Escrivá ‘pedirá’ dos préstamos para pagar las pensiones

La Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas que el Gobierno lleva aprobando durante las últimas semanas con objeto de proteger a empresarios y trabajadores que se vieron obligados a frenar su actividad, y no lo hará en las mejores condiciones presupuestarias.

El Gobierno aprobará un segundo préstamo de casi 14.000 millones para la Seguridad Social antes de que acabe el año, para garantizar el pago de las pensiones y de buena parte de las ayudas que se ha previsto como parte del plan de choque económico a causa del coronavirus. Aún está por ver la cuantía exacta de esta nueva inyección para el organismo, pero procederá de los Presupuestos Generales y se prevé sea aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda mitad del año, de cara a afrontar la paga extra de los pensionistas del mes de noviembre.

La cuestión es que con los 13.830 millones de euros ya liberados -tras ser aprobados en Consejo de Ministros- no llegará para cubrir todos los gastos que tiene el sistema, que afronta el pago de más de 9 millones de pensiones cada mes con un coste cercano a los 10.000 millones de euros. Si al ello le sumamos el inmenso esfuerzo financiero que supone la cobertura de parte de las ayudas para trabajadores y empresarios afectados por el coronavirus, que superará los 20.000 millones de euros, y la sangría de ingresos en cotizaciones por el desplome del mercado laboral en las últimas semanas, parece evidente que la Seguridad Social precisará este año de recursos extraordinarios más allá de los previstos ante un escenario de normalidad.

Sin embargo, aunque aún no está confirmada la cantidad de este segundo préstamo, es probable que, como mínimo, sea de la misma cuantía que el ya liberado hace unos días, cercano a los 14.000 millones de euros. “El primer préstamo se va con las ayudas para empresas y trabajadores”, aseguran a este diario fuentes de Moncloa, dando por hecho la necesidad de extender la línea de crédito antes de que finalice el ejercicio para asegurar todos los pagos comprometidos. En este punto, cabe recordar que, a diferencia del anterior préstamo, que está recogido en los Presupuestos Generales de Cristóbal Montoro aún vigentes -por lo que no suponía un incremento de deuda- este segundo crédito que se conceda a la Seguridad Social sí que impactará directamente en el déficit de las Administraciones, ya que se deberá financiar con casi toda seguridad a través de deuda pública.

La deuda se cronifica

En este sentido, la deuda de la Seguridad Social con el Estado amenaza con petrificarse y perpetuarse como el mayor agujero de toda la administración pública. elEconomista ya informó en sus páginas de un repunte histórico del pasivo del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, hasta el 6% del PIB, rozando los 70.000 millones de euros. Sin embargo, de abonarse un segundo crédito de cuantía similar para este año, el Sistema sumaría casi otros 14.000 millones de euros al pasivo, situando el conjunto de su deuda con el Estado en los 83.000 millones de euros, un 7% del PIB.

Sin embargo, la partida es apremiante para un organismo que el pasado año registró un déficit de 17.000 millones de euros, un 1,4% del PIB. Hay que recordar que solo en los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso de en torno a 20.000 millones de euros y que puede generar tensiones de liquidez al Sistema.

Además, de las nuevas medidas del Gobierno por el coronavirus, la Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas: que prevé una merma de ingresos por la vía de la pérdida de afiliaciones al Sistema y la bonificación de las cotizaciones a los empleados afectados por un ERTE y un alza del gasto por la vía de la nueva ayuda para trabajadores autónomos de carácter extraordinario, extendida a causa del cese de actividad.

En conjunto, el plan de choque del Gobierno frente al coronavirus conllevará una elevación de la deuda pública hasta el 106% del PIB a cierre del año 2020 -desde el 95,5% de diciembre del año anterior-, es decir, en aproximadamente 130.000 millones de euros. En el escenario más adverso -ante una fuerte recesión económica- el pasivo público llegaría al 115% del Producto Interior Bruto (PIB).

Si el Estado finalmente gasta en esta crisis sanitaria los 117.000 millones anunciados, “algo difícil de creer”, subraya el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles, “y además soporta una pérdida de ingresos por menor recaudación fiscal que puede estimarse en un 2% del PIB, es decir, unos 24.000 millones, estamos hablando de unas necesidades de financiación extraordinarias en torno a los 140.000 millones de euros en este ejercicio”, explica el experto. Esos 140.000 millones serían minorados por otras partidas, prosigue, lo que podría hacer descender la necesidad final de endeudamiento a unos 130.000 millones, lo que significa que la deuda pública emitida a final del ejercicio sobre PIB pasaría de aproximadamente el 95,8% actual a un 106% aproximadamente; lo que en volumen significaría pasar de los 1,188 billones actuales al entorno de los 1,210 billones a cierre de 2020.

La deuda pública española cerró 2019 en el entorno del 96% del PIB, aunque en enero de este año bajó ligeramente en términos porcentuales: el endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas registró en el primer mes del año, antes del azote de la crisis del coronavirus, un incremento del 0,6% respecto al mes anterior al sumar 7.049 millones de euros, hasta los 1,195 billones de euros, con lo que volvió a aproximarse a sus máximos históricos en el arranque del año y alcanzó el 95,8% del PIB, tres décimas más a nivel mensual pero casi dos puntos menos a nivel interanual, según los datos publicados este martes por el Banco de España.