25.000 millones: el coste directo del terrorismo de ETA

El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, con la participación de varios grupos de investigación de otras universidades, impulsó a partir de 2013 diversos estudios sobre el impacto del terrorismo, y publicó en 2017 el libro “Misivas del terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial”. Cuando se cumplió una década del fin violencia, el 10 de diciembre, se publicó un resumen actualizado de esos y otros trabajos sobre el tema en la revista de Deusto Business Alumni.

“Se han realizado diversas evaluaciones y estimaciones, pero quizás las más completas corresponden al informe pericial que se elaboró en relación al sumario 35/2002 abierto por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional”, explica Luis Ramón Arrieta, colaborador del Centro de Ética Aplicada. “Se peritaron los costes de secuestros, extorsiones, atracos, cierre de Lemóniz, Autovía Leizaran, consorcio de Compensación de Seguros, costes laborales y sanitarios e indemnizaciones, entre otros, y la estimación de ese coste directo supone una cifra, en valor actual, que alcanza los 25.000 millones”.

Además, el coste directo e indirecto se concretó en la deslocalización de empresas y la salida de decenas de miles de empleos y empresarios, pérdida de inversión extranjera, de stock de capital relativo invertido en la economía vasca. “Y lo que, si cabe, es más grave de cara al futuro, una muy importante pérdida de tejido empresarial y vocación emprendedora”, afirma Arrieta.

Pérdida de un 24% del PIB

Ségun un informe del Consejo General de Economistas, País Vasco aparece con una pérdida relativa de PIB del 24% sobre el conjunto del Estado, siendo la comunidad autónoma con peor evolución entre 1975 y 2019. No todos los daños económicos y pérdida de PIB en ese período son achacables al terrorismo de ETA, pero, por otra parte, no hay estudios del impacto positivo de haber contado en ese tiempo con el Concierto Económico, que ha sido un elemento favorecedor de crecimiento económico.

Se calcula que entre 10.000 y 15.000 empresarios fueron extorsionados y que hasta 40.000 personas se vieron obligadas a trasladar su residencia fuera de País Vasco y que esas salidas estuvieron ligadas a la deslocalización de sedes sociales y centros operativos. Destaca el caso del Banco de Vizcaya que, tras el atentado de febrero de 1983, su Consejo de Administración decide el traslado a Madrid.

La “microextorsión”, exigencia de aportaciones económicas a tiendas, pequeños despachos, autónomos y otros establecimientos comerciales vascos, supuso el cierre de muchos pequeños negocios y el traslado de otros hacia otros lugares de España. Otro factor es que en los años 80 y 90, se produjo una importante deslocalización de depósitos bancarios de País Vasco hacia otras latitudes de la península. Algunos ahorradores tenían miedo de que se conociera su disposición económica. La inversión extranjera también fue golpeada. Entre 1966 y 1971 la cuota media del País Vasco del total de la inversión extranjera directa (IED) española se elevó al 6,7%. Entre 1993-2011 la media fue del 1,8%. Aunque había multinacionales interesadas, atraídas por la capacidad normativa del Concierto Económico, sus inversiones no se concretaron por ser “zona de acción de grupos terroristas”. “Hay que recordar que unos de los objetivos de ETA era alejar a los inversores extranjeros”, recuerda Arrieta.

Por si fuera poco, País Vasco presenta el mayor descenso relativo en el stock de capital desde los años 70 entre todas las CCAA y, adicionalmente en los datos de este siglo, todos los grandes sectores han crecido menos que a nivel estatal. Hoy la cifra es casi un 50% menor que en aquellas fechas. En esta línea, el trabajo The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country, de los profesores Abadie y Gardeazabal (2003), muestra que el PIB per cápita de Euskadi creció un 10% anual menos que su potencial, en las décadas de los 80 y 90.