Crecer como china 10 años para garantizar
las pensiones

La Seguridad Social será uno de los principales lastres para la economía española durante los próximos años. Es una cuestión que asume el Gobierno en el establecimiento de la senda de déficit para esta legislatura y, sin embargo, la solución para su sostenibilidad financiera parece lejos de encontrar arreglo con un desfase entre ingresos y gastos que alcanza cada año los 18.000 millones de euros, el 1,5% del PIB de media. Tan colosal es el reto de equilibrar las cuentas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país que España necesitaría crecer durante los próximos diez años a un ritmo del 5,51%, es decir, a un nivel similar al avance económico de China durante una década.

Cabe recordar que según la proyección de déficit público para los próximos años aprobada en Consejo de Ministros la pasada semana, las pensiones supondrán para 2023 el 90% del déficit de todas las administraciones públicas y, sin embargo, parece que la ruta de gasto asumida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vinculando la revalorización de las pagas conforme al IPC no frenará la brecha que el Sistema tiene entre ingresos y gastos. Lejos de ello, cálculos del Instituto de Actuarios apuntan que, de mantenerse esta tendencia, en el año 2050 el déficit del sistema escalaría hasta el 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros.

Además, los estudios del profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, advierten de que el histórico sobre ingresos y gastos de la Seguridad Social no arrojan luz sobre una posible reducción del actual déficit a futuro. La razón está en que mientras que la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales muestra una planicie desde el año 1999 en el entorno del 10% del PIB, los gastos del organismo encargado de abonar las pensiones en nuestro país registran un incremento progresivo desde el 8,14% del PIB en 2008 hasta el 11,55% del pasado ejercicio.

En este punto entra en juego el factor crucial para el desempeño de los ingresos por cotizaciones sociales: el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social. El incremento del empleo y por ende de los ingresos para afrontar el pago de las pensiones es uno de los principales ejes de acción anunciados por el actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos y uno de los propósitos fijados por el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de cara a su objetivo de cerrar el agujero financiero durante la presente legislatura. Si bien, en base a los cálculos del profesor Devesa, esto supone una quimera: en la actual coyuntura el mercado de trabajo español necesitaría generar 3,4 millones de empleos nuevos. Una cifra que implicaría de facto llegar a pleno empleo en España y deja casi en cero la actual tasa de paro del 13,7%.

Sin embargo, esta vía tampoco es la más fiable a tenor del fatigoso comportamiento del mercado laboral en el último año mostrado en el pasado ejercicio y en el primer mes de 2020, cuando el número de parados registrados subió en 90.248 personas en relación con el mes anterior -aumento ligeramente superior al de 2019 cuando hubo 83.464 parados más)- siendo el peor dato de paro en este mes desde 2014 -cuando aumentó en algo más de 113.000 personas-.

Además, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó la pasada semana que el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023. Esto se traduce en una media de 240.000 nuevos puestos de trabajo, la mitad de los que se generaban durante la última legislatura de Mariano Rajoy.

En este sentido, los analistas de BBVA Research estiman que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) restó 45.000 empleos el año pasado. A su juicio, el nivel del empleo en 2019 podría haber sido entre una y cuatro décimas mayor sin la revalorización salarial impulsada por el Gobierno. “Un impacto limitado”, aseguran los expertos. Para los próximos años, BBVA Research prevé que esta cifra aumente entre los cinco y los 12 puntos. “Dependerá de si las empresas absorben la presión salarial o la trasladan a los precios”, señala Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe del Grupo BBVA. Según los economistas, una nueva subida del SMI “podría dificultar la empleabilidad de los trabajadores más afectados” que, a su juicio, serán los jóvenes, los extranjeros y los menos cualificados.

Por su parte, el Consejo General de Economistas presentó también su previsión de crecimiento de la economía española, del 1,6% para 2020, y con un mismo ritmo para 2021. Así lo rubrica el último Observatorio Financiero presentado por la entidad, en el que mantiene que la inflación será del 1,1% este año, el paro se quedará en un porcentaje del 13,25%, el consumo en el 1,1% y, las exportaciones crecerán un 2,5%. Dentro de la demanda interna, los Economistas esperan que el consumo de las familias crezca un 1,1% en 2020 y un 1,4% en 2021, en tanto que la tasa de ahorro de los hogares se situará en torno al 6,5% en 2020 y el 6% en 2021.

Según el Observatorio, las exportaciones de bienes y servicios crecerán el 2,5% en 2020 y repuntarán al 3% en 2021. Valorado el buen comportamiento de los tipos de cambio, las cotizaciones de las materias primas, el petróleo, los índices bursátiles excluyendo el rezagado Ibex 35 con un alza del 11,8% o commodities como el oro con una revalorización del 20,46% en 2019, el Observatorio Financiero del Consejo de Economistas no pasó por alto el enfriamiento en la creación de empleo en España, hasta el punto de que, si el crecimiento potencial cae por debajo del 1,6% o el 1,5% España empezaría a destruir empleo e invertir la tendencia de los últimos años, desde la recuperación.

Así, los economistas recogen la caída del consumo privado, moderado ligeramente en dos décimas, especialmente llamativo en el cuarto trimestre, con una caída llamativa de la construcción (-3,5%). Así pues, una tendencia de menos consumo y de menor demanda supone un escenario de incertidumbre, incluso con un crecimiento robusto e inesperado como el del último trimestre-y con seis años de crecimiento en positivo y de manera ininterrumpida. Reconocen desde el Consejo que la posibilidad de modificar o derogar la reforma laboral está provocando un efecto vigilancia en las empresas, algunas de las cuales han optado por anticipar expedientes de regulación de empleo y, en el mejor de los casos, por frenar la contratación. Los empresarios, recalcó este lunes Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del CGE, “no son partidarios” de la reforma laboral, porque entienden que con ella se ha creado empleo. Insiste Pedraza en el carácter preventivo de las medidas, en medio de una desaceleración económica, y aún sin conocer los efectos del coronavirus, del Brexit o del resultado de las elecciones de Estados Unidos a finales de este ejercicio.

En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado su Termómetro en tiempo real de la evolución de la economía española, en el que se aprecia una leve moderación en el primer trimestre al 0,44%, 0,09 puntos inferior al cuarto trimestre de 2019, acuciado por la incertidumbre comercial y el impacto del coronavirus que también podría hacer estragos en la actividad económica global.

Ante este escenario, y en previsión de que no sea más favorable debido al progresivo envejecimiento de la población y la merma del número de personas pertenecientes a la población activa, una de las vías para dar aire a la Tesorería de la Seguridad Social es la incorporación al mercado de trabajo de población inmigrante.

Sin embargo, son numerosos los expertos que apuntan la necesidad de que esta eventual llegada de personas debería ser ordenada y centrada en perfiles cualificados para que su aportación a las cotizaciones no implique un nuevo desequilibrio. Recuerda Devesa que la incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo y al sistema implica de igual manera el establecimiento de compromisos de pensión y prestaciones sociales por los derechos generados por este colectivo con sus cotizaciones y pago de impuestos.