El fondo público de pensiones podrá ahorrar hasta 4.000 euros en la Renta
Las aportaciones desgravarán en el cálculo anual del IRPF y puede incluir reducciones para la empresa en el impuesto de Sociedades. El sector privado aguarda a la publicación del proyecto para pujar por él
Hasta 4.000 euros al año se podrán ahorrar en el pago de IRPF los trabajadores españoles con rentas elevadas que aporten al fondo público de pensiones que articulará el Ejecutivo en los próximos meses y hasta 2.200 euros, aproximadamente, se ahorraría una renta media en la declaración de la renta si contribuye a este plan, que una de las características que tendrá es la desgravación fiscal por aportaciones de hasta 10.000 euros anuales. Así se desprende de los cálculos elaborados por elEconomista sobre la base de un ahorrador con un sueldo bruto de 27.631 euros anuales (una renta media en España) y otro con una remuneración que alcance los 75.000 euros al año (renta alta).
Pocos detalles se conocen aún del proyecto que está enarbolando el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad Social, para articular un fondo de pensiones de empleo de titularidad pública, pero que será gestionado desde el sector privado, y cuyo lanzamiento se prevé en un plazo de 12 meses. Pero sí las líneas fundamentales del proyecto que tratará de dar un impulso definitivo al ahorro privado en España y que es una mezcla entre los modelos, de probado éxito, de las EPSV del País Vasco y el NEST de Reino Unido. Sin embargo, además de los fundamentos de este fondo que promoverá el Gobierno para facilitar el ahorro principalmente entre pymes y autónomos, el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 aprobado recientemente por el Ejecutivo recoge un incremento de la desgravación fiscal por aportaciones a los planes de pensiones de empleo hasta los 10.000 euros anuales, que ya nos da una guía de cómo podrían funcionar las aportaciones de los trabajadores a este fondo.
Según el nivel de aportación
En este sentido, para un primer supuesto de una renta media de unos 27.631 euros anuales, que tendría una base imponible de 18.326 euros, una aportación al plan de pensiones de 5.000 euros le dejaría de cara a la declaración de Hacienda una base liquidable de 13.326 euros, lo que supone un pago anual de 2.575 euros y un ahorro de 1.200 euros en este impuesto. Ahora bien, si en lugar de 5.000 euros, realiza aportaciones anuales por valor de 10.000 euros, el máximo sujeto a desgravación, la base liquidable pasa a ser de 8.326 euros, por lo que el pago anual de IRPF asciende a 1.582 euros, comportando un ahorro de 2.193 euros. De este modo, para este nivel de renta, el pasar de una aportación media al plan al máximo sujeto a desgravación incrementaría en 993 euros el ahorro en IRPF.
En el caso de un contribuyente que tuviera una renta anual onerosa, de 75.000 euros, la base imponible asciende a 62.687 euros, a lo que le correspondería un pago anual por IRPF de 19.110 euros. Ahora bien, si este contribuyente aportase 5.000 euros en el año al fondo público de pensiones, la base liquidable descendería a 57.687 euros, correspondiéndole un pago anual de IRPF de 17.045 euros, de modo que el ahorro asciende a 2.065 euros cada año a la hora de realizar la declaración fiscal. En el extremo más elevado de aportaciones al plan, de 10.000 euros en el año, esta base liquidable se situaría en los 52.687 euros, con un pago proyectado de IRPF de 15.195 euros, y un ahorro de 3.915 euros, cada año. De modo que entre el perfil medio de aportaciones y el que se va al máximo sujeto a esta ventaja fiscal el ahorro es de 1.850 euros mayor.
Aportación mixta
Sin embargo, el esfuerzo de estas aportaciones no recaerá exclusivamente sobre el trabajador. Este fondo público, así como los diferentes fondos que se puedan ir articulando en torno a los sectores productivos, se prevé, como ocurre en otros modelos, que se traten de planes de aportación definida y compartida entre la empresa y el trabajador. Es decir, por ejemplo, cada mes la empresa invertirá en el plan de ahorro colectivo un 0,5% de la nómina de dicho empleado, pero además aportará una parte similar o equivalente de su parte a esta cuenta. Además, cabe recordar otros dos aspectos asociados a estos planes de empresa: están tutelados en sus decisiones de inversión por órganos conformados por representantes de la empresa y de los trabajadores, y eso a su vez otorga a la negociación colectiva un nuevo papel preponderante en este aspecto del ahorro de la plantilla.
Además, como todo fondo de pensiones de empleo, está previsto que las aportaciones de los trabajadores y los empleadores generen una bolsa de dinero con la que invertir en los mercados financieros para obtener mayores rendimientos y aumentar el nivel de los ahorros de los beneficiarios a la larga. Sin embargo, las inversiones de estos fondos de empleo suelen estar acotadas a productos de bajo riesgo para no comprometer así el capital aportado por los trabajadores procedente de sus nóminas, para lo que se dotará una comisión de control del fondo en cada caso.
En este sentido, las bases fundamentales del proyecto estatal, fija que los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. De modo que la política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero, además, el ministerio en cuestión “tendrá derecho de veto en relación con las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria”. La base argumental del fondo proyectado por el Gobierno es principalmente la incorporación de autónomos y pymes. Para ganar afiliados al plan de ahorro estará la posibilidad de mover el plan de ahorro del sistema individual al colectivo.