El compromiso empresarial con las pensiones del futuro
La sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones está comprometida, tal y como reflejan los informes más recientes publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el Banco de España y la Comisión Europea. Como conclusión de los mismos, España debe tomar medidas para garantizar la sostenibilidad y preservar la suficiencia futura del sistema y, sin embargo, las últimas modificaciones normativas aprobadas en materia de jubilación y pensiones no suponen, desde luego, ningún avance. Ante el riesgo de que las reformas necesarias del sistema público de pensiones sigan posponiéndose, el sector privado, que ha demostrado su compromiso en esta crisis, tiene en su mano la responsabilidad para con sus trabajadores de contribuir a que tengan un futuro digno cuando llegue a fin su vida laboral. Una actuación que, sin duda, se enmarca en ese nuevo propósito de la empresa de crear valor en el medio y largo plazo no sólo a sus accionistas, sino también a sus empleados y la sociedad en general.
En enero de 2019, la AIREF cifró en torno a 15.000 millones el déficit estructural del sistema público de pensiones español, y previó que el gasto en pensiones sobre PIB se incrementará entre un 30% y 60% en función de la evolución de diferentes variables entre 2018 y 2048. Incluso el déficit podría llegarse a triplicar si no se toman las medidas adecuadas. El Banco de España alertó hace un año de que tras las últimas medidas implementadas -suspensión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el retraso del Factor de Sostenibilidad (FS)- y, de acuerdo con sus previsiones macroeconómicas y demográficas, el gasto en pensiones podrá dispararse hasta en siete puntos de PIB, importe que es equivalente a toda la recaudación por IRPF. Por todo ello, en julio del año pasado, el Consejo Europeo, a propuesta de la Comisión, recomendó a España, en el marco del proceso de coordinación de políticas económicas del Semestre Europeo, aprobar medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, para compensar el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad.
Dicha recomendación no se ha recogido y, es más, se han aprobado medidas adicionales de gasto que podrían agravar más la situación. Así las cosas, los trabajadores de hoy financiarán con sus crecientes cotizaciones una suficiencia del sistema público de pensiones que, sin embargo, hay muchas dudas de que lleguen a disfrutarlas cuando se jubilen. El propio Banco de España considera que esta presión en el gasto, unido a la incertidumbre que genera la disrupción tecnológica en la evolución de los ingresos por cotización, implica que si se quisiera mantener un sistema contributivo basado en el nivel actual de cotizaciones sociales, la tasa de beneficio de ese sistema tendría que disminuir. La Comisión Europea informó en su último Aging Report de que la tasa de sustitución de las pensiones - relación entre la cuantía del último salario y la pensión inicial- caerá en España durante los próximos 12 años un 20,9%, dato que supondría el mayor descenso que se producirá en la eurozona en dicho periodo.
De acuerdo con el Programa Nacional de Reformas 2020 que remitió el Reino de España a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, el Gobierno propone “reordenar sustancialmente el sistema de incentivos para prolongar la vida laboral”, así como “potenciar los sistemas de previsión social complementaria, impulsando sistemas impulsados en el marco de la negociación colectiva”. Ello podría facilitar a las compañías garantizar a sus trabajadores un futuro digno, cuando llegue a fin su vida laboral. Ante la ausencia de reformas que garanticen la sostenibilidad y suficiencia del sistema, y aprovechando este impulso que se pretende dar al segundo pilar del sistema de pensiones, las empresas podrían seguir avanzando en este sentido dando pasos en la planificación estratégica de sus plantillas, potenciar el envejecimiento activo e incrementar su contribución a la previsión social complementaria.
El pasado mes de agosto conocimos una declaración del Business Roundtable, firmada por 181 líderes empresariales norteamericanos, que abogaba por un cambio en el propósito empresarial. Pasar de tener la creación de valor para el accionista como único propósito a ampliarlo a aportar valor también a clientes, proveedores, comunidades y a los empleados de las compañías.
Ante las dudas en relación con la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones, y la certeza de que las presiones de gasto que enfrentará supondrán una reducción de la suficiencia de sus prestaciones, los trabajadores de hoy necesitarán fuentes de renta adicionales para sufragar sus gastos de mañana. Ante este contexto del sistema público de pensiones, y una vez atendidas las urgencias provocadas por la crisis del Covid-19, pocas actuaciones en favor de los trabajadores de las empresas de hoy podrán tener más impacto en el medio y largo plazo que fomentar el envejecimiento activo y aumentar su inversión en previsión social complementaria.