La pensión media es inferior al SMI
en 31 provincias

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado que en 31 provincias españolas la pensión media se sitúe por debajo. El Gobierno elevó el SMI un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, de modo que éste ha pasado de 732 euros a 950 euros en dos años, con una subida conjunta del 29%. El hecho de que en más de la mitad del territorio la pensión media quede ahora por debajo del SMI resulta paradójico, ya que hay muchos jubilados que tras toda una trayectoria laboral cobran menos que quienes inician su carrera, y esto no hace sino enardecer las movilizaciones de pensionistas, que buscan el blindaje de las pensiones, que se apliquen complementos a las pagas más bajas y revalorizaciones más altas que sostengan su poder de compra.

Como explica el economista Javier Santacruz, esta situación refleja sobre todo el problema del poder adquisitivo de las pensiones más bajas -especialmente de las mínimas contributivas-. Pero al mismo tiempo, también podría estar indicando que el SMI puede estar subiéndose a unas cotas insostenibles. “Los pensionistas con mayores problemas son los que cobran una pensión inferior al 80% del SMI, es decir, por debajo de la actual tasa de reemplazo”, concluye.

Por su parte, el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles indica que “con las subidas del SMI la mayoría de las pensiones son inferiores, lo que abre nuevos frentes de reivindicación por parte de los pensionistas”. Y esas reivindicaciones de los pensionistas a las que se refiere el experto han sido lo suficientemente poderosas como para tumbar parte de la reforma de pensiones de 2013, cuando, en abril de 2018, lograron torcer el pulso al Gobierno del PP para resucitar la actualización de las pensiones con el IPC. No en vano, como ya ha advertido el Banco de España, los pensionistas suponen casi 10 millones de votos con los que ningún Gobierno está dispuesto a lidiar. Continúa Robles explicando que “sin embargo, en un sistema quebrado es imposible revalorizar las pensiones más bajas pues son la mayoría” por lo que aduce que “el debate sobre el mínimo vital quizás de respuestas para encontrar una vía de financiación alternativa al sistema de pensiones para complementar las prestaciones de quienes perciben pensiones por debajo del SMI, aunque tal medida es tan costosa que actualmente no es posible financiarla con cargo al Presupuesto del Estado”.

Así, en la provincia donde se registra la menor pensión media, Orense, con 732,96 euros, se está en el umbral en que se encontraba el salario mínimo antes de las dos subidas impulsadas en 2019 y 2020.

La radiografía de las pensiones según el territorio arroja numerosas conclusiones que evidencian la fragmentación laboral del país. Hay una diferencia de 324 euros entre la pensión media más baja (732,96 en Orense) y la más alta (1056,96 en Burgos). Las diferencias derivan de la diferente composición del tejido productivo del país. Así, por autonomías, se ve claramente como el perfil industrial del País Vasco, donde se han concentrado grandes empresas con amplios colectivos de trabajadores con largas carreras de cotización, hace que Euskadi sea la autonomía con la pensión media más alta, a diferencia de Extremadura, con la jubilación media más baja (830,18 euros), donde el tejido industrial es menor y la comunidad es más intensiva en actividades del sector primario, cosa que también sucede en Galicia, donde se encuentran las dos provincias con menor pensión del país (Orense, con 732,96 euros, y Lugo, con 754,5 euros). Sucede además que las pensiones más bajas se concentran en los territorios de la España Vaciada que, además sufren no sólo por la despoblación, sino por el envejecimiento poblacional.

Con todo, a las polémicas que ha suscitado la subida del SMI se une ahora la de la divergencia con las pensiones. La fuerte revalorización del salario mínimo interprofesional -del 29% en dos años- ha sido criticada desde distintos ángulos. Los informes concluyen que destruye empleo, minora jornadas y provoca fraude. El propio Gobierno lo reconocía en diciembre de 2019, cuando, públicamente, el hoy exsecretario de Seguridad Social, Octavio Granado, reconocía por primera vez que la subida del salario mínimo (SMI) de 2019 estaba originando algunos problemas en sectores vulnerables como el empleo doméstico o la agricultura. Entre las empleadas del hogar, indicó que 13.000 puestos de trabajo habían sido sustituidos por economía sumergida. Pese a ello, defendió que la economía ha absorbido “muy bien” el incremento de los salarios.

Por su parte, un reciente informe de BBVA Research, de enero de este año, concluye que España hubiera creado hasta 45.000 empleos más en 2019 si el Gobierno no hubiera subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes. Por ello, la entidad solicitaba del Ejecutivo una evaluación del impacto de esta medida, así como de otros cambios normativos en el ámbito laboral. “A la espera de que el nuevo Gobierno pueda introducir cambios en ámbitos tan importantes como el mercado laboral o las pensiones y antes de avanzar en una reversión de las reformas implementadas en años anteriores, sería conveniente revisar las distintas evaluaciones que se han hecho sobre los efectos que han tenido las medidas introducidas y mantener aquellos aspectos que han sido valorados positivamente”. El informe recomienda también una reflexión y evaluación en los ámbitos de la vivienda y el salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, la subida del salario mínimo frena la expansión de los planes de empleo. La introducción de los planes de pensiones de empresa en España, uno de los principales retos del tejido productivo de nuestro país de cara al mantenimiento del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, previsiblemente se verá reducido en el mismo volumen que lo haga en las próximas décadas la tasa de sustitución sobre el último salario, ahora en el entorno del 78%. Ésta es una de las principales tareas pendientes de la sociedad española que puede favorecer a un mayor compromiso de ahorro a largo plazo por parte de los españoles y, sin embargo, son varios los obstáculos que encuentra, tal y como se expuso recientemente en la jornada de Previsión Social en la Empresa, Pensando en el Futuro de las Personas organizada por APD, Ocopen y Cecabank.

En este sentido, uno de los frenos que se pueden encontrar las compañías a la hora de impulsar estos planes de pensiones de empleo para sus trabajadores está en el aumento de los costes laborales para el patrono, que en los últimos meses se ha visto azuzado por las dos subidas del salario mínimo interprofesional que ha efectuado el Gobierno de Pedro Sánchez desde el año pasado.

La causa de que esta subida sea contraproducente para fomentar el ahorro privado en la empresa viene por la estipulación en el Estatuto de los Trabajadores de que la retribución en especie nunca sea superior al 30% del total de los ingresos percibidos, y que la parte restante -sin contar el sueldo en especie- nunca sea inferior al nivel del SMI, según explicó a elEconomista el presidente y consejero delegado de Compensa Capital, Carlos Delgado, tras su intervención en la jornada.

Además, a parte de la cuestión legal, existe el factor de que el impulso de los planes de pensiones de empleo supone para la empresa un coste por lo que un incremento impuesto de los mismos por la vía del aumento de las cotizaciones asociada al alza del SMI supone de entrada un desincentivo. “Las compañías tienen que subir 50 euros al mes por catorce pagas lo que son 700 euros, más la parte de la Seguridad Social la subida por empleados supone un encarecimiento de 910 euros de los costes laborales para el empresario por trabajador. Por lo que, de entrada, el plan de pensiones, que es un gasto más para la empresa, se desincentiva”, explica Delgado.