Los diez cambios en la jubilación que abordará Escrivá para la reforma

Aún no se había cerrado el acuerdo de la reforma de pensiones, culminado en la última semana de octubre, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones arrancó la reforma de pensiones fijando en el plan presupuestario remitido también este mes, unos días antes, a Bruselas, una transferencia directa del Presupuesto a la Seguridad Social, que no préstamo, por valor de 18.000 millones de euros.

Ello suponía de facto abordar los primeros pasos de la separación de fuentes de financiación, para sacar de la Seguridad Social los gastos no contributivos, y que será solo la primera medida que se incluye en el texto de recomendaciones para la reforma del Sistema de la Comisión parlamentaria. Justo antes de que el Pacto de Toledo fijase el mandato definitivo que deberá ir abordando el Gobierno y será tutelado por los partidos políticos de ese órgano.

El Presupuesto se hará cargo de 23.000 millones de gasto no contributivo

Con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España.

Esta es una de las vías que ya había expuesto el ministro como a explorar en el camino hacia el reequilibrio financiero de la Seguridad Social y que puso encima de la mesa en la última comparecencia a comienzos de septiembre en el Pacto de Toledo. La idea que esbozada por los partidos en la Comisión es la de separación y clarificación de las fuentes de financiación donde se aboga por que las pensiones contributivas se paguen con cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas con impuestos.

Se trata de recursos procedentes de las cotizaciones sociales que se están utilizando para pagar políticas no contributivas, reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de maternidad o los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social. Con ello se comenzará a agregar su desfase presupuestario al del conjunto de la Administración y comenzaría a ser atendido desde el encaje de los Presupuestos Generales.

La revalorización de las pagas quedarán ligadas por ley a la inflación

Tras el acuerdo en el seno de la Comisión, las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año 2020, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, será de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9% –según las previsiones de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el propio cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno–. El Banco de España ha analizado precisamente en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.

De este modo, en ausencia de medidas adicionales, se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, un 2% del PIB en el año 2030 y en algo más del 3% del PIB en 2050. Cabe recordar que según los cálculos elaborados por Fedea, en un contexto económico de normalidad con crecimientos progresivos de la economía, la inflación media se encontraría en torno al 2%. Cada incremento en esta línea de la partida de las pensiones de jubilación elevan su coste anual en 2.400 millones de euros sobre la cuantía total de la partida.

El Gobierno abordará una revisión integral de la pensión de viudedad

Otro de los puntos de la reforma de pensiones que necesitará de un periodo de estudio sobre los cambios a introducir una vez que eche a andar la reforma del Sistema es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión “íntegra” de esta prestación para su adecuación. El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación. Actualmente, la pensión de viudedad de la Seguridad Social es una prestación económica de carácter vitalicio y de naturaleza contributiva, es decir, exige que el causante acredite unos requisitos mínimos de cotización y se concede a aquellos que han tenido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida, que será el causante de la pensión. Así, la futura cuantía de las pensiones,se encontraría sometida como ya ocurre en muchos países de la Unión Europea, auna prueba de rentas como criterio de acceso a la prestación.

La despenalización de jubilaciones con 40 años cotizados, en estudio

Una de las cuestiones que eleve la Comisión del Pacto de Toledo al Gobierno sobre la reforma del Sistema que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia. La medida que reclama el Pacto de Toledo nace de una propuesta de la asociación Asjubi40, que pide la derogación de los coeficientes reductores a las jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados. Y ha sido asumida por la Comisión pero con salvedades. La piedra de toque de la medida es el impacto presupuestario que pueda acarrear consigo. Por ello, según fuentes cercanas a la negociación, lo más probable es que el Gobierno concluya en su estudio que la viabilidad de la medida se restringe a las jubilaciones causadas de manera involuntaria.

Los funcionarios se podrán retirar del empleo a los 60 años

Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc). Tras el revuelo creado en el mes de marzo cuando se incluyó en uno de los decretos del Estado de Alarma el traspaso a la Seguridad Social de la gestión nominal de estas pagas desde el Ministerio de Hacienda, y tras los rumores generados sobre el impacto que ello tendría en la cuantía de las prestaciones, los partidos se han apresurado a clarificar esta cuestión en el texto de recomendaciones para la reforma de pensiones. En él, una vez aprobado, se especificará que el traspaso de la gestión de estas pagas hacia el régimen general de jubilaciones no comportará de igual manera una homogeneización de los criterios que rigen el acceso a la pensión en la Seguridad Social, de modo que se concretará la intención de mantener las actuales condiciones de ventaja para el retiro laboral de estas personas.

Actualmente se contabilizan cerca de 640.000 empleados públicos jubilados en las clases pasivas y aproximadamente 700.000 funcionarios que siguen activos y cotizando en este régimen especial.

Incentivos para seguir en el mercado laboral tras superar los 65 años

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión. Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas.

