La OCDE urge a mejorar la pensión
del autónomo

El organismo internacional advierte además de los efectos negativos de deshacer la reforma del Sitema de 2013, impulsada por el PP, que introdujo factores de equilibrio financiero a largo plazo

Las pensiones de los autónomos en España son muy bajas y su cotización sería más equitativa si se efectuara en relación a los ingresos reales, una sempiterna demanda de los colectivos de trabajadores autónomos. En este sentido se ha pronunciado los expertos de la OCDE durante la presentación en Madrid del informe de noviembre de 2019 Pensions at a Glance.

El acto fue inaugurado por el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama. En él participaron el jefe de la Unidad de pensiones Privadas en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín, y el responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la organización, Hervé Boulhol.

Ambos evidenciaron numerosos problemas del sistema público de pensiones español, y demandaron soluciones a la desigualdad en las pensiones de los empleados por cuenta propia, mucho menores a las de los asalariados del régimen general. Desde la OCDE también insisten en la necesidad de tomar medidas para encajar la situación de los denominados “trabajos no convencionales”: parciales, temporales, colaborativos, en definitiva, los nuevos modelos de trabajo.

Además, abogaron por un reequilibrio de los ingresos, ya que la revalorización con el IPC no es viable a largo plazo sin tomar medidas adicionales. En este sentido, recordaron ambos expertos de la OCDE el mejor horizonte que dibujaba el tácitamente derogado factor de sostenibilidad de 2013 para nuestras maltrechas cuentas de la Seguridad Social. Por otra parte, remarcaron la necesidad de retrasar la edad de jubilación, ya que la mayor longevidad hace que la carrera de cotización tipo que se da en España permita reequilibrar los números rojos. Además de retrasar la edad real de jubilación, la OCDE también pide que se tenga en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la misma.

Menos críticos fueron los expertos con la retirada del IRP, el índice de la reforma de 2013 que deparaba aumentos del 0,25% en las pagas, al entender que a largo plazo unas revalorizaciones tan contenidas podrían tornarse injustas. Respecto a la mochila austriaca que recoge la Agenda 2030 pusieron en tela de juicio su utilización como complemento a la jubilación, al entender que su virtualidad es completar el desempleo.

Entre las singularidades del sistema de pensiones español destacaron ambos expertos del organismo que agrupa a las grandes potencias la insuficiencia de los incentivos fiscales al ahorro a largo plazo. España se sitúa en un 9% de incentivos sobre el valor actuarial del capital, frente a un promedio del 25%, lo que lastra nuestro mercado de previsión social complementaria. Además, pusieron en tela de juicio el espíritu de la facilidad tributaria para rescatar los planes de pensiones a los diez años, al entender que eso no identifica el producto realmente como una vía de ahorro para la jubilación, sino como un vehículo de ahorro a largo plazo no íntimamente asociado a complementar la pensión pública, cuando su finalidad es ésta.

Espaldarazo a la reforma de 2013

El último estudio de la OCDE sobre los sistemas públicos de pensiones Pensions at a Glance, también advierte a España de los riesgos de haber revertido los dos aspectos clave de la reforma de 2013 aprobada por el PP: el factor de sostenibilidad, un coeficiente que reduce las pensiones iniciales en función de parámetros que contemplan la esperanza de vida, y el IRP, el índice de revalorización, que contenía los aumentos anuales de las pagas en un suelo mínimo del 0,25%. Ambos, son factores que introducían un piloto automático de equilibrio financiero para la Tesorería de la Seguridad Social, ahora con un déficit anual de 18.000 millones de euros.

El informe incluye indicadores para comparar políticas de pensiones entre los países de la OCDE, analiza reformas recientes de los sistemas de pensiones e incluye indicadores para analizar las pensiones privadas.

En cuanto a España, además de señalar los riesgos de la desaparición de la reforma de pensiones del PP, señala a las cotizaciones de los autónomos como una de las debilidades del sistema de pensiones español. En concreto, según la institución y como recogió elEconomista Pensiones, el autónomo español solo llegará al 42% de la pensión de un asalariado con iguales ingresos. Esta situación se agrava por el hecho de que “se les permite contribuir menos” que los trabajadores por cuenta ajena, ya que ellos mismos pueden elegir su base de cotización “sin ninguna relación con sus ingresos reales”. Según los datos de la institución con sede en París, el 70% de los autónomos solamente paga “lo mínimo”. Además, ha alertado de que declarar menos de lo que se ingresa realmente “parece ser algo generalizado”. De este modo, la OCDE rompe una lanza por la sempiterna petición de los autónomos de poder tributar por su facturación real.

Otra de las observaciones que realiza la OCDE sobre la coyuntura del sistema de pensiones español en relación a la evolución del mercado de trabajo es el impacto que puede tener en la futura cuantía de la paga la interrupción de la carrera laboral por diferentes causas. En este sentido, de media, en los países de la OCDE una interrupción de cinco años implica una reducción de la pensión a percibir de algo más del 6%, situación habitual entre muchos de los desempleados que dejó la crisis en España que, en el medio plazo, son quienes han compuesto el amplio colectivo de parados de larga duración de nuestro país. Un colectivo que, sin embargo, según los últimos datos del INE ha reducido su grosor, bajando del millón de afectados en el último año, el menor nivel de la última década.