Pilar Sánchez Iglesias, directora de Previsión Social
y Beneficios en IDEAS: “La merma de incentivos fiscales a los planes perjudica, en especial,
a pymes y autónomos”

La directora de Previsión Social y Beneficios de IDEAS (Investigación y Desarrollo Actuarial y de Seguros), Pilar Sánchez Iglesias, combina a la perfección el conocimiento del mundo actuarial, la previsión social complementaria, el sector asegurador y el ahorro a largo plazo. Comparte con elEconomista Pensiones su visión del nuevo contexto económico.

¿Cuáles son los principales retos para el desarrollo de la previsión social complementaria en España?

Las empresas han de afrontar el reto de seguir mejorando en términos de responsabilidad social, situando a los trabajadores, clientes y colaboradores en el centro, y participando en el desafío de la sostenibilidad ambiental y social. Los sistemas de previsión social de empresa son una herramienta idónea para avanzar en muchos de estos objetivos.

Con la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 se impulsó la idea del salario diferido, y se introdujo en muchas empresas y trabajadores la práctica de planificar su relación más allá del período activo. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha producido un retraimiento general en la percepción positiva del concepto del salario diferido que suponen las aportaciones a los planes de pensiones, por diversos motivos.

Por ello creo que es necesario realizar una reflexión profunda sobre ciertos aspectos de la evolución del sector. Por ejemplo, hemos de preguntarnos hasta qué punto la expansión de los planes de aportación definida ha generado una pérdida de interés en la previsión social complementaria. El hecho de que en este tipo de planes los partícipes no vean resuelta la incertidumbre sobre qué nivel de pensión van a poder obtener no favorece la confianza en el sistema.

En segundo lugar, yo diría que observamos una cierta rigidez en el sector, a la vez que una concentración cada vez mayor en unas pocas grandes compañías. Esto está llevando no solo a una menor competencia, lo que no es bueno, sino también a la aplicación de fórmulas estandarizadas para tratar situaciones diferentes.

En definitiva, se trata de factores que alejan las soluciones propuestas de las verdaderas necesidades de los clientes. La necesidad de “adaptarnos a los tiempos” no puede conllevar el alejarse de los intereses y necesidades de las personas, por lo que el sector ha de ser capaz de ofrecer soluciones adaptadas a sus diferentes clientes potenciales, con mayor flexibilidad y adaptando su oferta de forma más personalizada. Es nuestra responsabilidad trabajar para y por las personas.

¿Cómo afronta el sector privado de pensiones las medidas adoptadas por el gobierno en materia de ahorro?

Los intentos de promover un ahorro privado finalista para la jubilación comenzaron en España a finales de los años 80, con la ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987. Durante todo este tiempo, el desarrollo de los sistemas privados ha sido claramente insuficiente, fundamentalmente porque ha faltado continuidad en el necesario apoyo político y social.

Durante estos años se ha extendido la percepción de falta de estabilidad legislativa, con continuas discusiones y modificaciones sobre la gestión de los planes, su tratamiento fiscal, etc., aspectos que sin duda son importantes, pero que han desplazado de la atención a otros elementos clave como un diseño estable a medio y largo plazo, con medidas de apoyo sostenidas, y un mayor trabajo de información y educación financiera. Hemos llegado a un estado de cosas un tanto contradictorio, al llevar a la discusión política de corto plazo asuntos que requieren estabilidad y una fijación de expectativas a largo plazo. Por ello, no es de extrañar que el sector privado haya reaccionado negativamente a algunos aspectos de las recientes medidas anunciadas por el Gobierno. Aunque hay un objetivo compartido de extender la previsión social complementaria a todos los trabajadores, incluyendo los autónomos, la plena operatividad del fondo de pensiones de promoción pública tardará varios años en verse, mientras que el impacto del recorte en los incentivos fiscales a los planes individuales será inmediato. Una vez más, asistimos a cambios sobrevenidos sobre situaciones previas, que introducen nuevas incertidumbres y perjudican la planificación de los ahorradores y su confianza en el sector.

¿Qué efecto puede tener la reducción de incentivos fiscales para las aportaciones a planes individuales? ¿Y el aumento para las aportaciones a planes de empresa?

Es evidente que esta medida afectará negativamente en general y, en especial, a los trabajadores autónomos y a los trabajadores de las pymes, para los que es muy difícil acceder a sistemas de pensiones de empleo.

Además, es muy posible que se produzca el efecto indeseado de que aquellas aportaciones que vean reducidos los incentivos se desplacen a otros productos financieros sin relación con el ahorro para la jubilación. Una vez más podemos asistir a la percepción de mensajes contradictorios, pues mientras se nos habla de la necesidad de ahorrar para la jubilación, se favorece de hecho que el dinero se encauce hacia productos que no son propiamente de ahorro para este fin.

Pero, además, me preocupa el efecto ancla que puede suponer el fijar en 2.000 euros la cantidad de referencia para el ahorro-previsión. La economía del comportamiento nos ha mostrado cómo puede ser de poderoso este tipo de sesgo, según el cual muchas personas podrían concluir apresuradamente que con aportar esa cantidad, ya es suficiente.

El incremento del límite de las contribuciones empresariales es una estupenda medida para favorecer los sistemas de previsión social de ámbito empresarial, pero por un tecnicismo en la definición de su alcance, este incremento solo podrá aplicarse en los planes de empleo. Y ni siquiera en todos los casos, ya que, por ejemplo, no afecta a las aportaciones que en algunos planes de empleo tienen que realizar los partícipes vinculadas a las de los promotores y tampoco está claro si se aplica este incremento en los planes de previsión social empresarial ni en las mutualidades de previsión social. Como vemos, esta medida, a la vez que parece favorecer el ahorro empresarial, viene a complicar un poco más el ya de por si complejo marco normativo, precisamente cuando lo que se necesita, en mi opinión, es simplificar las opciones de forma que sean más cercanas, comprensibles y fáciles de aplicar para las empresas y los individuos.

Por otra parte, resulta también contradictorio que, mientras en los países de nuestro entorno la tendencia es a fortalecer los denominados tres pilares de la previsión social (la previsión social pública, la previsión social empresarial y la previsión social individual), estas medidas perjudican a la previsión social individual sin que eso tenga por qué suponer un beneficio para la previsión social empresarial.

¿Qué medidas demanda el sector de la previsión social complementaria para relanzar la industria del ahorro?

Como hemos dicho, es necesario mantener una estabilidad regulatoria. Una sociedad fuerte del Estado del Bienestar se fundamenta en una adecuada articulación de las prestaciones públicas unida a un sistema potente de previsión social privada complementaria. La evolución de nuestra sociedad y de la esperanza de vida nos empuja a planear nuestro presente y nuestro futuro de forma diferente a otras épocas y es necesario que todos tomemos acciones responsables para el sostenimiento y adecuación del sistema en su conjunto. Para esto hay que contar con una suficiente información.

Nuestro sector es consciente de ello, y, por ejemplo, ha venido demandando la información sobre la pensión de seguridad social, dato imprescindible para decidir sobre el ahorro, como también es fundamental la educación financiera para entender la importancia de empezar a ahorrar pronto.

Por otro lado, damos la bienvenida a medidas de fomento de la creación de planes de adscripción automática, que han demostrado su eficacia en otros países.

¿Cómo ha afectado la pandemia de coronavirus a los niveles de contratación de instrumentos financieros de ahorro a largo plazo?

Creo que los efectos inmediatos de la pandemia han sido una disminución en la contratación de productos de ahorro a largo plazo y también una reducción de las aportaciones a planes por parte de las empresas. Sin embargo, creo que la pandemia ha contribuido a que haya aumentado la conciencia sobre la importancia de protegernos ante la incertidumbre y los riesgos futuros. Tengo confianza en que una vez pasada la crisis sanitaria el sector recuperará con fuerza su dinamismo.

¿Cree que la idea de un fondo público de pensiones puede impulsar a las empresas españolas a abrir estos planes colectivos de ahorro?

Sí, es una realidad que las pequeñas empresas y los autónomos necesitan un instrumento que les permita canalizar un ahorro para la jubilación y en principio un fondo de pensiones público puede ser un instrumento adecuado al eliminar las dificultades de implantación y de gestión. Además, puede ofrecer menores costes que los sistemas de previsión empresarial actuales.

Confío en que la puesta en marcha de este fondo atraerá la atención hacia los planes colectivos de ahorro, y producirá un saludable efecto llamada, sobre todo a partir de que se implante en los nuevos contratos, lo que también favorecerá la concienciación de la necesidad de ahorrar entre los jóvenes.

¿Cree que la digitalización de las relaciones laborales y el teletrabajo favorecerán la proliferación de los modelos de retribución flexible?

El teletrabajo puede tener indudables ventajas tanto para la empresa como para el trabajador. Asimismo, la digitalización, que siempre hay que ver en relación con la globalización que afecta a muchas actividades y modelos de negocio, es una palanca potente para la productividad.

Sin embargo, hemos de ser también conscientes de los riesgos, y tomar medidas adecuadas para prevenirlos y para mitigar sus efectos. Uno de los mayores problemas de nuestro tiempo es el crecimiento de la desigualdad en nuestras sociedades desarrolladas.

Esta desigualdad se ve favorecida por el aislamiento y la desconexión de las personas, y por el individualismo. Es necesario reflexionar sobre el sentido original del ahorro colectivo, y volver a poner en el centro de atención a las personas y sus necesidades.

Los sistemas de retribución flexible han de permitirnos adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de las personas, siempre sin perder de vista que el esfuerzo de ahorro colectivo es rentable a largo plazo, no solo en términos de mayor equidad, sino también desde la óptica de la salud del sistema económico en su conjunto.