Las jubilaciones solo son viables
en tres autonomías

El País Vasco mantiene vivas sus expectativas de asumir la gestión de la Seguridad Social, tal como se recoge en el Estatuto de Gernika, y todo apunta a que el actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos estaría dispuesto a efectuar tal cesión o al menos estudiar su viabilidad en próximas fechas, habida cuenta de que la pasada semana se puso fecha al calendario de traspasos a Euskadi. Ello sería un primer paso hacia una eventual y ulterior ruptura de la caja única de las pensiones estatal que según los expertos es desaconsejable para el grueso de las autonomías.

Según se desprende de estudios actuariales a los que ha tenido acceso elEconomista, una hipotética Seguridad Social vasca desgajada de la caja única no sería económicamente sostenible y asumiría un déficit en pensiones de al menos el 2,5% (ver gráfico) de su PIB regional -cifrado en 72.000 millones a cierre de 2018-, es decir, de unos 1.800 millones de euros, cantidad que representa algo menos del 10% de los números rojos de la Seguridad Social. En base al mismo estudio, sólo tres autonomías Canarias, Baleares y Madrid tendrían suficiencia para abonar las pensiones con una hipotética Seguridad Social troceada.

Se trata de un porcentaje de desfase en las cuentas contributivas que se situaría por encima del déficit que actualmente registra la caja común del Estado, del orden del 1,5% del PIB -que supera los 18.000 millones de euros-, lo que significa que el desequilibrio en el País Vasco sería en el futuro equivalente al 10% del total del país. Según explica Enrique Devesa, profesor en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Polibienestar y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), esta situación viene condicionada por una población envejecida que lastra el desempeño de la población trabajadora, sumado al pago de unas pensiones elevadas ligadas a amplias carreras de cotización con sueldos altos en el sector industrial, derivadas del tejido productivo predominante en el País Vasco en las últimas décadas.

Sin embargo, estas cifras se proyectan sobre una hipótesis de autonomía del organismo de la Seguridad Social en la región y por el momento este traspaso de competencias sólo supondría una capacidad de gestión de los recursos correspondientes al reparto de prestaciones en dicha región, pero no incluiría por ahora elementos de recaudación o legislación sobre las mismas, que seguirían descansado sobre el Parlamento nacional.

De hecho, el Estatuto de Gernika recoge sobre el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social, que “corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma” y “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. En este sentido, y extrapolando el ejercicio de proyección de una caja individual para cada región, resulta que tan solo tres autonomías serían financieramente viables para abordar el pago de las pensiones a sus ciudadanos: Baleares con un superávit en torno al 1,8% de su PIB, Canarias con un 1,5% y la Comunidad de Madrid, cerca del 1,4%.

No obstante, como reflejo de la delicada situación financiera que atraviesa en la actualidad la Seguridad Social española, la individualización de la caja supondría una odisea para la mayoría de las regiones. De este modo, en base a los datos del estudio referido sobre la sostenibilidad regional de las pensiones públicas, la tesorería de La Rioja, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña arrojarían un déficit sobre su PIB similar -aunque superior- al de la media del conjunto del país, del 1,8%, mientras que en el caso Andalucía, Extremadura, Aragón y el propio País Vasco se situarían en la horquilla de entre el 2% y 2,5%.

La situación sería más grave en las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León, con un déficit superior al 4% de su PIB, Cantabria por encima del 5% y Asturias, donde se iría por encima del 10%, un desajuste derivado de la presencia de un numeroso colectivo de jubilados de la minería. Solo dos regiones se acercarían a una situación de menor equilibrio financiero, con un saldo negativo del 1% de su producto interior bruto, algo que se da en el caso de Navarra y en el de Murcia con un desfase del -0,5%.

En este sentido, mientras se estudia la viabilidad técnica de la concesión de la gestión de la Seguridad Social, el Gobierno y el Ejecutivo vasco también han abordado durante una reunión celebrada en Madrid acelerar la negociación sobre el traspaso al País Vasco de la treintena de materias pactadas el año pasado, tres de las cuales van a ser ya entregadas a la Administración vasca en marzo. Para esa fecha, se espera esté completada la transferencia de la competencia sobre seguro escolar, productos farmacéuticos y ayudas previas a jubilaciones de trabajadores afectados por ajustes de plantilla (ERE).

Sobre el organismo recaudador para abonar las pensiones, el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, recuerda al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos que la gestión de la Seguridad Social está recogida en el Estatuto de Gernika, por lo que “es incontestable” su traspaso, pero ambas partes deben acordar “en qué términos se concreta esa previsión estatutaria”.

Cabe recordar en este punto, tal y como explican fuentes cercanas al Ejecutivo vasco a elEconomista, que este paso tan solo implicaría la cesión de la gestión económica y no implicaría autonomía para modificar las cuantías de las prestaciones que se abonan con cargo a la caja única de la Seguridad Social ni tampoco la confección de nuevas ayudas, un precepto que la propia Constitución concede a la Administración Central. De hecho, el País Vasco sería una de las regiones donde se concentran las pensiones de mayor cuantía y tan solo se podrían ver complementadas a partir de ayudas que emanen del presupuesto autonómico.