Un ahorro para jubilación necesario y necesariamente complementario a la pensión
La reforma del sistema público de pensiones no tiene vuelta atrás, y en pocas semanas los partidos anunciarán las líneas maestras que el Ministerio de Seguridad Social deber seguir para abordar los cambios normativos en la ley que rige el acceso de los españoles a su pensión de jubilación. Más allá de la revalorización y el impulso a la sostenibilidad financiera que pueda aportar la separación de fuentes, las miradas están puestas en esa recomendación 16, que insta al Gobierno a favorecer la adquisición de planes de previsión social complementaria por parte de los ciudadanos que sirvan para complementar y completar la paga que otorga el Estado una vez abandonado el mercado laboral.
La coincidencia de que la resolución en el Pacto de Toledo se vaya a producir en una coyuntura de devastación financiera por la sangría de ingresos y el aumento de gastos como consecuencia de la aprobación de ayudas para combatir el efecto de la pandemia, no hace sino más evidente y preponderante la necesidad de llevar a cabo un ahorro individual que llegado el momento, y no necesariamente la jubilación, sirva como colchón de renta que permita mantener los mínimos estándares de vida en términos de poder adquisitivo. Pero, además, la coyuntura ha mostrado la crudeza de un sistema público de pensiones, y todo su tejido de asistencia social, fuerte para poder atender las necesidades de buena parte de la población en momentos de shock económicos como el provocado por la pandemia, pero también ha puesto de manifiesto las debilidades de un Sistema que en su base de reparto se encuentra altamente condicionado por la actual coyuntura del mercado laboral. Por ello, la previsión individual no debe sino ser necesariamente complementaria a la existencia de un sistema público que garantice la cobertura de los mínimos para vivir.
La ocasión está en la medida de impulsar esos planes de ahorro y como aboga la Comisión hacerlo principalmente en el ámbito de la empresa para así ensanchar lo máximo posible la base de ahorradores privados (personas en edad de trabajar) que acumulan dinero para su jubilación. Cabe recordar por un lado que el horizonte es amplio ya que solo un 23% de quienes están en condiciones de ahorrar en nuestro país, lo hace a través de instrumentos de previsión financieros a largo plazo. Así existe ciertamente margen de ensanchamiento en el segmento de mercado, si bien, uno de los problemas que comporta el modelo de ahorro en la empresa es, en el caso español, el elevado número de pymes que conforman el tejido empresarial nacional y la dificultad de agrupar a estos pequeños empresarios que en nuestro país son responsables de buena parte de la contratación. Como recuerdan desde Inverco, en España, según la OCDE, el 57% del empleo es “no estándar” (trabajadores que no trabajan por cuenta ajena y cuyo contrato no es a tiempo completo ni indefinido): 16% de autónomos, 14% a tiempo parcial y 27% temporal, por lo que impulsando solo el segundo pilar, se dejaría fuera a casi un 60% de trabajadores.