Los jubilados ganan poder de compra en plena pandemia
El Gobierno incrementó en 2020 las pensiones un 0,9% en línea con la previsión de IPC para este año. Tras las devastación de la crisis sanitaria, la previsión de inflación cae a -1%, con la consecuente ganancia de poder adquisitivo.
La crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus otorgará a los jubilados españoles una nueva ganancia de poder adquisitivo este año a como consecuencia del desplome de los precios generado por el frenazo al comercio mundial. El Gobierno revalorizó a comienzos del presente ejercicio un 0,9% las pensiones de jubilación, y el resto de pagas no contributivas del Estado, correspondiente a la previsión de inflación que manejaba el Ejecutivo para el conjunto de este año, de modo que se había garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas igualando el incremento de la cuantía de sus pagas al de los precios de compra.
Sin embargo, el paso de la pandemia, que ha desdibujado las previsiones macroeconómicas de todos los países desarrollados, ha impactado con severidad sobre el índice de precios previsto para este año, tornando lo que se estimaba un avance del IPC del 1% para el conjunto del ejercicio a un -1%, lo que significa que lejos de encarecerse, la cesta de la compra de la que se compone el indicador, será este año un punto porcentual más barata que durante el pasado año -cabe explicar que buena parte del desplome de los precios está causado por el peso de las energías y combustibles donde la pérdida de valor es la mayor sufrida en la historia-. Resultado de ello, y tal como se aprecia en el gráfico, se puede observar como el jubilado verá incrementado su poder de compra un 1,9% (resultado de la diferencia entre la revalorización el avance del IPC) a causa del impacto de la pandemia.
Con este de 2020, será el segundo año consecutivo en el cual el colectivo de los jubilados verá incrementarse su poder adquisitivo, coincidiendo con el concurso del PSOE al frente del Gobierno, que ha terminado por liquidar los fundamentos de la reforma llevada a cabo por el PP en 2013. En 2018, tras el acuerdo del PP y el PNV para aprobar los Presupuestos del Estado aún vigentes se recogió un compromiso de subida de pensiones con el IPC por dos años. Ese mismo año, el Gobierno ya presidido por Pedro Sánchez efectuó la subida de las pagas con carácter retroactivo a inicios de año y ante la leve desviación de una décima registrada por la inflación a finales de año, compensó a los pensionistas con una paguilla que nivelaba la subida con el incremento de los precios de consumo en el 1,7%. Para 2019, se produjo la primera ganancia neta de poder adquisitivo sustancial para este colectivo desde 2009 (la revalorización fue del 2,4% y el IPC se desplomó al -0,3%) el Gobierno subió las pensiones un 1,6% en línea con la inflación prevista, pero el viacrucis de los productos energéticos dejó la inflación del conjunto del año en el 0,7% generando una ganancia de poder de compra de 0,9 puntos porcentuales. Para este año, como se ha explicado anteriormente, los desmanes de la crisis provocarán que esta ganancia sea del 1,9%.
El impacto presupuestario
Sin embargo, esta cuestión de balances entre ganancias y pérdidas de poder adquisitivo experimentadas por los pensionistas de nuestro país tienen un impacto presupuestario en las arcas del sistema y más concretamente en la Tesorería de la Seguridad Social. Así, cada décima de desvío de la inflación que deba ser compensada a los 9 millones de pensionistas de nuestro país tiene un coste para el Estado de 127 millones de euros, por lo que la desviación en la revalorización de las pagas para este año de 1,9 puntos porcentuales supone un gasto extra en esta partida presupuestaria de 2.413 millones de euros. Es decir, el objetivo del Gobierno de garantizar el nivel de vida de los pensionistas con las subidas de pensiones se habría conseguido sin este gasto de casi 2.500 millones de euros de más.
Si esta cantidad la sumamos al gasto de la subida del año pasado de 1.143 euros extra por la ganancia de poder de compra de nueve décimas porcentuales respecto al IPC, implica que en dos años el Gobierno de Pedro Sánchez ha repercutido revalorizaciones por valor de 3.556 millones de euros que han ido a parar directamente al bolsillo de los jubilados y pensionistas.
Ahora, vista la volatilidad de los precios en épocas de incertidumbre económica, para el próximo año se prevé desde la AIReF que el IPC se sitúe en el 1,8% por lo que en base a esta estimación de 2021 y el compromiso de revalorización reiterado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este debería ser el porcentaje de subida en las nóminas de este colectivo. De modo que, de llevarse a cabo un incremento de las cuantías mensuales en esta línea supondría un coste para las arcas del Sistema de 2.286 millones de euros, por lo que el saldo para finales del próximo ejercicio sería de un coste agregado en las pagas de los pensionistas de 5.842 millones de euros, es decir medio punto del PIB en el trienio.
Está por ver, no en vano, cual es el resultado final en términos financieros de la crisis sanitaria una vez se restablezca la normalidad y se observe la merma de ingresos por la destrucción de empleo e incremento del gasto. Ello, dibujará un plano más concreto de las necesidades del Sistema y las medidas necesarias para reflotar su Tesorería.