El populismo argentino riega con dinero
a pensionistas
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El Gobierno de Alberto Fernández anuncia una subida de las pensiones para el inicio del año al tiempo que reconoce dificultades para hacer frente al pago de sus deudas con el exterior y aprueba un ‘impuesto solidario’ temporal para reflotar las arcas públicas y financiar los compromisos de gasto
El Gobierno argentino de Alberto Fernández ha iniciado el mandato con una clara vocación de popular, como se desprende del anuncio realizado recientemente en el que se oficializó el incremento de 5000 pesos (74,75 euros) para los jubilados que cobran la mínima y de 2000 pesos (29,90 euros) para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todo ello, escasos meses después de llegar a la presidencia del país y asumir el cargo en un contexto de debilidad económica en el que cada vez hay mayores presiones para que el Ejecutivo garantice el pago del rescate recientemente concedido al anterior gabinete de Mauricio Macri por el FMI.
De este modo, se otorgará “un subsidio extraordinario por un valor máximo de 5.000 pesos que se abonará en el mes de diciembre de 2019, y por un valor máximo de 5.000 pesos que se abonará en el mes de enero de 2020”, indica el texto. De este modo, los jubilados y pensionistas percibirán estos pagos extraordinarios en las cuentas, siendo los beneficiarios de “las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, quienes reciben “la Pensión Universal para el Adulto Mayor” y quienes reciben “pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más”.
Por otra parte, se otorga “un subsidio extraordinario, por única vez, por valor de 2.000 pesos que se abonará en el mes de diciembre del corriente año calendario, a los y las titulares de la Asignación Universal por Hijo para protección social.
¿Cómo financiar la partida?
Al tiempo que el nuevo Gobierno populista argentino anunció un fuerte incremento de las pensiones, también aprobó un amplio abanico de medidas destinadas a incrementar la recaudación del Estado a través de un endurecimiento del llamado ‘peso cambiario’. A partir de ahora, la compra de divisas tendrá un impuesto del 30% adicional. A cambio, el Ejecutivo prometió un congelamiento de las tarifas públicas durante 180 días, para intentar frenar la fuerte inflación que vive el país. Las medidas anunciadas por el ministro, que se enmarcarán en la llamada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” van más allá de lo que se esperaba. Inicialmente, los rumores aseguraban que se gravarían solo las compras de dólares para viajar al extranjero o importar bienes y servicios por internet -compras por Amazon, suscripciones a compañías como Netflix, etc.-, con las que ya se cebó el último Gobierno peronista.
Sin embargo, la decisión alcanzará a todas las compras de divisas, incluido el cupo de 200 dólares mensuales que pueden adquirir libremente los ciudadanos para el ahorro personal. Ese recargo, anunció, irá destinado para financiar las pensiones, obras de infraestructura y el turismo local, entre otros compromisos de gasto social del nuevo gobierno argentino.