Resistir y negociar, claves para 2022
Durante los últimos meses de 2021 se observó un incremento notable de la incertidumbre que rodea el entorno económico, provocado, fundamentalmente, por el acusado aumento del coste energético, el desabastecimiento de determinadas materias primas y su correspondiente subida de precios, así como el encarecimiento de los costes de transporte.
Cada uno de los factores anteriores mencionados afecta, en mayor o menor medida, a la actividad productiva de las empresas, en sus cuentas de resultados y en sus flujos de caja, ya de por sí negativamente impactados por los meses de recesión consecuencia de la pandemia. No obstante, existen, como es lógico, sectores especialmente sensibles a este tipo de perturbaciones observadas desde la reactivación de la actividad económica, como es el caso de la industria manufacturera.
En este sentido, País Vasco destaca por su tejido industrial y su especialización productiva en ese sector, de forma que la contribución de la industria manufacturera en su PIB alcanza el 21,4% (el tercero más elevado tras Navarra y La Rioja), además de concentrar en torno al 10,5% de la producción de la industria manufacturera española. Esto explica también el elevado peso de las exportaciones en el PIB de País Vasco, que asciende al 34,1% frente al 23,4% de promedio nacional, siendo los principales bienes exportados vehículos terrestres, reactores nucleares, calderas y máquinas mecánicas, hierro y acero y sus manufacturas.
De hecho, las consecuencias de los factores anteriormente citados no han tardado en percibirse en las empresas vascas o del norte peninsular pertenecientes al sector manufacturero.
Así, las empresas electrointensivas, caracterizadas por una extrema sensibilidad al coste de la electricidad al constituir éste un porcentaje muy elevado sobre el total de sus costes productivos, se han visto obligadas a parar o reducir su actividad. Un ejemplo es el de la siderúrgica Sidenor, que anunció paradas en la producción de su planta de Basauri (Bizkaia) y de forma progresiva en el resto de instalaciones productivas, mientras que ArcelorMittal está efectuando “paradas cortas y selectivas” en algunas plantas europeas, entre las que se incluyen las guipuzcoanas de Olaberria y Bergara.
Centrándonos en la automoción, la escasez de semiconductores ha ocasionado una reducción de las previsiones de venta de los grandes fabricantes, de su actividad productiva y, consecuentemente, el cierre temporal de fábricas en todo el mundo. Esto es debido a la disrupción en la cadena de suministros, lo que, a su vez, está arrastrando a la industria de componentes auxiliares a enfrentarse a un aplazamiento de los pedidos que ya estaban confirmados previamente.
Prácticamente la totalidad de las marcas de automóviles han anunciado paradas de sus instalaciones productivas y, en consecuencia, los fabricantes de componentes se han visto forzados a adoptar medidas similares, como, por ejemplo, Gestamp en su factoría vizcaína de Abadiño.
Las empresas del resto de subsectores de la industria manufacturera están experimentando un deterioro considerable de sus márgenes y, en el caso de las compañías exportadoras, una pérdida de competitividad puesto que los incrementos de los precios de las materias primas y del coste de la electricidad no están afectando por igual a los diferentes países. Este hecho impactará no sólo en sus resultados sino también en la disponibilidad de fondos y en la liquidez de las organizaciones y, en definitiva, en la viabilidad de las mismas.
Una de las primeras implicaciones que se deriva de todo lo anterior es la necesidad de adecuar temporalmente la estructura productiva a las paradas de actividad o a la disminución de la producción, mediante los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, a los que nuevamente han recurrido gran parte de las empresas pertenecientes a la industria manufacturera.
Por otra parte, las interrupciones de la actividad productiva acarrean, obviamente, retrasos o incumplimientos de los compromisos adquiridos en los contratos de suministro suscritos con clientes, lo que hace necesario que las empresas entablen procesos de negociación, ya sea sobre las penalizaciones o indemnizaciones que se derivan del incumplimiento o sobre las propias condiciones pactadas previamente en los contratos. Éstas, ante las nuevas circunstancias, pueden resultar especialmente gravosas y generar desequilibrios económicos inasumibles que hagan imprescindible renegociar determinados términos contractuales.
En otros casos, la situación puede desembocar en un procedimiento de reclamación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de los incumplimientos (como por ejemplo los sobrecostes originados por la sustitución del proveedor, penalizaciones por retrasos incurridos, ...) o incluso en la rescisión unilateral del contrato.
En definitiva, durante este ejercicio 2022, las empresas que conforman una parte relevante del tejido industrial de País Vasco tendrán que hacer frente al reto de lidiar con la incertidumbre que caracteriza el contexto económico internacional, resistir y mitigar las adversas condiciones de suministro en términos de abastecimiento y de coste de estos factores de producción clave para las mismas.
Y, en paralelo, como parte de este ejercicio de resistencia, deberán afrontar procesos de negociación o, en su caso, disputas de naturaleza económico-financiera con clientes, proveedores y trabajadores.
De los resultados de dichas negociaciones o disputas dependerá también la probabilidad de superar la convulsa etapa que atravesamos y que, según muestran las previsiones, nos acompañará durante gran parte de este año.