La propuesta de computar 35 años cotizados,
una mascarada para ¿convencer? a Europa
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha deslizado por boca del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, su voluntad e intención de elevar de 25 a 35 el número de años computables para calcular el importe de la futura pensión pública.
Se trataría de una medida que, de llegar a implantarse finalmente, depararía un efecto desigual sobre los trabajadores, ya que algunos podrían salir incluso beneficiados de ella si en el último tramo de su vida laboral, azotada por las crisis económicas, han devenido en sueldos inferiores. Pero para un trabajador-tipo con una carrera de cotización standard implicará un recorte medio del 5% en las futuras pagas.
La idea del Ejecutivo, que no ha sido planteada a la Mesa de Diálogo Social, aunque sí se sustenta en algunas asunciones del Pacto de Toledo, tendentes a reforzar la contributividad y la proporcionalidad entre lo aportado por los trabajadores y lo recibido posteriormente en concepto de jubilación, tiene un marcado perfil de globo-sonda.
Es la manera de maquillar ante la Unión Europea una aspiración de recortar el gasto en pensiones que poco se compadece con medidas en vigor como la revalorización de las pagas incluso en tiempos de tasas de inflación negativas. De este modo, el Gobierno cree ganar tiempo -aunque realmente lo pierde- en su deber inexorable de aplicar actuaciones que disciplinen el gasto del Sistema con criterios intergeneracionales que salvaguarden los ingresos de los jubilados presentes y futuros. Así, Moncloa evidencia que el peso de la UE ha caído sobre el debate de las pensiones, y que los fondos que España recibirá para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus exigen una redefinición de la política económica con efectos visibles de cara a la galería. Porque la controvertida propuesta nace con pocos visos de ser aprobada por el arco parlamentario, dada la impopularidad de sus efectos y la difícil adscripción de los grupos políticos a su defensa ante la ciudadanía.
Como ya denunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en uno de sus más destacados informes, las reformas del Sistema público de pensiones ajenas al consenso y que son rechazadas por el conjunto de la sociedad no prosperan y causan involuciones que redundan finalmente en concesiones al mayor gasto cuando se acercan las citas con las urnas.
Entretanto, el Gobierno busca salvar la cara ante Europa con la propuesta, aunque las generaciones futuras pagarán la factura y el aldabonazo de Bruselas resonará con mayor intensidad si no se abordan y aplican mecanismos que garanticen la sostenibilidad del Sistema a futuro.