La crisis brinda una ocasión de ‘oro’ para impulsar la previsión social complementaria

La tormenta perfecta arrecia sobre el tejado de los partidos políticos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo, encargados desde 2016 de emitir unas recomendaciones para la reforma del sistema público de pensiones, para que aborden de una vez por todas en nuestro país un verdadero impulso a la previsión social complementaria. Se juntan dos elementos que hacen de esta una ocasión de oro para el impulso de estas medidas que llevarían a nuestro Sistema, de aquí a unos años, a gozar de una mejor salud financiera al repartir cargas de la protección en la etapa de la jubilación con las compañías del sector privado de ahorro a largo plazo.

El primer factor de oportunidad, sin duda, lo arroja el impacto de la pandemia en la Seguridad Social española. Es el organismo que está haciendo frente a la mayor parte de los gastos extraordinarios generados por las ayudas extendidas por el Estado para mitigar los efectos de la crisis sanitaria, y ello hará que este año triplique un déficit anual que suponía un quebradero de cabeza para los gestores del organismo, alcanzando los 60.000 millones de euros. Ello hace imperiosa la reforma del Sistema que se lleva negociando en el seno de la Comisión desde hace cuatro años y sitúa un punto de realidad sobre las medidas a adoptar y sus consecuencias. En este sentido, el inicio de la aportación individual a la renta de jubilación mediante los planes de ahorro en el seno de la empresa es hoy más necesario que nunca para, además, llegar al mayor número de personas con este tipo de cobertura, alcanzando de lleno a la clase trabajadora, mediante métodos de imposición automática del ahorro como sucede en las empresas del Reino Unido, donde se ha demostrado el éxito de un modelo que comienza a acumular ahorro privad -depositado en fondos colectivos- desde el momento de cobro de la primera nómina como empleado.

El segundo elemento de oportunidad está en la presencia al frente de la Seguridad Social del ministro José Luis Escrivá. Un economista que se ha encargado en los últimos años de fiscalizar al Gobierno promulgando un rigor en las Cuentas del Estado que difícilmente le llevarían a subir al monte de una propuesta que demoliese los exiguos soportes con los que aún cuenta nuestro Sistema. Es más, el camino de la negociación en el Pacto de Toledo que se ha puesto como límite este 2020 habría de pasar por una fuerte condicionalidad de los supuestos económicos que limitan la capacidad de una institución que cada año abona solo en pensiones contributivas y no contributivas la friolera de 135.000 millones de euros. Por ello, es momento de agarrar con fuerza el timón de la previsión social complementaria -el ministro quiere trasladar incentivos fiscales del sistema individual al colectivo- que permita relajar el gasto del Estado en esta partida que, más allá, amenaza con desatarse a partir de 2025 con la jubilación de la generación del baby boom y el reto demográfico de nuestra sociedad.