Blindar pensiones y Sanidad, un gasto extra de 14.000 millones

Blindar las pensiones y el sistema público sanitario en la Constitución costaría a las arcas del Estado 14.500 millones de euros más en gasto cada año. Una cifra que, pese a las soflamas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria sobre esta materia, los expertos y organismos internacionales advierten de que es inasumible para la Seguridad Social que ya en tiempos de bonanza de la economía registra déficits anuales del 1,5% del PIB, unos 18.000 millones de euros y que este año rebasará el 5% del PIB, 60.000 millones de euros, a causa de la crisis sanitaria.

Ambas, la Sanidad y las pensiones, son materias que tanto el PSOE como Unidas Podemos se han comprometido a “blindar” en sus programas electorales. En el segundo caso, está claro que el blindaje del que habla el Gobierno consiste en garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, por lo que se corresponde con la revalorización de las pagas en función del IPC. En el primero de los casos, ningún miembro del Gobierno ha explicado exactamente a que se refería el presidente Pedro Sánchez cuando deslizó su propuesta de reforma de la Carta Magna, pero un documento publicado en febrero de este año por Eurostat, el servicio estadístico de la Comisión Europea arroja luz sobre la cuestión.

En este informe se compara el gasto sanitario sobre porcentaje del PIB de los países de la UE, donde la media está en el 7% mientras que, pese a tener uno de los sistemas robustos del entorno comunitario, la dotación presupuestaria en España para esta partida se sitúa en el 6%. Teniendo en cuenta que este blindaje del que habla el presidente en términos de refuerzo de la sanidad pública implica una mayor inversión, como mínimo supondría alcanzar el nivel medio de la UE en este ámbito.

Precisamente de estas premisas se desprende el cálculo elaborado por elEconomista con la ayuda de expertos. Según los cálculos de Fedea, presuponiendo una revalorización de las pensiones en relación a la inflación –suponiendo que en un periodo de normalidad económica el avance del IPC estaría en el entorno del 2%– el coste de la subida sería cada año de casi 2.500 millones de euros. Mientras tanto, ponerse al nivel de la media de la UE en términos de inversión en Sanidad supondría que nuestro país debe hacer cada año un esfuerzo de un punto del PIB más del que destina actualmente, es decir, 12.000 millones de euros más. Por lo tanto, sumando ambos incrementos el coste del blindaje anunciado por Pedro Sánchez sería de 14.500 millones de euros más cada año (1,5 puntos porcentuales de PIB), 145.000 millones en un horizonte temporal de diez años.

Cabe recordar, que este sería el incremento del gasto sobre unas partidas ya mastodónticas. Actualmente, el presupuesto de la Seguridad Social alcanzan los 151.492 millones de euros. Del total, la partida más importante de gasto corresponde a las pensiones contributivas, que suman más de 135.267,63 millones de euros, un 10,8% del PIB (27% del gasto público), previsto. Mientras, el gasto sanitario del 6% del PIB supone una partida de 74.000 millones de euros (15,14% del gasto público). Como recuerda el profesor de Finanzas, Juan Fernando Robles, el blindaje de estas partidas “será en términos relativos, es decir, un determinado porcentaje del PIB, porque las cantidades absolutas quedan desfasadas. En principio sería bloquear para gasto en ambas necesidades más de un 42% del gasto público y más de un 17% del PIB”. En suma, las dos partidas supondrían más de 220.000 millones de euros al año.

“Se trata de una propuesta meramente política, para la que el Gobierno precisa a la oposición y lo que busca es descalificar a ésta si se niega a realizarla, ya que el procedimiento ordinario de reforma necesita de sus votos, ya que tiene que aprobarse por los 3/5 de Congreso y Senado. Casi con toda seguridad la oposición de largas a cualquier reforma constitucional y la propuesta quedará en nada. Es simplemente una cortina de humo”, apunta el profesor Robles.

‘Campanas’ de rescate

De cualquier modo, sobre la capacidad financiera del Estado para soportar nuevas partidas de gasto –cabe recordar que se acaba de aprobar por decreto un ingreso mínimo vital que al menos costaría 3.000 millones de euros– el profesor de Economía, Javier Santacruz, asegura que de ninguna manera los ingresos tributarios están preparados para soportar estos gastos, “tiene que hacerse mediante emisiones potentes de deuda que, en este momento dado el nivel de competencia de los países a la hora de captar fondos en el mercado, se hace muy difícil si España no pide el rescate”, apunta.

Un rescate, sobre el cual precisamente no se quiso pronunciar el Gobierno en la presentación del Plan de Estabilidad Presupuestaria 2020 remitido Bruselas con lo cálculos del impacto de la pandemia. Pero que finalmente se ha sustanciado en que España recibirá de Bruselas a fondo perdido 77.000 millones y otros 65.000 como préstamos como parte del Plan de Recuperación para Europa frente a la pandemia. De este modo, a España le corresponderían hasta 140.446 millones de euros, el segundo país que más dinero recibiría tras Italia, si bien se calcula que la transferencia neta sería superior para nuestro país que para el transalpino.