El 41% de autónomos cuenta con un plan de pensiones

El 41% de los trabajadores autónomos cuenta con un plan de pensiones o instrumento de previsión social complementaria finalista para la jubilación, tal y como se desprende de un reciente infome elaborador por Mapfre y ATA. Eso implica que el colectivo de empleados por cuenta ajena será uno de los más afectados por las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de incentivos fiscales para estos instrumentos de ahorro a largo plazo. Además, el colectivo se podría ver doblemente agraviado ya que al tiempo que se despliegan las medidas que afectan a los planes de ahorro de los trabajadores, el Ejecutivo prepara una modificación del sistema de cotización al Reta que podría elevar la cuota de hasta 750.000 autónomos una vez se despliegue la normativa.

Sin embargo, hasta ese momento y al albur de la duración de la crisis sanitaria, el Gobierno deberá mantener el flujo de ayudas que están permitiendo al colectivo mitigar el impacto de la pandemia y de las restricciones que han frenado la actividad comercial. En este sentido, cabe recordar que al tiempo que han sufrido el mayor impacto de la pandemia también han sido unos de los más beneficiados por el escudo social que ha desplegado el Ejecutivo durante los peores meses de la crisis sanitaria. Ahora bien, todas estas medidas ya implican un coste para el Estado que equivale a la recaudación del Reta de un año.

Ayudas por 9.000 millones de euros

La acción protectora del Gobierno sobre el colectivo de autónomos se ha puesto en entredicho desde el inicio de la pandemia cuando el colectivo se puso en pie de guerra exigiendo al Ejecutivo medidas que ayudasen a sobrellevar la crisis a este colectivo, que es el que más empleo genera en nuestro país y responsable del 98% del tejido productivo. Con los datos sobre la mesa, la cuenta es clara: las ayudas ofrecidas por la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia ascienden a 8.616 millones de euros (hasta el próximo 31 de enero), mientras que la recaudación media del Reta en los últimos años se ha situado en torno a los 10.000 millones de euros. Es decir, que el Estado ya ha gastado en ayudas casi la cantidad equivalente a toda la recaudación que consigue a través de las cuotas en lo que dura un año normal. Concretamente, cerca del 86%.

Ahora, bien, si observamos el año en curso, la comparativa arroja que el esfuerzo protector del Gobierno sobre el colectivo ya rebasa la recaudación acumulada hasta el momento. Si bien es cierto que en este punto hay que tener en cuenta que una de las medidas para contener el impacto de la pandemia sobre los negocios de estos autónomos y pymes era la exención de cuotas para los sectores más afectados. Por lo que ya de por sí se espera que este nivel de recaudación causado en los últimos ejercicios se vea reducido. Hasta el mes de septiembre, últimos datos disponibles de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, los ingresos por esta vía ascendían a 6.200 millones de euros. Esto es algo más de la mitad de la recaudación de un año normal, pero alcanzado el noveno mes del año, lo que da cuenta de la erosión.

En este sentido, estas ayudas por valor de 8.616 millones de euros, también suponen una cuantía un 38% más de lo que se lleva ingresado. Cabe recordar que son dos, concretamente, las líneas de ayuda directa del Gobierno sin contar con las facilidades de los créditos ICO de los que se está beneficiando principalmente el colectivo y los aplazamientos de pagos de impuestos que sí deberán ser abonados.

De este modo, para la exención de cuotas al Reta se ha previsto desde el Gabinete que dirige José Luis Escrivá una pérdida de recaudación de unos 2.376 millones de euros, teniendo en cuenta las bonificaciones que también se llevarán a cabo en enero, hasta el día 31 -fecha hasta la que se acordó prorrogar las ayudas al colectivo- Por otro lado, el Gobierno proveyó de igual manera una ayuda extraordinaria por cese de actividad para los autónomos más afectados por la pandemia, y por las restricciones de movilidad y el cerrojazo a la actividad económica que se produjo en el mes de marzo. Esta prestación está cuantificada hasta esa fecha de 31 de enero en 5.739 millones de euros. En suma, ambas medidas implican un impacto presupuestario de los 8.616 millones mencionados.

El termómetro del empleo

Prueba del efecto que está teniendo en el colectivo de autónomos, el escudo protector del Estados está en los niveles de afiliación al Reta. En el mes de octubre el régimen de autónomos contaba con 3.265.369 cotizantes. Y a principios de este año, en enero de 2020, los inscritos en el Reta eran 3.251.119. Pero, además, no solo es que el Sistema refleja unos 14.000 trabajadores más por cuenta propia en nuestro país a finales de octubre, sino que observando la evolución en el conjunto del año el nivel de afiliados no ha descendido de la cota de los 3.200.000 autónomos.

Todo lo contrario al nivel de resistencia mostrado por el régimen general donde la corrección a través de contratos temporales ha dejado en lo que va de año algo más de medio millón de empleos destruidos y otros 700.000 que se encuentran suspendidos, en Erte, con un horizonte incierto de recuperación. La última prórroga de los Erte, hasta el 31 de enero, establece tres tipos de Erte, por fuerza mayor, de limitación y de impedimento. Las empresas acogidas a primer tipo -sobre todo de transporte y turismo- tienen exoneraciones de entre el 85% y el 75%, en función de su tamaño.

Para los Erte de impedimento, las bonificaciones son del 100% al 90% -en función del tamaño- y en el caso de Erte de limitación, las exoneraciones son decrecientes según avanzan los meses y menores en función de la plantilla de cada empresa: entre el 100% y el 70%. Según el Gobierno, una nueva oleda de Ertes, con nuevas condiciones, deberá ser abordada de cara al próximo ejercicio.