Ningún español podrá cobrar el ingreso mínimo vital en mayo
Iglesias gana la batalla de los tiempos y habrá una medida en mayo, pero los flecos aún por concretar impiden que la paga pueda comenzar a recibirse durante el próximo mes
Nadie podrá cobrar el ingreso mínimo vital en mayo tal y como anunció el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a bombo y platillo durante las últimas semanas de abril y que se sustanció con un comunicado de Moncloa certificando que la medida estaría lista en el mes de mayo, tal y como se filtró a la prensa el miércoles tras la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la comisión parlamentaria del ramo celebrada hace algunas semanas para dar cuenta entre otras medidas impulsadas desde su gabinete de esta ayuda, ya comprometida desde que fue elegido en el cargo en enero de este año. Como advirtió el propio Escrivá en una entrevista realizada recientemente, a la norma del ingreso mínimo vital le queda “más de un mes” hasta que sea aprobada en el Consejo de Ministros. “Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio en la cabeza”, aseguró.
Además, existen flecos por abordar entorno a la medida que impedirán que se pueda empezar a cobrar en mayo, tal y como avanzó este periódico aludiendo a los trabajos técnicos pendiente imposibles de despejar en apenas dos semanas que restan de mes de abril. De este modo, si bien fuentes de Moncloa confirman a elEconomista que con casi toda seguridad el borrador legislativo de la ayuda estará listo para la segunda mitad del mes de mayo, no está seguro aún cuándo podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, de modo que, como mínimo, nadie empezará a cobrar el ingreso mínimo vital hasta junio.
En este sentido, aún son muchos los detalles que faltan por conocerse entorno a la medida como la cuantía final de la prestación, que tan solo a través de las declaraciones de Pablo Iglesias sobre su denostada propuesta de una herramienta de urgencia de carácter temporal se podría situar entre los 500 euros y los 1.000 euros mensuales, pero que carece de toda exactitud al no ser datos ofrecidos por la personas que capitanea el trabajo de lo que será el ingreso mínimo: José Luis Escrivá, autor de la ayuda que se aprobará en pocas semanas. Tampoco es exacto el coste para las arcas públicas, que podría situarse sobre los 6.000 millones de euros, cifra que se aproxima a la estimada por el propio Escrivá en su boceto sobre esta ayuda, que ya elaboró hace más de un año durante su trabajo en la AIReF.
Al menos, tres son los flecos que faltan por concretar para poder dar claridad a estas cifras aún orientativas. El primero de ellos es el cruce de datos fiscales y de renta entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que estas mismas fuentes aseguran “ya está llevando a cabo” y que el ministro aseguró en la comisión parlamentaria de hace unos días que podría estar terminado para la próxima semana. Punto crucial a la hora de detectar cuál es el volumen real de renta de los hogares y dirimir cuáles son los verdaderos necesitados.
La clave, en las comunidades autónomas
El segundo de estos flecos es la negociación con las comunidades autónomas para acordar un encaje de esta ayuda con las rentas mínimas regionales ya vigentes. Aquí ya está claro el modelo: serán compatibles, pero, ¿cómo se aborda el encaje? Al ser complementaria a la ayuda autonómica, como anunció Escrivá, se debe ajustar la cuantía para que esto nunca genere situaciones en la que la suma de dos ayudas de situaciones, por ejemplo, en la que estas superen el salario mínimo interprofesional, en 950 euros mensuales -anulando los incentivos de búsqueda de empleo-. Una cuestión que se solventa instaurando una renta mínima de similar cuantía para todo el territorio.
Sin embargo, todas las comunidades autónomas tienen ya implantada una renta similar al ingreso mínimo vital y además las cuantías de estas ayudas son heterogéneas en función del territorio. Hay varias regiones que cuentan con algún tipo de instrumento complementario de renta con una cuantía superior a la que establecería el Gobierno en la versión de urgencia de este ingreso mínimo vital que parte desde los 500 euros, es decir, que la capacidad protectora de estos gobiernos autonómicos sería mayor que la del propio Estado central. Por ello, el Ejecutivo optará como apuntan las fuentes consultadas por este diario, por implantar un tramo único estatal para todo el territorio permitiendo a los gobiernos autonómicos completar dicha prestación en función de las diferentes necesidades concretas detectadas en cada región. De este modo, ninguna autonomía vería mermada esta cuantía que ofertan en la actualidad e incluso, al ‘ahorrarse’ el tramo autonómico, tendrían mayor capacidad de maniobrar para completar estas rentas.
Estamos hablando principalmente de tres regiones: País Vasco, Navarra y Cataluña. En estas tres regiones sería complicado cuadrar el ingreso mínimo de urgencia que buscaba implantar Pablo Iglesias, ya que cuentan con ayudas de similar carácter pero de mayor cuantía que los 500 euros iniciales sobre los que estaría trabajando la Vicepresidencia del Gobierno. El País Vasco con una ayuda de 726 euros incrementa la cuantía propuesta de urgencia en un 45%; en el caso de Navarra (707 euros) la cuantía despega un 41% y en Cataluña (564 euros) supera a la ayuda gubernamental prevista en un 13%.
En tercer lugar está el trabajo de perfilado de los beneficiario que necesitará del concurso de las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos, profundos conocedores de la realidad concreta de las familias, siendo el primer punto de acceso de estos hogares a la prestación. Es decir, una coordinación a nivel nacional y de tal magnitud que hace solo unos días Escrivá aseguraba que le llevaría tres meses en despejar y que tras las presiones del presidente Iglesias se deberá de abordar con la mayor prontitud posible. Unas prisas que, por otro lado, ya han sido censuradas por varias intituciones como el Círculo de Empresarios desde donde su presidente, John de Zulueta, asegura que el “afán propagandístico” de algunos miembros del Gobierno –en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias– puede torpedear el trabajo de años que se lleva realizando en torno a esta medida por parte del ministro Escrivá y que amenza con esterilizar el alcance y eficaci de ayuda prevista para reducir la desigualdad en España.