Euskadi no podrá modificar las pagas aun
con la seguridad social

El País Vasco asumirá finalmente en 2021 la gestión económica de la Seguridad Social tal y como se preveía después de las primeras negociaciones mantenidas en las últimas semanas el consejero vasco de Autogobierno, Josu Erkoreka, y la ministra de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias. Es una de las demandas históricas de la agenda de Euskadi y, más allá, se trata de uno de los numerosos compromisos pendientes del Gobierno con esta región según lo establecido en el Estatuto de Gernika del año 1979.

Sin embargo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, asumirá -este traspaso de la gestión de la Seguridad Social está recogido en el calendario de hasta 37 cesiones de competencias que buscan zanjar el cumplimiento del mencionado Estatuto- un organismo vacío de competencias. Cabe recordar en este punto que, en base a la literalidad del texto, el Gobierno podrá recaudar los impuestos y posteriormente abonar las pagas, si bien el nuevo estatus no le concederá poder para realizar modificaciones -incrementar las pensiones o establecer nuevas figuras en forma de prestaciones-. El Gobierno vasco considera este elemento una prioridad ya que aportará mayor autonomía financiera a la comunidad autónoma. No obstante, es consciente de las dificultades técnicas para abordarla en el corto plazo, por ello se terminó por fijar un cronograma con los pasos a seguir en el futuro.

Concretamente, el texto señala sobre el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social, que “corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma” y “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Es decir, cualquier modificación de las pagas o introducción de nuevas figuras deberá ser aprobado en el Parlamento nacional y será iniciativa del Gobierno central.

En este sentido, tal y como han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al Ejecutivo vasco, no sería la intención del actual Gabinete de Iñigo Urkullu la de modificar la reglamentación de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social -algo que no podría hacer como se ha mencionado- y por lo tanto se descartan incrementos de las pensiones de jubilación por encima de la media nacional, del 0,9% para 2020.

Otro debate, reconocen esta mismas fuentes, es la posibilidad de que el Ejecutivo vasco en una competencia ya vigente y que se extiende a todas las comunidades autónomas pueda establecer complementos de renta a cargo del presupuesto regional, y que estos vayan dirigidos al colectivo de jubilados y pensionistas en concepto de asistencia social. Señalan las fuentes que el futuro de estas ayudas, no en vano, se encuentra a debate con la llegada del nuevo Gobierno de coalición que en su programa electoral lleva la introducción de un ingreso mínimo vital -con cargo a la Seguridad Social-
que podría conllevar la supresión de ciertos subsidios y ayudas de carácter autonómico y local como sugiere AIReF en su esbozo de esta propuesta, lo cual supondría un ahorro de 2.000 millones de euros.

Además, el intervalo necesario para salvar las dificultades técnicas que pueda acarrear el traspaso le daría margen de maniobra al Gobierno de Sánchez para informar a la opinión pública sobre el alcance real de este traspaso y si afectaría a la caja única; organizar la envergadura económica y logística que supone esta transferencia en infraestructuras y capital humano; e incluso poner en marcha la reforma de las pensiones dentro del Pacto de Toledo y su sostenibilidad, antes de completar la cesión del régimen económico de la Seguridad Social.

Es cierto que tener un sistema propio de pensiones es la aspiración política del Gobierno vasco desde los tiempos del lehendakari Garaikoetxea, aunque no es lo que ahora se plantea. Este supuesto podría suponer la ruptura de la caja única de las pensiones estatal, que -según los expertos-
es desaconsejable para las autonomías. Tal y como recogen unos estudios actuariales consultados por elEconomista, una Seguridad Social vasca fuera de la caja única no sería sostenible y asumiría un déficit en pensiones de al menos el 2,5% de su PIB cifrado en 72.000 millones a cierre de 2018, es decir, de unos 1.800 millones de euros, cantidad que representa algo menos del 10% de los números rojos de la Seguridad Social.