Un fuerte alza del empleo no garantiza las jubilaciones

La sostenibilidad de las pensiones permanece en entredicho pese a los esfuerzos pedagógicos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para tratar de explicar que la situación de asfixia de las cuentas es coyuntural y que se puede resolver el problema del déficit en un plazo de cuatro años si se toman las medidas adecuadas. Buena parte de la recuperación financiera del Sistema se fía a una mejora del comportamiento del mercado laboral que incremente los niveles de ocupación en nuestro país una vez se supere el vendaval de la crisis económica provocada por la pandemia. Ahora bien, el Banco de España advierte que ni en el mejor de los casos, con un fortísimo repunte de la ocupación, se cubriría el déficit de las pensiones, más aún si tenemos en cuenta el efecto del aumento de la esperanza de vida.

Así lo ha puesto de manifiesto el análisis Covid-19: Perspectivas económicas, envejecimiento y pensiones elaborado por el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce asegurando que si la tasa de empleo alcanzase el 80% en 2050, frente al 60% en 2019, reduciría el aumento del gasto en pensiones por el factor demográfico entre un 50% y un 73%, y el gasto en pensiones bajaría en 4,5 puntos, frente al aumento de 7,7 puntos debido a la demografía, según la AIReF.

Ello supone que ni siquiera un fuerte repunte de la ocupación en los años posteriores a la pandemia se traduciría en un aumento suficiente de los ingresos por cotizaciones sociales para cubrir los incrementos de gasto asociados al impacto de la demografía que se traducirá en sufragar pensiones más caras y durante más tiempo -jubilación de la generación del baby boom, incremento de la cuantía de la pensión media y alargamiento de la esperanza de vida-.

Sangría de puestos de trabajo

En este sentido cabe recordar la cornada asestada por la pandemia al mercado laboral español, mayor que en el resto de Europa y que sitúa a nuestro país en una posición de desventaja para la recuperación. En agosto, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 29.780 desempleados, alcanzando los 3,8 millones, su nivel más alto en un mes de agosto desde 2015, en un verano lastrado por el fin de la escasa temporada turística debido a la crisis sanitaria. Mientras que el número total de ocupados se sitúa en 18,79 millones de cotizantes, es decir, 527.851 afiliados menos que hace un año.

Más allá, ambas lecturas arrojan pocas esperanzas de que el mercado laboral pueda arrojar en el corto plazo alguna solución para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por un lado, el Banco de España reconoce en el informe aludido que “dada la evolución histórica, una tasa de empleo por encima del 70% constituye un objetivo ambicioso”, y, por otro lado, el golpe para nuestro país asociado a la alta dependencia del sector turístico en términos de destrucción de empleo no invita a una temprana recuperación del mercado laboral. Una recuperación que el FMI ya no espera se produzca en niveles previos a la pandemia al menos hasta 2023 -cuando se situaría en torno al 14% la tasa de paro-.

Por otro lado, no solo la cuestión demográfica -que sumaría al gasto en pensiones entre 3,2 y 5,1 puntos porcentuales de PIB en 2035 y entre 5,5 y 10,6 puntos de PIB en 2050- está detrás del tensionamiento financiero que soportará el sistema en las próximas décadas, sino que la propuesta del Gobierno para la reforma en ciernes y que sostiene el acuerdo en el Pacto de Toledo dibuja una senda de gasto ascendente por la vía de las revalorizaciones anuales con el IPC. En ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones a la inflación aumentaría el gasto en, aproximadamente, un 2% del PIB en el año 2030 y en algo más del 3% del PIB en 2050.