Luz roja para España en seguridad para la jubilación
La emergencia sanitaria desencadenada por la crisis del coronavirus no solo está transformando el mundo tal y como lo conocíamos, también ha agravado algunas graves deficiencias estructurales que arrastra España y que obligan a intervenir urgentemente para evitar males mayores. Es lo que ocurre con la seguridad económica de cara a la jubilación, una de las grandes asignaturas pendiente y donde se ha encendido la luz roja.
España ocupa el puesto 32 en nuestro Global Retirement Index, un índice que llevamos ocho años elaborando en Natixis IM y que mide cómo los países satisfacen las expectativas, necesidades, metas y, en suma, la calidad económica de cara a la jubilación. Dentro de la eurozona, España solo aventaja a países como Letonia, Lituania y Grecia. La desigualdad en los ingresos y el desempleo son las dos principales claves que explican la mala situación del país.
Es cierto que España sobresale en calidad del aire, del agua, saneamiento y diversidad, donde registra algunas de las puntuaciones más elevadas del ranking, que comprende a 44 países. Pero suspende clamorosamente en indicadores como préstamos bancarios, endeudamiento del Gobierno, desigualdad de los ingresos o el paro, donde obtiene la segunda peor nota de toda la muestra. En definitiva, en todos los aspectos relacionados con el bienestar material.
Tanto a nivel personal, como para las empresas y los representantes públicos urge una planificación sólida del ahorro a largo plazo de cara a la jubilación, partiendo de una premisa muy sencilla: es conveniente no sobrevivir a los propios activos.
España es uno de los países de la OCDE con mayor riesgo con longevidad y mayor ratio de dependencia de la tercera edad, que mide la relación entre población activa y población mayor de 65 años. Esto de por sí ya constituye una amenaza para la seguridad de la jubilación. Pero la crisis del Covid-19 ha elevado el grado de alerta que pesa sobre los ahorros a largo plazo, como a continuación explicaremos.
Las medidas tomadas para responder a la pandemia son necesarias, pero encienden alarmas que obligan a reconocer las implicaciones a largo plazo de todo lo que está sucediendo. Algo de lo que nosotros, como gestores de fondos, también debemos ser conscientes. Destacamos cinco preocupaciones que consideramos grandes amenazas de largo recorrido, que es necesario afrontar, empezando por la recesión.
La profunda crisis económica ha tenido como consecuencia un elevado desempleo, como estamos viendo. Eso significa que tanto las contribuciones a los planes de retiro, como los ingresos fiscales destinados a las pensiones públicas se han visto dramáticamente reducidos. Un desafío añadido son las retiradas de los ahorros ubicados en planes de pensiones a las que muchas de las personas afectadas por una situación de desempleo se han visto obligadas simplemente para poder salir a flote.
Otra consecuencia de esta crisis está en los tipos de interés. Arrastramos ya más de una década de bajos tipos de interés, pero los confinamientos en todo el mundo han llevado a recortes incluso más profundos y han retrasado el horizonte de una posible reactivación del endurecimiento de la política monetaria, que ahora tendrá que esperar durante un tiempo incierto. Esta situación y sus consecuencias en la rentabilidad de los activos obligan tanto a los jubilados a ser ingeniosos y más cautelosos en cómo afrontan sus necesidades de ingresos, como a los gestores de pensiones a ser creativos a la hora de afrontar sus obligaciones de largo plazo.
El tercer aspecto a destacar es el de la deuda. El gasto público está siendo esencial para mantener vivas las economías en medio de la pandemia, pero está llevando a nuevos récords en los niveles de deuda pública que, sin duda, representarán un desafío para los políticos del futuro, que se verán obligados a tomar decisiones difíciles en relación a las pensiones.
Un cuarto punto crucial que corre el riesgo de haber sido eclipsado por el coronavirus es el clima. Este mismo año hemos podido ser testigos de incendios devastadores en lugares como Australia y, más recientemente, California, demostrando que los desastres naturales relacionados con el cambio climático se están volviendo más severos y frecuentes, dejando a los jubilados más vulnerables expuestos a situaciones de alto riesgo físico y financiero.
Por último, los movimientos de justicia social han puesto en el foco la desigualdad económica, exacerbada por la crisis del Covid-19 y especialmente preocupante en un país como España. La desigualdad en términos de género es un aspecto al que se debe prestar mucha atención. Un estudio del World Economic Forum de 2017 subrayaba que la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial es tan grande que llevaría 217 años cerrar esa disparidad completamente. Al mismo tiempo, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres. De hecho, una estadística de Eurostat pone de manifiesto que el porcentaje de mujeres mayores viviendo solas es del 40%, frente al 22% de los hombres, quedando así en una situación de especial vulnerabilidad: ancianas, con pocos ahorros tras una vida de bajos ingresos, y en soledad.
En definitiva, los desafíos que están ya presentes amenazan con provocar grandes desequilibrios financieros en la jubilación y requieren que todos, autoridades, ciudadanos y actores de la industria de la inversión, tomen cartas en el asunto y aborden con seriedad la cuestión para evitar situaciones insostenibles en el futuro: cuanto más se tarda en afrontar las crisis, más reducido es el rango de soluciones que se pueden tomar.