Nuevo frenazo del Pacto de Toledo durante el estado de alarma

Son numerosos los proyectos y reformas que el Gobierno de coalición, presidido por Pedro Sánchez, planeaba aprobar en los próximos meses como parte de su agenda de reformas, y que deberán postergarse hasta superar la crisis sanitaria del coronavirus y la reconstrucción posterior de una economía demolida en escasas semanas de parón de la actividad productiva. Uno de los más importantes de la presente legislatura y que parece haber entrado en barrena desde que saltase por los aires el mínimo acuerdo alcanzado entre partidos hace poco más de un año es la reforma del sistema público, cuyos trabajos realizados en el Pacto de Toledo todavía deberán esperar para dar frutos, en lo que es ya el cuarto año desde que el anterior Ejecutivo presidido por el exlíder del Partido Popular, Mariano Rajoy, encomendase la tarea a dicha comisión parlamentaria.

En este sentido, si bien no había muchas esperanzas depositadas en la consecución de un acuerdo unánime sobre las medidas a adoptar en el ámbito de pensiones con la nueva composición de la Comisión -con el concurso de partidos en las antípodas ideológicas- más aún con el precedente de febrero de 2019 cuando Unidas Podemos hizo saltar por los aires el preacuerdo de recomendaciones, lo cierto es que las primeras sesiones de trabajo con la nueva presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, al frente habían abierto puertas al diálogo entre las formaciones al existir cierta unanimidad entorno a un aspecto: se deben retomas las recomendaciones desde el maltrecho borrado propuesto durante el pasado año.

Las claves de la nueva reforma

Un borrador cuyo contenido es clave porque recogía consensos amplios en las dos principales recomendaciones de las 21 redactadas: la de separación de fuentes de financiación y la de la revalorización de las pensiones en función al IPC. En el primero de los casos, se había llegado al acuerdo de que deberán salir del balance de la Seguridad Social aquellos gastos impropios del Sistema como los referentes a la gestión de la Administración Pública y todos los que no tengan un claro carácter contributivo, como pueden ser las ayudas para las políticas activas de empleo. En el segundo de los consensos, el de la subida de las pagas conforme al IPC, aquí fue incluso el PP -impulsor del modelo alternativo de revalorización en función del déficit del Sistema- el que reconoció el fracaso social de los incrementos del 0,25% que estuvieron computando durante cuatro años y que acepto el mantenimiento del poder adquisitivo con la inflación como baremo dando un estoque mortal a la reforma que implantó su partido en 2013.

Frenazo sanitario

Por ello, tras las reuniones de conformación de la comisión y la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, parecía que se atisbaba un pronto final para la fase de las recomendaciones, que podrían haber sido aprobadas antes de la finalización del presente ejercicio, para la posterior elevación de las mismas al Consejo de Ministros, parecía que esta vez sí. Sin embargo, la irrupción del coronavirus y el frenazo de la actividad económica a nivel nacional y social comportará un nuevo retraso en los trabajos de la Comisión, que entrará de lleno en su cuarto año de vigencia. “La reforma de pensiones se retomará cuando acabe esto”, reconocían fuentes cercanas al Pacto de Toledo.

De este modo, si bien es cierto que anteriores ocasiones la reforma de las pensiones fue víctima del afán electoralista de los partidos, esta vez será un daño más de la crisis sanitaria económica provocada por la pandemia Covid-19, que también frenará la agenda de reformas prevista para los próximos cuatro años, y más allá, según las declaraciones del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría mutar por completo los planes de la legislatura en marcha si finalmente se configuran y consensuan unos nuevos Pactos de la Moncloa, como quiere el actual Ejecutivo para poder reconstruir la economía española.