Cuando autónomos y pymes puedan realizar aportaciones ¡obligatorias! al plan de pensiones

La crisis económica y el impacto demoledor de la pandemia sobre las economías desarrolladas han acelerado, como en el caso de España, la puesta en marcha de reformas estructurales necesarias para equilibrar los balances financieros de los Estados. Así, el Gobierno ha dado en los últimos meses un impulso decido a la reforma del sistema público de pensiones, ya exigida en términos concretos por parte de la Comisión Europea para acometer la recuperación económica en nuestro país. Sin embargo, las prisas de la urgencia hacen que uno de los elementos que el Ejecutivo ha previsto lanzar como parte de los primeros adoquines de la reforma, el fondo de pensiones de promoción pública, se pueda tropezar con la coyuntura económica, y más concretamente, con la devastación experimentada por el tejido productivo y la masiva destrucción de empleo experimentada en el último año.

El componente de gasto que implica la apertura en el seno de las pymes o para autónomos de un plan de pensiones colectivo parece un obstáculo determinante en un momento en que además del hastío del mercado laboral por la destrucción de empleo, se suman unas expectativas poco halagüeñas de empresarios, que según el barómetro de ATA aleja el momento de la recuperación de los negocios hasta 2023. Por lo que la imposición de un nuevo coste para trabajadores y empleadores, parece inasumible o impensable en un momento en que es la supervivencia del tejido empresarial lo que está en juego.

Además, a esta complicación se une la de la rigidez, en cierto punto, deseada en la implantación de estos sistemas de ahorro. Uno de los puntos cruciales para la consecución del objetivo que plantea el Gobierno de quintuplicar el patrimonio gestionado en fondos de pensiones con la introducción vehículo de promoción pública está en el punto de la adscripción automática. La obligatoriedad de aportar a estos planes es el punto de partida del éxito y la extensión de estos instrumentos financieros de ahorro destinado para la jubilación entre la población general. Así ocurre en el caso de los planes de empleo en el Reino Unido a través del sistema NEST que incluye en estas rutinas mensuales de ahorro a todos los trabajadores que acceden a un puesto de trabajo, de forma automática. El empleado solo puede desestimar esta incorporación al plan de pensiones a partir de una petición explícita, de modo que en más del 80% de los casos, se asume esta cuota de retención de la nómina destinada al ahorro para la jubilación.

Por ello, las condiciones para la aplicación de estas estructuras de ahorro masivas entre los trabajadores, que ampliaría notablemente la base de patrimonio en previsión social complementaria, parecen no darse en estos momento a tenor de las dificultades que aún sortean y enfrentan los autónomos, y pequeños y medianos empresarios en nuestro país, público objetivo de este fondo público.