El ministro Escrivá apuesta por una serie de reformas del sistema de pensiones. Entre ellas, estaca la necesidad de acercar la edad de jubilación efectiva a la edad de jubilación legal. “Hay que extender la edad efectiva de jubilación y eso supone decisiones orientadas a, o bien no hacer uso de las prejubilaciones o, bien facilitar a quien quiera prolongar más allá la jubilación de la vida laboral”, explica.

A juicio del ministro Escrivá, esto supone generar un sistema de incentivos “que induzca a las personas a trabajar más en la medida que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo”.

Cotización por ingresos reales de autónomos para ingresar 2.000 millones más

El Gobierno avanza con paso firme en la negociación de la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta) en la que el principal cambio que se negociará con los autónomos en la mesa de diálogo social es la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión.

Los últimos datos ofrecidos sobre la Seguridad Social el colectivo de los trabajadores autónomos recibe una pensión media de 700 euros, mientras que la de los trabajadores adscritos al régimen general perciben pagas de cuantías medias de 1.113 euros, lo que supone un 40% menos para los empleados por cuenta propia. Actualmente, son 1.968.402 el número de pensiones de autónomos que se pagan en nuestro país, cuya nómina mensual alcanza los 1.000 millones de euros. Cabe recordar que según las bases del sistema de reparto en el que se ancla la Seguridad Social española, la diferencia de más de 413 euros se debe a que estos trabajadores, de igual manera, cotizan de media al Sistema un 40% menos que los afiliados al régimen general.

Reducción de incentivos a planes de pensiones de un 75%

El Ejecutivo prevé abordar en el Consejo de Ministros de este martes la reducción de las desgravaciones fiscales para los planes individuales, fijados en 8.000 euros anuales de aportación, y que pasaría a restringirse a 2.000 euros anuales. Cabe recordar que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la desgravación fiscal aplicada a estos instrumentos de ahorro resta cada año 1.643 millones de euros a las arcas públicas (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal). Con esta medidas, se arma una doble vía de actuación para revolucionar la historia del ahorro privado en nuestro país, virando hacia modelos más extendidos en el resto de Europa donde la previsión individual supone una parte fundamental de paga de jubilación y la base para el mantenimiento del poder adquisitivo una vez retirado del trabajo.

Con esta última medida, la de recortar los incentivos fiscales a los planes privados, el Gobierno recoge el argumento de la AIReF donde en la evaluación de la Autoridad Fiscal se concluía que el beneficio fiscal no alcanza el objetivo para el inicialmente concebido e incluso puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tiene en cuenta la fiscalidad en el momento de jubilación que gravará esos ahorros, las comisiones del plan de pensiones durante las aportaciones y la tasa de preferencia intertemporal.

Mantenimiento de las cotizaciones para los trabajadores asalariados

El Pacto de Toledo no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

Cabe recordar en este punto que, por el estallido de la pandemia, el Gobierno frenó la subida para las rentas altas de sus cotizaciones a la Seguridad Social, y que tuvo que posponer por la situación de excepcionalidad. Finalmente, y más aún tras la postura de los partidos en el Pacto de Toledo, el decreto en el que trabajaba el Ejecutivo para incrementar la cuota de aportación de aquellos trabajadores con salarios superiores a los 48.800 euros anuales descansará en los cajones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al menos hasta que pasen los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y que amenaza con descarrilar la economía del país si la situación de excepcionalidad se prolonga el próximo año.

Autónomos y pymes podrán adscribirse a un fondo público de ahorro

El Gobierno aprobará mañana la articulación de un fondo público de pensiones colectivo para facilitar la adhesión de los trabajadores a los planes de ahorro a largo plazo y elevar así el nivel de cobertura de la previsión social complementaria en nuestro país, principalmente entre el colectivo de pymes y autónomos. Con esta medida el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da respuesta a uno de los mandatos del Pacto de Toledo que en la decimosexta recomendación para la reforma del sistema de pensiones reclama que se incentive el ahorro de los trabajadores en el seno de la empresa, a través de modelos de fondos colectivos de pensiones como ocurre en el sistema NEST de Reino Unido o con las EPSV del País Vasco.

Se pretende facilitar la articulación y adhesión de las pymes y de sus trabajadores a través de planes colectivos sectoriales y altamente digitalizados. “Que se puedan adherir las empresas y dar de alta a los trabajadores desde el móvil”, confiesan fuentes de Moncloa a elEconomista sobre el objetivo de la medida. Se trata así de facilitar y eliminar cualquier tipo de burocracia que pueda suponer un obstáculo para la participación en estos planes de ahorro. “La idea es que sea sencillo, casi automático, y destinado tanto para el empleado que acaba de llegar a la empresa como para el jefe que es el dueño de la compañía”, apuntan estas mismas fuentes.