El Gobierno prevé reducir un 66% las comisiones con el fondo público

La ofensiva de Moncloa para incentivar el ahorro complementario busca quintuplicar el volumen de patrimonio gestionado y reducir los costes asociados a los planes de pensiones para impulsar las aportaciones de los trabajadores a través de los instrumentos de empleo.

España es uno de los países de Europa con menor volumen de ahorro acumulado en comparación con el PIB, en torno al 13%. Uno de los objetivos del Gobierno con la aprobación del fondo público de pensiones es incrementar este volumen hasta por tres -llegando a quintuplicar el volumen de ahorro gestionado-, de modo que en el medio plazo nuestro país se sitúe al nivel de socios del entorno comunitario como en Bélgica o Irlanda. Uno de los principales atractivos con los que contará el fondo público de pensiones promovido por el Ejecutivo está en la previsión de reducción de costes de gestión de los planes en un 66%.

En nuestro país, según el último Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Fondos y Planes de Pensiones, en el año 2019, los fondos de pensiones obtuvieron unos resultados positivos de 9.178,7 millones de euros, frente a las cifras del año anterior, que presentó resultados negativos de 4.728,6 millones de euros, y volviendo a la línea de resultados positivos previos al 2018 (2.592 y 1.907 millones en 2017 y 2016, respectivamente).

En el estudio, que analizada la cuenta de pérdidas y ganancias en su conjunto, se observa que los ingresos de los fondos de pensiones alcanzaron un total de 1.577,6 millones de euros, un 11,5% superior al año anterior. Por su parte, los gastos de las inversiones crecieron un 3% respecto al ejercicio anterior, colocándose en 263,8 millones de euros. La variación del valor razonable de las inversiones fue de plusvalías de 8.147 millones de euros al igual que los resultados netos de enajenación de inversiones, que alcanzó un importe positivo de 760 millones.

Los gastos operativos de los fondos de pensiones, es decir, las comisiones de gestión, custodia y depósito, gastos de comercialización, gastos por servicios profesionales independientes, como actuarios y auditores, gastos de comisión de control u otros gastos ajenos a las inversiones, han alcanzado la cifra de 1.047,03 millones de euros, lo que supone un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior (1.026 millones de euros).

Cabe recordar que, el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, con efectos desde el 10 de abril de 2018, estipula que la comisión máxima de la Entidad Depositaria se reduce del 0,25% al 0,20% anual de las cuentas de posición. En el caso de la Entidad Gestora, se elimina el máximo único del 1,5% y se fija como límite 0,8%, 1,30% y 1,5% para los fondos de pensiones de renta fija, de renta fija mixta, y para el resto respectivamente.

Reestructuración necesaria

En este sentido, desde Fedea señalan algunas debilidades del sector de ahorro financiero en España que deberán ser revertidas para cristalizar el apuntalamiento del modelo de previsión social complementaria. “Entre las medidas de estímulo a la previsión social complementaria, que se han implementado en los últimos años, nos encontramos con una reducción en la cuantía máxima de las Comisiones de Gestión y Depósito de los Planes de Pensiones, así como con la apertura de las denominadas ventanas de liquidez que podrán aplicarse en los planes de pensiones a partir de 2025”, apunta Inmaculada Domínguez Fabián en el informe de Fedea sobre El ahorro como complemento para la pensión.

El estudio señala que los estímulos que incentivaban a los empresarios a promover sistemas de previsión para sus empleados, prácticamente se han eliminado. “Únicamente se ha mantenido la reducción, de la aportación, en la base imponible del Impuesto de Sociedades”, apunta el documento. Y señala que con anterioridad a 2011 y 2014, un empresario podía considerar ventajoso fiscalmente realizar aportaciones para la jubilación de sus trabajadores, dado que se reducía un 10% de lo aportado en la cuota del Impuesto sobre Sociedades y no cotizaba a la Seguridad Social por la cifra aportada.