La nueva ley que situará a Euskadi como referente de la protección ambiental
El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, que establece el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma Vasca. Con la nueva ley se deroga la norma que ha liderado durante más de 20 años la política ambiental. En las últimas décadas, ha habido una avalancha de directivas, reglamentos y otros contenidos técnicos para proteger el medioambiente que han resultado en procedimientos complejos de autorización. Esto, sin duda, ha podido ser un obstáculo para que las empresas desarrollen su actividad económica de manera eficiente, a cambio de cumplir con los objetivos medioambientales.
Con esta nueva Ley se pretende simplificar, agilizar y unificar los procedimientos administrativos de intervención ambiental. En este sentido, la norma regula los procedimientos de Evaluación Ambiental, Autorización Ambiental Integrada, de Licencia de actividad, de Comunicación previa, y destaca el establecimiento de un nuevo sistema de intervención administrativa: la Autorización Ambiental Única (AAU). Así, las actividades, especificadas en el Anexo I.B de la ley, deberán adaptarse y obtener la correspondiente AAU en un plazo de entre 2 y 5 años.
La ley vasca contempla instrumentos de mejora ambiental como la participación en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) y la utilización de la Etiqueta Ecológica, mediante su incorporación en los procedimientos de contratación pública, así como la reducción o eliminación de la aplicación de requisitos normativos a las firmas registradas en EMAS. También se citan como instrumentos, el fomento de la utilización de la huella ambiental y la compra pública verde. Está previsto, además, la creación de un sistema de fiscalidad ambiental por el que las administraciones públicas podrán crear tasas por emisión de autorizaciones, licencias o comunicaciones previas, tributos que graven las actividades con afección ambiental, y bonificaciones o exenciones para las que fomenten la prevención, reutilización y el reciclado de residuos.
En definitiva, se pretende garantizar un alto nivel de protección ambiental en consonancia con la realidad económica y social vasca actual, compatibilizando las distintas actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan.