Iniciar la reforma del sistema de pensiones por la sostenibilidad financiera..., y no por el tejado
Llegó la hora de la verdad para el sistema público de pensiones español. Tras el acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para las recomendaciones sobre las medidas que ahora deberá trasladar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a cambios normativos en la ley que rige las jubilaciones en nuestro país, se abre un nuevo tiempo de reformas con las que se pretende, entre otras cuestiones, cerrar el corrosivo déficit que acumula el Sistema. Unos 18.000 millones de euros anuales que ascenderán a 25.000 millones de euros este año por la pandemia.
El ministro Escrivá ha resuelto en numerosas ocasiones y en multitud de comparecencias la necesidad de revertir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social. Y aunque el objetivo que se marcó al inicio de la legislatura de acabar con ese déficit enquistado en los cuatro años de duración del mandato, una meta que parece haberse esfumado con el estallido de la pandemia mundial, las medidas que ha anunciado como los primeros cimientos de la reforma de pensiones servirán para dotar de solidez financiera y claridad presupuestaria al organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, y que afronta en el horizonte de cobertura para las jubilaciones del baby boom que constreñirá aún más si cabe el margen de maniobra sobre la Tesorería de la Seguridad Social. Por eso, resulta perentorio, y así lo ha entendido el Gabinete de Escrivá, con el que se prevé trasladar a los Presupuestos Generales del Estado, los gastos denominados como impropios, que son los de naturaleza no contributiva, y que ascenderían a unos 23.000 millones de euros. Una operativa que se desplegará en a través del diseño de los sucesivos Presupuestos Generales, pero que para los de 2021 ya prevé una transferencia directa del Estado de hasta 18.000 millones de euros.
De este modo, el Ejecutivo debe dar prioridad a los ajustes financieros y presupuestarios que emanen de las recomendaciones del Pacto de Toledo para empezar la reforma por los cimientos: la necesidad de aclarar las necesidades del Sistema. Una vez despejada esta incógnita, es momento para desplegar la totalidad de las medidas, si bien algunas de las decisiones que se tomen en los cambios previstos en la jubilación deberán pasar en primera instancia por una fase de estudio. Es el caso de la despenalización de las carreras de cotización con 40 años o más que pretendan retirarse prematuramente del mercado laboral, donde se debe calcular con extremo cuidado el impacto que esta manga ancha puede tener el sistema, para que no suponga una sangría de altas de jubilación. También las prestaciones de viudedad deberán ser revisadas en su conjunto con un plan a medio y largo plazo, dando un periodo transitivo para incorporar cambios y que estos nunca afecten a los actuales beneficiarios de este tipo de pensión, que deberá ser adaptada a la realidad del siglo XXI.