Atasco en la Seguridad Social: hasta tres meses de retraso en los pagos

El cuello de botella que experimenta el Sepe por el incremento de la actividad burocrática con las solicitudes de pensiones, Erte o ingreso mínimo vital tensiona la capacidad de las plantillas, que piden refuerzos de cara a la campaña de concesiones de la nueva renta mínima aprobada por el Gobierno

La Administración Pública está sufriendo en estos momentos los efectos del cuello de botella que ha generado el estallido de la pandemia y la gran afluencia de ciudadanos que solicitan las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica. La Seguridad Social no se ha librado tampoco del atasco en sus oficinas, que según denuncian fuentes de CSIF ya retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla.

Según denuncian fuentes del sindicato de funcionarios CSIF, el INSS retrasa pagos de ayudas hasta tres meses debido a estos factores, a lo que suma la dificultad de liberar el trabajo acumulado a una plantilla mermada que en los últimos diez años ha perdido un 21% de su plantilla. Por su parte, desde la Asociación de trabajadores Sepe-1.000, el inicio de las citas presenciales en las oficinas de empleo, contribuirá a ralentizar la corrección de los expedientes de miles de trabajadores en Erte.

Sobre el INSS, el sindicato de funcionario denuncia que se están colapsando las oficinas centrales de la Seguridad Social, algo que no había sucedido antes. Fuentes de CSIF reconocen que el empleo a distancia de la mayor parte del cuerpo de empleados de la Seguridad Social implantado desde marzo por el confinamiento ha cambiado la forma de trabajo de los funcionarios y eso “está provocando retrasos” en la concesión y reconocimiento de las nuevas prestaciones.

Concretamente, los problemas se están concentrando en los pagos de ayudas por maternidad y paternidad, o en las prestaciones por incapacidad. De igual manera, se están notificando ya algunas incidencias con el ingreso mínimo vital, si bien están en todos los casos relacionadas con la situación de excepcionalidad que se está viviendo también dentro de la Seguridad Social.

La apertura de las oficinas físicas del INSS desde el pasado 25 de junio está provocando una avalancha de ciudadanos afectados que quieren saber si tienen derecho a las ayudas o desean realizar las solicitudes para poder percibirlas.

“Esta situación está motivada en gran medida por el recorte en las plantillas en los últimos 10 años, según un análisis de CSIF a partir de los datos del BOE”, explica el sindicato que denuncia que en 2010 tenían 30.462 trabajadores y este año 23.909 empleados en plantilla.

“CSIF ha solicitado una reunión con los responsables de la Seguridad Social, ante las consultas recibidas por el sindicato por el retraso de expedientes, durante los meses de estado de alarma.

Según información recabada por CSIF, en diferentes oficinas de España se ha dado orden de que aquellas prestaciones de más de 6.000 euros deben de ser remitidas por sistema a Madrid para su revisión y pago, lo que está provocando demoras”, dicen.

Más retrasos en los Ertes

En el Sepe, fuentes de los trabajadores señalan que sigue el caos por el abono de los Erte que han llegado a cobra 3,4 millones de personas. El Sepe no les ha comunicado cuántos trabajadores están incluidos en expedientes, ni cuántos siguen sin cobrar, dicen. Sin embargo, creen que son más del 1% que dice la ministra, puesto que siguen corrigiendo multitud de errores, en su mayoría derivados de cuentas corrientes incorrectas -de bancos que han sido absorbidos por otras entidades-, por el abono de hijos y gente dada indebidamente de baja.

En medio de este caos, denuncian que la cita presencial supondrá un mayor retraso, pues merma la capacidad de subsanar estos errores. Calculan que el retraso puede suponer de media 1.000 expedientes por provincia, unos 50.000 en toda España. Además, denuncian que el Sepe no ha establecido un protocolo de seguridad para la reapertura y que ha dejado en manos de los directores de cada oficina las medidas. Algunas han sido cerradas por el delegado de prevención.

Además, ahora viene una segunda tanda de trabajo al ir gestionando la salida de los trabajadores de los Ertes parciales. El Ministerio de Trabajo ha cifrado en 1,4 millones los que han abandonado el Sepe hasta el 20 de junio. De hecho, a unos días del cierre, la nómina de junio superó los 5,714 millones de beneficiarios, frente a los 5,988 millones de la nómina de mayo. Pero esta partida, ascenderá hasta los 42.000 millones de euros para finales de septiembre entre las exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.

“Los próximos presupuestos generales del estado deben incluir un plan de recursos humanos, con un diagnóstico preciso de las necesidades en los diferentes sectores, partiendo de la premisa de que en los 10 últimos años se han perdido 53.300 empleos a nivel general, 30.000 se jubilarán este año y la sanidad necesita 25.000 profesionales más para superar esta situación y ofrecer una estructura sólida de personal para hacer frente a los niveles de calidad que precisa nuestra ciudadanía”, apunta el CSIF. Según explican desde la AIReF implica un coste de 3.400 millones de euros más por cada quincena que se extiende la cobertura.