El plan para acceder a ayudas de la UE incluye la reforma de pensiones

El borrador está en una fase temprana, a la espera de la decisión de Bruselas. El Pacto de Toledo se reunió el 17 de junio para retomar las comparecencias. La cifra de 150.000 millones de inversión pública aún no se ha confirmado como definitiva.

El Ministerio de Economía trabaja sobre el borrador del plan de inversiones y reformas que debe enviar a Bruselas para que España pueda acceder al fondo de reconstrucción que negocia la UE y en él contempla, entre otras medidas, una reforma de las pensiones, según ha podido saber elEconomista. El borrador aún está en una fase muy temprana -sufrirá modificaciones-, y no detalla sobre las pensiones las líneas de modificación que se abordarían, aunque sobre la mesa del debate sobre el Sistema público ya están opciones como la variación de los años de vida laboral computables, la introducción de factores que modulen la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida o la separación de fuentes de financiación.

Ya antes del estallido de la crisis sanitaria el Pacto de Toledo había reanudado los trabajos para llegar al acuerdo de recomendaciones de reforma del sistema público de pensiones. Todas las formaciones acordaron hace tres meses que los trabajos se reanudarían partiendo del documento acordado hacía un año y que sería la base para un acuerdo que ya estaba avanzado en dos puntos fundamentales: la revalorización de las pensiones con el IPC y la separación de fuentes de financiación del Sistema.

Desde Moncloa confirman que la reforma de pensiones se había guardado por un tiempo en el cajón a expensas de que pase lo peor de la pandemia y se pueda hacer una evaluación objetiva del impacto en las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. No en vano, tras la aprobación del ingreso mínimo vital, no exento de polémica por el camino, el Gobierno ya tiene en el punto de mira el segundo gran consenso anunciado por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, que es la reforma de las pensiones, donde se deberá abordar la situación financiera del Sistema tras la covid-19. Una línea que abona el hecho de que el Ejecutivo reseñe en el borrador del documento de compromisos como contraparte para la ayuda de la UE la reforma de pensiones, que sin ir más lejos la propia Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y OCDE llevan exigiendo a España hace años.

De hecho, la primera piedra de la reforma la ha puesto el propio Gobierno de España al instar a los partidos del Pacto de Toledo a que resuelvan el acuerdo de recomendaciones antes de que finalice el año. Así lo hizo Escrivá en su comparecencia ante la Comisión en el mes de febrero, animando a los partidos a elevar un documento sobre el que pueda trabajar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de proponer en última instancia los cambios legislativos sobre el Sistema que finalmente emanen de dichas recomendaciones.

Así pues, el pasado 17 de junio se dio el primer paso para avanzar en los consensos necesarios en el Pacto de Toledo. La Mesa y los portavoces se reunieron para retomar el calendario de comparecencias en la Comisión para tratar de cerrar la renovación de recomendaciones del Pacto este ejercicio.

Además, el Gobierno prevé engranar su plan de recuperación con inversión pública por 150.000 millones, cifra que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiso dar por definitiva en la medida que el borrador se debe consensuar ahora por todos los Departamentos del área económica. No obstante sí admitió que el planteamiento general del plan que se enviará a Europa en octubre es poder acceder al mayor volumen de los fondos.

España en principio podría acceder a 140.000 millones de los 750.000 previstos para el ‘plan Marshall’ europeo sobre el que se debate en Bruselas. Para granjearse ese acceso al fondo de recuperación, el documento sobre el que trabaja la cartera que encabeza Nadia Calviño recoge medidas que sean bien vistas por la UE al tiempo que mantiene las líneas del acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. En concreto, mantiene la voluntad de reformar el Estatuto de los Trabajadores y seguir la hoja de ruta impositiva.

En línea con lo transmitido por Calviño ante la Comisión de Reconstrucción, se busca garantizar la liquidez, apoyar a las empresas, facilitando trámites y eliminando barreras, impulsar la innovación y las startups, proteger el empleo y reforzar sectores clave como turismo, automoción y comercio. “Es necesario”, dijo el pasado mayo ante el órgano de debate sobre la recuperación, “poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas que incluya proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad”, ello, en seis grandes ejes y pactos: transición ecológica y desarrollo de la economía verde, emprendimiento y transformación digital, empleo y FP, ciencia para incrementar la inversión pública y privada en I+D+i, servicios públicos, y actuaciones para el sector agroalimentario y contra la despoblación.