Euskadi rechaza rebajar impuestos para competir con otras autonomías

En una situación económica como la actual, con una crisis energética y una inflación que vacían los bolsillos de la sociedad en general, las comunidades autónomas se han sumado al Gobierno central en la concesión de ayudas para paliar los efectos de la factura energética y de la creciente carestía de los alimentos, entre otros.

Pero el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez también está aprobando nuevos gravámenes no tan bien recibidos, sobre todo por el sector empresarial, con los impuestos a la banca y a las compañías energéticas, y por las grandes fortunas, con el denominado impuesto de solidaridad, que pretende recaudar lo que queda sin ingresar por la eliminación de Patrimonio en algunas autonomías, como en Madrid y Andalucía.

Esta utilización de las herramientas fiscales para bajar o eliminar impuestos y así lograr atraer nuevas inversiones empresariales no es compartida por el Gobierno vasco que preside Iñigo Urkullu. De hecho, Euskadi tiene pendiente una revisión de su fiscalidad, que la pandemia primero y la crisis actual después han demorado.

Unos 150 millones

En este contexto, el debate sobre la eliminación del Impuesto del Patrimonio vasco se ha vuelto a avivar. Desde el Gobierno autonómico se recuerda que la recaudación por este tributo es de unos 150 millones de euros de un total de 16.000 contribuyentes, lo que supone el 0,28% de la población vasca, y que este no es el momento para abordar una reforma al respecto.

El modelo de financiación de Euskadi es diferente al que puedan tener comunidades como Madrid y Andalucía y es “un modelo a riesgo total”. “Exige una disciplina de cara a los ingresos enorme y exige también una disciplina enorme de cara al gasto, con el objetivo de que siempre exista un equilibrio entre los ingresos que esta comunidad a través de sus haciendas forales es capaz de lograr y los gastos que podemos sostener con esos ingresos”, precisó el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.

En esta línea, Iñigo Urkullu, hizo también un llamamiento a ser “muy responsables” en las decisiones que se adopten sobre fiscalidad para garantizar los servicios públicos y fomentar actividad económica y generación de empleo. “Debemos, primero, evaluar con rigor los resultados de una reforma aprobada hace cuatro años y que está funcionando correctamente”, indicó.

Récord de recaudación

Precisamente, las tres haciendas vascas batirán sus previsiones de recaudación para el presente ejercicio 2022, ya que ingresarán 17.109 millones de euros frente a los 16.290 millones estimados hace un año. Así, lo comunicaron los diputados generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, en la reunión del Consejo de Finanzas Públicas.

Respecto al próximo 2023, las noticias siguen siendo buenas ya que el Ejecutivo autonómico prevé un incremento del PIB nominal del 5,1% y, en términos absolutos, las Diputaciones forales recaudarán 18.072,9 millones de euros. Aunque en todos los tributos se va a recaudar por encima de lo previsto en un primer momento, Sociedades (+12,02%) y los impuestos especiales (+12,75%) son los que mayor crecimiento experimentan frente al resto. También el repunte de los precios inyecta más potencia de la normal al IVA y el IRPF registra subidas por la actividad que está teniendo el empleo.

Sobre el destino que se dará a esa recaudación mayor de la esperada, Azpiazu señaló que parte de esos recursos extraordinarios “ya se han ido poniendo encima de la mesa a través de programas de ayudas a sectores como el primario, el plan Renove del transporte o los distintos aplazamientos tributarios”.

Deflactación sobre el IRPF

Asimismo, las instituciones vascas acordaron establecer una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año 2023, una medida que se añade a la deflactación del 5,5% aplicada este año 2022 en este tributo, con el objetivo de minimizar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes.

La decisión de aplicar esta nueva deflactación en 2023 se produce después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, propusiera esta medida en el pleno de política general del Parlamento vasco celebrado el pasado 22 de septiembre. La deflactación -cuya aprobación deberá realizarse en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa- consiste en la adecuación de la tarifa del IRPF para evitar que los contribuyentes cuyos salarios han aumentado por la inflación acaben pagando más impuestos.

Además, el Consejo vasco de Finanzas prorrogará en 2023 la deducción de 200 euros para las bases imponibles inferiores a 30.000 euros, y una reducción gradual de la misma para bases imponibles entre 30.000 y 35.000 euros.

