y el rendimiento generado por las mismas. Aquí, los expertos del sector reclaman la modificación del régimen para que al menos esa cuantía que no corresponde a las aportaciones realizadas tengan un tratamiento fiscal como rentas de capital, con un gravamen menor que las rentas del trabajo.

Por último, desde el sector también muestran cierto escepticismo sobre las proyecciones del Gobierno que prevén una reducción de los costes de gestión de los planes de pensiones, especialmente en el sistema colectivo “donde la competencia es alta y las comisiones ya son bajas”. “A no ser que se trate de un plan pequeño, de una pymes, donde el coste pueda ser mayor, los planes de las grandes compañías ya tienen comisiones de gestión muy bajas”, por lo que apuntan desde Nationale-Nederlanden que sería complicado una reducción mucho mayor -cuando se sitúan ya en el entorno del 0,3%-. Recuerdan en este punto los costes que puede suponer la puesta en marcha del fondo, como el desarrollo de la plataforma digital, la web, el asesoramiento, etc. Sí que consideran, por contra, un margen para la reducción de estas comisiones aplicadas en los planes de pensiones del sistema individual -la comisión establecida por ley es del 0,20 % por la empresa depositaria y de una media del 1,25 % por gestión (si es de renta fija, la comisión máxima es del 0,85 %, si es de renta mixta del 1,30 % y si es de renta variable del 1,50 %)-.