Cambios para rescatar el plan de pensiones del autónomo

El Gobierno, aprovechando el Real Decreto de organización de la Justicia para hacer frente al Covid-19, retoca la normativa para que los autónomos puedan acceder a sus planes de pensiones en caso de necesidad. El Ejecutivo ha eliminado la exigencia única de cese actividad. Ahora, en cambio, podrán acogerse aquellos que hayan perdido un 75% de sus ingresos.

De este modo, el Gobierno alivia las condiciones para accder a esta vía de liquidez de los trabajadores por cuenta propia ante la crisis económica destatada por la pandemia. El Real Decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia incluye modificaciones de anteriores medidas de apoyo a los autónomos.

Una de las más importantes es sobre los supuestos el rescate parcial de fondos en los planes de pensiones. La obligatoriedad del cese de actividad, emitido por la Agencia Tributaria y que supone el cierre del negocio, para presentarlo a la gestora del fondo ya no será necesaria si la facturación en el mes natural anterior al que se solicita se haya reducido, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

Con la anterior normativa se había generado una incompatibilidad con la prestación extraordinaria habilitada por la Seguridad Social por la crisis del coronavirus. La solicitud del cese de actividad, implica la baja de la Seguridad Social y por tanto no tener acceso a esta ayuda.

Lo rescatado del plan de pensiones será como máximo el resultado de prorratear para el periodo de duración del ERTE en cuestión o la suspensión de actividad el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 (6.454 euros) multiplicado por tres, es decir, 19.362 euros anuales. De esta forma, lo máximo que se podría rescatar por cada mes serían unos 1.613 euros.

Para los empresarios titulares de establecimientos que no hayan podido abrir al público y los trabajadores por cuenta propia, los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir durante la vigencia del estado de alarma más un mes adicional serán justificados mediante la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del último trimestre.

En el nuevo articulado de la ley se especifica que para los trabajadores autónomos del sector agrario relacionados con producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, se tendrá en cuenta la caída de facturación del 75% respecto a los mismos meses de la campaña del año anterior.

Mientras para los autónomos dentro del sector audiovisual y artes escénicas se tendrá en cuenta los 12 meses anteriores.

Los autónomos podrán abrir en mayo

En una nueva orden ministerial emitida por la Seguridad Social se aclara que aquellos autónomos afectados por la pandemia del coronavirus y que se hayan visto obligados a cerrar su negocio durante los meses más duros de la crisis sanitaria, pero que decidan reabrir durante este mes de mayo pueden compatibilizar el cobro de la prestación con los ingresos propios de su actividad económica, que es el límite de duración por el momento previsto para el estado de alarma.

Se trata de una orden interna del ministerio dirigido por José Luis Escrivá que no se hizo pública en el BOE el pasado mes de abril y que precisamente reclaman los autónomos sea anunciada en el Boletín Oficial para dotar de seguridad jurídica a estos supuestos y “que un cambio de criterio por parte de la Administración nos obligue a reembolsar la ayuda cobrada”, explican a elEconomista desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) asegurando que es necesario generar certidumbre económica entre un colectivo que supone el 98% del tejido productivo de nuestro país, correspondiente a pequeñas y medianas empresas.