El PSE-EE, el socio del PNV en el Gobierno vasco, cree que “la medida de deflactar no resuelve por sí sola el fondo de la cuestión ni impide que la gente siga perdiendo poder adquisitivo”.

Por su parte, EH Bildu y Elkarrekin Podemos reclaman una reforma fiscal, mientras PP+Cs defiende una rebaja impositiva y Vox señala que se deben tomar “medidas contundentes”.

Esta medida de la deflactación se enmarca dentro de un programa denominado Hitzartuz, dotado con 400 millones de euros y que se financiará “con recursos presupuestarios propios, fondos extraordinarios del recargo a empresas energéticas y financieras y fondos europeos”, apuntó Urkullu. Además de estas ayudas, en abril se dio una primera respuesta a la crisis actual con un programa de medidas de 200 millones.

Junto a la deflactación que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, el programa contempla un aumento del 10% en las Ayudas de Emergencia Social (AES), una línea de crédito especial para empresas intensivas en energía, pymes y autónomos, así como ayudas al sector de alimentación para mitigar el impacto de la inflación y otras ayudas de eficiencia energética.

Alta competitividad fiscal

Con todo, las tres diputaciones vascas son las que tienen las mayores ventajas fiscales de toda España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2022. El estudio, que elabora anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington D.C., otorga puntuaciones sobre 10 a los sistemas tributarios de los 19 territorios españoles con capacidad impositiva (16 comunidades y las tres diputaciones vascas).

Madrid se sitúa como la más “competitiva” en este ámbito, con 7,43 puntos, y Cataluña como la menos “competitiva”, con 4,57 puntos. El segundo puesto, por detrás de Madrid, lo ocupa Bizkaia con una puntuación de 7,11 sobre 10. Le sigue Álava con un 7,07 y Gipuzkoa con un 6,91.

En el caso de Bizkaia, el informe señala que entre 2017 y 2022 el territorio ha reducido su calificación en 0,17 puntos, ya que llegó a estar en el primer puesto, por delante de Madrid, pero que ha deflactado en varias ocasiones la tarifa del IRPF y ha incrementado las deducciones por descendientes.

También valora que en 2021 la provincia de Bizkaia elevó de 12.000 a 14.000 euros el límite por debajo del cual no existe obligación de tributar en el impuesto sobre la renta.

Por su parte Álava ha bajado su puntuación en 0,14 puntos desde 2017, pero está en tercera posición porque también ha deflactado la tarifa del IRPF e incrementado las deducciones por descendientes, además de elevar a 14.000 euros el límite para no tener que autoliquidar.

Gipuzkoa ocupa la cuarta posición y desde 2017 ha mejorado ligeramente su puntuación en una centésima. En 2018 recuperó el impuesto sobre el Patrimonio igualándolo al de Álava, pero con un mínimo exento más bajo. También ha hecho deflactaciones del IRPF y al igual que en Bizkaia y Gipuzkoa ha establecido que los contribuyentes con un sueldo bruto igual o inferior a 14.000 euros anuales no tributen en el impuesto sobre la renta, junto a otras ventajas para familias monoparentales.

Previsiones económicas

El Gobierno vasco ha rebajado las previsiones de crecimiento económico de Euskadi para 2022 y 2023, debido a la fuerte inflación y a la prolongación de la guerra en Ucrania, pero descarta la recesión. Así, prevé un crecimiento del 4,3% en 2022, frente al 4,5% anterior, y del 2,1% en 2023, frente al 4,1% inicial.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, explicó que “las nuevas previsiones están condicionadas a la evolución favorable prevista de la inflación durante los próximos meses, dado que, si la inflación tuviese un comportamiento peor al considerado en este escenario, la consecuencia sería un menor crecimiento para el año próximo”.

En materia de empleo, informó el consejero vasco de que el escenario actual anticipa una “significativa reducción” de la tasa de paro, que llegará al 8,8% de media este año y que bajará al 8,3% el próximo, lo cual se traduce en una creación de unos 26.000 puestos de trabajo este año y de unos 12.000 empleos el próximo.

Sobre una posible entrada en recesión, Pedro Azpiazu afirmó que “yo no veo recesión en este momento y con los datos actuales”, sí una desaceleración. “El fuerte impulso de la economía vasca en el segundo trimestre no esconde que se está produciendo una desaceleración en el ritmo de crecimiento, que se extiende a todos los sectores principales”, señaló.