El Pacto de Toledo examina la alianza del PSOE y Podemos
La crisis sanitaria amenaza los mimbres de la reforma de pensiones acordados en la Comisión en 2019, antes de la fractura del organismo por la celebración de elecciones.
Una vez se reanude la actividad de la Comisión del Pacto de Toledo para abordar la reforma del sistema público de pensiones se pondrá a prueba la fortaleza del acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ante la necesidad de abordar cuestiones de calado económico que afectarán a los pensionistas de nuestro país. La crisis sanitaria causada por el coronavirus ha terminado por derribar los soportes que aún mantenía el sistema de pensiones para afrontar el progresivo incremento del gasto en prestaciones de jubilación y de las pagas de protección a clases pasivas que alcanza los 135.000 millones de euros al año y parece evidente que uno de los puntos a tratar, de nuevo, serán las vías para enderezar las finanzas de la Seguridad Social en próximos años.
El principal acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas hace un año fue el de la garantía de poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización de las pagas con el IPC. Este acuerdo, que implica una creciente senda de gasto en esta partida, ha sido recientemente refrendado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por lo que parece que queda descartada un recorte de las pensiones tal y como se ha especulado en las últimas fechas a raíz de las previsiones financieras para el Sistema. Por ello, parece que este no será el punto de conflicto que pueda desbaratar los cimientos de la coalición de Gobierno, pero sí los relativos a la fijación de “una senda de estabilidad presupuestaria” de la Seguridad Social que necesariamente precisará de ajustes paramétricos. Un punto en el que Escrivá ya ha anunciado su intención de generar las condiciones necesarias en las empresas para alargar la edad efectiva de jubilación y que se acerque lo máximo posible a la edad legal, actualmente en los 65 años, pero que a finales de 2027 se situará en los 67 años. Precisamente, este es uno de los puntos que mayor controversia genera en el seno de la formación morada, que en su programa electoral, en la materia de pensiones, recoge la propuesta de volver a situar la edad legal de jubilación en los 65 años, línea contraria a la intención de alargar la actividad laboral de las personas.
De este modo, parece que el conflicto podría surgir en el ámbito de las fuentes de financiación del sistema. Punto, en el que Unidas Podemos ya se ha pronunciado por la vía de la Mesa de Reconstrucción, al tratar de abordar en este foro un eventual incremento de los impuestos para las rentas más altas, lo que dotaría de mayores ingresos al Sistema, pero que ya ha sido puesto en entredicho en el seno del Gobierno a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En este sentido, uno de los puntos que parece será crucial y de obligado estudio en la reforma del sistema de pensiones, y sobre la que Unidas Podemos ha mostrado sus reticencias de forma reiterada, es la introducción de un sistema de previsión social complementaria tejido a través de las empresas para favorecer el ahorro colectivo de los empleados en las compañías de nuestro país: los planes de pensiones de empresa. Un punto que el PSOE ya plasmó en la reforma del Sistema llevada a cabo por su Gobierno en 2011 y que, sin embargo, la formación morada no ve con buenos ojos si no se experimenta en nuestro país una fuerte subida de los salarios ya que parte de este modelo recoge una mayor retención de la nómina con el objetivo de generar un fondo de ahorro para cuando termine la vida laboral.