Las cotizaciones, más de un tercio de toda
la recaudación tributaria

Las cotizaciones sociales de los trabajadores son parte fundamental de los ingresos públicos. De hecho, según el último informe sobre España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estas aportaciones de trabajadores, empresas y autónomos suponen más de un tercio de la recaudación tributaria de las Administraciones Públicas.

Los datos que ofrece la OCDE liderada por el mexicano Ángel Gurría no pueden estar más claros. En España, las contribuciones a la Seguridad Social, es decir, las cotizaciones, suponen un 34% de los ingresos de las Administraciones Públicas y eso que esta partida se ingresa exclusivamente en las arcas de la Seguridad Social.

A pesar de que es la principal causa de entrada de capitales en una tesorería pública, lo cierto es que en el pasado tuvo todavía más peso. Concretamente, hace una década, cuando España inició su camino en la crisis económica más dura de su historia reciente, las cotizaciones suponían casi un 40% de toda la recaudación del país. Esta cifra iría bajando paulatinamente hasta ponerse en el 34% registrado en 2018.

Sin embargo, esta proporción está muy por encima de lo que ingresan,
por este concepto, la media de los países de la OCDE, que está en el 27%. Paradójicamente, en su caso, la importancia de las cotizaciones en los ingresos tras algunos retrocesos, ha vuelto a la proporción que llegó a suponer en 2009.

Por otro lado, la mayoría de los ingresos de las Administraciones Públicas en España, tras los de las cotizaciones, proviene de lo que se obtiene por el IRPF, que supone un 22% del total -también correlativo al ámbito del trabajo-, seguido por el IVA que genera un 19% y otros impuestos sobre bienes y servicios, que aportan otro 10% de los ingresos de la Tesorería General del Estado.

En el conjunto de la OCDE, las cotizaciones, aunque no tienen tanto peso como España en ingresos, también son la principal entrada de dinero en las arcas públicas. Estas suponen un 26% de los ingresos totales, aunque seguidas muy de cerca por lo recaudado a través del IRPF, que aporta el 24% En el tercer escalón se queda el IVA que aporta una quinta parte de los ingresos de los países integrantes de la OCDE.

En cambio, los impuestos sobre los beneficios e ingresos corporativos, tanto en España como en el conjunto de los países miembro de la OCDE tiene un peso relativamente bajo, del 7% y del 9%, respectivamente.

Según indicaban a elEconomista fuentes económicas, el peso de las cotizaciones aumentará todavía más en este 2020 en nuestro país. ¿La causa? El incremento de los ingresos por esta vía en un momento en el que la reforma fiscal pretendida por el Gobierno socialista no ha sido posible.

De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, hasta el 31 de octubre del pasado año, la Seguridad Social había ingresado unos 103.203 millones de euros por cotizaciones sociales, un 8% más que en el mismo periodo. Esto se debe, sobre todo a la mejora del empleo, con un mayor número de ocupados respecto al mismo periodo de 2018 y también al impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ya a 950 euros, lo que a su vez supuso incrementar las respectivas aportaciones.

Aunque el Ministerio no lo mencione de manera explícita, también ha tenido su peso el macrodecreto que el Consejo de Ministros aprobó a finales del año 2018 y con el que se daba luz verde al incremento de las pensiones y a un aumento de las bases máximas de cotización del 7%.

Dependiendo de la fuente, este incremento tiene un impacto u otro. La recaudación total gracias esta subida se quedará en los 700 millones de euros, según cálculos de Comisiones Obreras (CCOO). Mientras la patronal de los empresarios CEOE alertó, en cambio, de que el alza supondrá un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones de euros.

Precisamente lo que tienen que poner las empresas españolas en este campo es objeto de protesta por parte del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El think tank de la CEOE considera que “la política fiscal debería orientarse a impulsar el crecimiento de la actividad productiva y la creación de empleo. Hay infinidad de iniciativas que podrían adoptarse en este campo: eliminar regulaciones innecesarias; reducir los impuestos que penalizan la creación de puestos de trabajo, elevan los precios de producción y minan la competitividad de las empresas; evitar la doble imposición sobre beneficios y renta y fijar tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades que resulten atractivos para las empresas y permitan a las empresas locales competir con ellas”.

De esta manera, el ente considera que “especialmente perversos son los efectos de las cotizaciones sociales a los empleadores que encarecen notablemente el coste laboral y reducen la competitividad de las empresas españolas”. Así, el IEE lamenta que el actual gobierno de coalición de Unidas Podemos y el PSOE maneje “nuevas subidas en las cotizaciones sociales” y “la creación de nuevos impuestos sobre las entidades financieras y las empresas tecnológicas. Una receta equivocada que perpetuará el déficit público”.

Lo cierto es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste laboral medio por trabajador y mes -que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales- ascendió a 2.553,62 euros en el tercer trimestre, lo que supone un repunte del 2,2% respecto al mismo periodo de 2018. Con este repunte, el coste laboral encadena nueve trimestres consecutivos en positivo.