La crisis invalida el IPC como índice de referencia para revalorizar las pensiones
La crisis sanitaria causada por el Covid-19 deja múltiples lecturas sobre la debilidad de las economías desarrolladas a la hora de afrontar shocks en las cadenas de producción como ha ocurrido en esta ocasión con el frenazo de la actividad industrial y de los servicios a lo largo de todo el mundo con motivo de los confinamientos implantados para frenar los contagios. Esto ha provocado que se desdibujen todas las previsiones macroeconómicas con las que contaban los Gobiernos y organismos internacionales, entre ellas, las que tenían como referencia la evolución de los precios de consumo de bienes y servicios.
Este indicador, más allá, es una referencia en numerosos países como un baremo para la revalorización de las pagas sociales, y en nuestro país es el listón de referencia para la actualización de las pensiones. Sin embargo, ha sido el propio Banco Central Europeo quien ha advertido de la volatilidad de este indicador ante los desequilibrios macroeconómicos y, por lo tanto, advierte a los Gobiernos que tengan en cuenta estas caprichosas fluctuaciones a la hora de realizar sus presupuestos. El caso paradigmático es el de nuestro país, que tras revalorizar a inicios de 2019 las pensiones un 1,6% en función de la previsión de IPC para el conjunto del año, finalmente se quedo en un 0,7% a causa del abaratamiento de los costes asociados a energías y combustibles, por lo que la subida efectuada por el Gobierno y el desvío en la previsión de la inflación otorgó a los jubilados una ganancia del 0,9% de poder adquisitivo. Y la historia se repetirá a finales de este año: el Ejecutivo efectuó en febrero la revalorización de las pagas del 0,9% estimando el avance de los precios para el conjunto del año en este nivel, si bien en este caso, por el golpe de la pandemia a la economía mundial, el IPC se desplomará hasta el -1%. Con lo que el efecto de la subida del Gobierno y del shock en los precios provocará la segunda ganancia de poder de compra del colectivo de los jubilados en 2020, del 1,9%.
Cabe recordar en este punto que cada décima de revalorización de las pensiones engorda en 127 millones de euros la partida anual de las pensiones que ya supone un 10,7% del PIB en su agregado anual. Teniendo en cuenta la fatiga presupuestaria de la Seguridad Social, que en 2019 acumuló 17.500 millones de euros de déficit en un escenario de crecimiento económico hace necesario ajusta el gasto en la partida a lo estrictamente necesario para conservar el poder adquisitivo de los jubilados, que es el acuerdo del que se dotaron todos los partidos políticos en septiembre de 2018. Esto implicará realizar subidas de las pagas con el resultado ex post de la evolución de los precios en lugar de la previsión estimada ex ante para el conjunto del año o utilizar otros indicadores de referencia para la revalorización que sean menos elásticos a la evolución del ciclo económico, como puede ser la fluctuación de los salarios, un baremo que ya utilizan numerosos países para conservar el poder de compra de sus pensiones.