La crisis sanitaria amenaza con colapsar el sistema de pensiones

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus tampoco dejará indemne a la Seguridad Social. De hecho, el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país está en el centro de buena parte de las medidas impulsadas por el Gobierno en su plan económico de choque contra el virus. Si bien es cierto que el sistema no es el nivel de la Administración más saneado desde el punto de vista financiero, sí que se trata de la principal palanca de sostenimiento del mercado laboral en los momentos de crisis al ofrecer reducciones en las cotizaciones de empresarios y trabajadores, a pesar de que ello repercute directamente en su capacidad recaudadora y puede tensionar aún más las ya maltrechas cuentas de la Seguridad Social que asumen déficit anuales cercanos a los 18.000 millones de euros.

En este sentido, varios son los puntos del Real Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo para atravesar esta crisis que a parte de sanitaria será económica -donde amenaza con prolongarse en el tiempo- que implican una merma en los ingresos de la Seguridad Social: cese de actividad de los autónomos, exención de la cuota a la Seguridad Social en los trabajadores involucrados en un ERTE, además de la pérdida de puestos de trabajo y de las correspondientes cotizaciones.

Así, en este pliego de medidas destinadas a evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en medio de un frenazo a la producción del país se establece que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Si embargo, esta medida no recoge ninguna obligación sobre el empresario, ni bonificación para el trabajador de modo que de acogerse a esta posibilidad se dejaría de percibir remuneración y por lo tanto de cotizar a la Seguridad Social. En este mismo sentido, también se estableció desde el Gobierno el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan.

Además, como parte de este paraguas de protección, se facilitaron los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Así, los ERTES causados por la crisis del coronavirus son considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. Además, en caso de ERTE, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social, condición necesaria en estos procedimientos de tipo ordinario y que agranda la resta de ingresos y merma aún más la capacidad recaudadora del Sistema.

Además, otro de los aspectos que se prevé impacte en las arcas de la Seguridad Social es la flexibilización para el colectivo de los autónomos en el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. Una medida que por un lado implica un gasto extra para el SEPE a la hora de otorgar el conocido como paro de los autónomos, pero que también supone que la Seguridad Social deja de ingresar el dinero correspondiente a la cuota de cotización -de libre elección- de trabajadores por cuenta propia.

Sin embargo, no todos los trabajadores afectados por la situación se verán protegidos por el paraguas establecido por el Gobierno. Se prevé que caiga la ocupación en un número importante de ocupados pero, contando tal y como advierten los expertos con que no todos ellos recuperen a la postre el puesto perdido implicará de nuevo una caída de los ingresos para la Seguridad Social. Desde Randstad, calcularon que de no tomarse medidas de apoyo a las empresas hasta 15.000 puestos de trabajo se hubieran destruido por el solo proceso de la crisis sanitaria y su impacto en la economía, antes de la declaración del estado de alarma y el confinamiento de la población que echó el freno de mano a la actividad productiva del país.

Por otro lado están los compromisos ya establecidos de pagos por parte de la Seguridad Social para este año que por tercer año consecutivo elevará las pensiones conforme al IPC, a pesar de carecer de Presupuestos Generales y una partida adecuada a los nuevos esfuerzos financieros del Sistema. En este sentido, parece evidente que el préstamo de 13.000 millones de euros de la Administración Central a la Seguridad Social, recogido en el aún vigente Presupuesto de Cristóbal Montoro de 2018, se quedarán cortos para hacer frente a un desembolso en pensiones que para el conjunto del años se espera rebase sobradamente los 135.000 millones de euros. Todo ello, hace descarrilar uno de los compromisos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de cauterizar el déficit del sistema en lo que dure la presente legislatura.