Las jubilaciones anticipadas
sufrirán mayores recortes

En los últimos años se han incrementado los retiros prematuros del mercado laboral un 66% en nuestro país y ya suponen el 16% de las altas en el sistema de pensiones público

El Gobierno planea el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas como vía para sostener las cuentas de la Seguridad Social y mantener una continuidad del empleo en las edades más cercanas al retiro en el marco de la nueva reforma de pensiones en la que ya trabaja el Pacto de Toledo. La vía sería el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones anticipadas, por un lado, e incentivar fiscalmente la permanencia del trabajador en su puesto, por el otro. El resultado, según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más, que rebajarían el déficit anual de 18.000 millones de euros que registra el Sistema. Dicho de otra forma, el Gobierno está dejando de recaudar actualmente

8.200 millones por no cumplirse con la edad legal. Esta serían una de las líneas fundamentales de actuación del Gabinete de José Luis Escrivá de cara a la reforma del sistema de pensiones que ya planea la legislatura.

A día de hoy, de media, los españoles abandonan el mercado de trabajo a los 64,4 años. Esto es, según la legislación actual, algo más de un año y cuatro meses con anterioridad a lo debido. Es decir, gran parte de los ocupados que abandonan el mercado laboral lo hacen prematuramente: se prejubilan -un 66% más en los últimos cinco años-. Para 2020 la reforma del Sistema introducida en el 2011 -que recoge un periodo transitorio- sitúa la edad legal en los 65 años y 10 meses.

Retiro prematuro

Reducir este gap, según los expertos puede significar el saneamiento del Sistema público de pensiones. En los últimos años, según explica el profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo, Sebastián Reyna, recuerda que en los últimos cinco años se han incrementado el número de jubilaciones anticipadas “y en total son ya el 16% del total de las jubilaciones reconocidas en el último año” por la Seguridad Social.

Lo pernicioso de la tendencia está en que son los propios beneficiarios del Sistema los que complican su salud financiera con estas anticipaciones que implican dejar de cotizar, muchas veces siendo bases reguladoras elevadas. Por ello, este es uno de los grandes caballos de batalla del ministro José Luis Escrivá, que al comienzo de la Legislatura marcó como reto la eliminación del déficit de la Seguridad Social en los próximos cuatro años. Un objetivo que, si bien ya era complejo pero asumible con un déficit del 1,3% del PIB, tras el esfuerzo de este año para afrontar la pandemia se irá hasta el 5% y podría dar al traste con esta meta.

Coeficiente reductor

La inclusión de coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada pretende compensar el hecho de que aquellos que se jubilan anticipadamente van a percibir -supuestamente, dado que es imposible determinar cuánto va a sobrevivir un individuo- pensión durante un mayor número de años, por lo que la cuantía mensual deberá ajustarse a la baja para hacer equivalente el monto global.

La magnitud de estos coeficientes dependerá por un lado del tipo de jubilación anticipada -la jubilación anticipada por cese voluntario está más penalizada que la jubilación anticipada por cese involuntario- y de la carrera de cotización que acredite el trabajador en el momento de solicitar la pensión pública de jubilación.

Si la jubilación anticipada se da por un cese involuntario por causas objetivas de reestructuración empresarial, acreditar al menos 33 años de cotizaciones y encontrarse inscrito como demandante de empleo desde al menos 6 meses antes de la fecha efectiva de acceso a la jubilación. Si procede de un retiro voluntario se exige encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, acreditar al menos 35 años de cotizaciones y que el importe resultante de la pensión no sea inferior a la pensión mínima que por ley le correspondería al trabajador al cumplimiento de la edad ordinaria de retiro en España.

Reyna explica que el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas puede llegar por esta vía, ya que es la más efectiva, además de incentivar fiscalmente la permanencia del empleado más allá de la edad legal de jubilación.

Por un lado, se estudiaría un incremento de estos coeficientes reductores, pero además se abordaría de forma gradual en función de la base imponible del prejubilado de modo que las más elevadas estuvieran sujetas a una mayor penalización. Asociaciones como Transforma España, llevan años reclamando un plan para el mantenimiento del talento sénior en las compañías, en la que parecen necesarios incentivos por ambas partes, también para el empresario. Una reducción para la carga empresarial en aquellos empleados de más de 52 años y la mejora de la cotización para la pensión de los trabajadores que rebasen en activo la edad legal de retiro son medidas que se podrían estudiar en este ámbito.