El ‘éxito’ de las EPSV y el reto de la generalización
La Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) de Euskadi, que tengo el honor de presidir, ha dado a conocer a la opinión pública los resultados del ejercicio 2021. Sin caer en la autocomplacencia, se puede afirmar que los datos presentados merecen la calificación de buenos, si bien, como es sabido, en el ahorro-previsión lo importante no son los episodios concretos sino el resultado a largo plazo que, en nuestro caso, afortunadamente, también es óptimo.
Así, las prestaciones satisfechas por las EPSV durante el ejercicio 2021, superaron los 740 millones de euros, de tal manera que estas entidades han abonado a sus personas socias y beneficiarias más de 4.200 millones de euros en los últimos cinco ejercicios, reafirmando una vez más, y es lo importante, la labor de protección social que desempeñan estas entidades en Euskadi.
En cuanto al número de socios, medido por el número de cuentas o posiciones, ya que es muy difícil determinar cuántos están duplicados o son socios en suspenso de aportaciones, se mantiene más o menos igual (+0,46%), superando, como viene siendo habitual, el millón cien mil. Por su parte, el porcentaje de socios, incluidos los socios en suspenso de aportaciones, respecto a la población activa ocupada, si tomamos en cuenta el dato del sistema de empleo, sería prácticamente la mitad (52,48%).
En cuanto a las aportaciones anuales al sistema, superaron los 815 millones de euros con un incremento medio del 5,95%, incrementando en 46 millones de euros las realizadas en el ejercicio pasado.
Por último, y ya termino con los datos, el patrimonio de las EPSV federadas del País Vasco, por primera vez en su historia, han superado los 28.200 millones, 1.700 millones más que en el ejercicio pasado. Este patrimonio representa más del 36% del PIB de Euskadi, porcentaje similar a la media UE14 (35,20%), y muy superior a los sistemas del Estado (10,5%), si bien, como siempre remarcamos, todavía muy alejado de los países más desarrollados en este ámbito, que alcanzan ratios del 58% al 210% del PIB, así como de la media OCDE que es del 63,50%.
Esta “experiencia de éxito”, como se la ha tildado a la previsión social complementaria (PSC) articulada en el País Vasco mediante EPSV, ha sido tomada por el Gobierno español como modelo para sus nuevos planes de pensiones de empleo en lo relativo a la extensión del sistema mediante la negociación colectiva. Su objetivo sería conseguir en diez años algo equivalente a nuestra realidad.
Para ello, el pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, con lo que la norma ha iniciado ya la tramitación parlamentaria.
Esta iniciativa normativa, a nuestro parecer, tiene luces y sombras. Dentro de las primeras, podríamos destacar la obligación de las empresas de negociar y, en su caso, acordar con los representantes legales de las personas trabajadoras, sistemas de previsión social de empleo en la forma que se determine en la legislación laboral; retomar la no inclusión en las bases de cotización de las contribuciones empresariales satisfechas a los planes de empleo; que, con carácter general, las prestaciones de los planes de empleo simplificados se deban percibir en forma de renta y que estos instrumentos puedan ser una plataforma de enganche al sistema previsional para los trabajadores autónomos.
En cuanto a las sombras, lo que más preocuparía es que el sistema que se ponga en marcha en el Estado interfiriera en la competencia que tiene reconocida estatutariamente la Comunidad Autonómica Vasca en materia de EPSV y que, por ende, se produzca una discriminación entre instrumentos previsionales, primando los nuevos planes de pensiones en detrimento de realidades preexistentes, como sería, por ejemplo, en Euskadi el tema de la aptitud de los compromisos por pensiones presentes o futuros recogidos en convenios colectivos e instrumentados mediante EPSV.
Para tratar de soslayar tales inconvenientes y eventuales diferencias de trato, desde la Federación que presido estamos manteniendo contactos frecuentes y directos con grupos parlamentarios y con los dos Gobiernos concernidos, que esperemos que lleguen a buen puerto.
Resulta evidente que el mundo de las pensiones ha cambiado y que es más que probable que, para disponer de una pensión digna, ya no bastará solo con la pensión pública, sino que deberá ser apoyada, como en la mayoría de los países de Europa, por una prestación complementaria.
En la actualidad, el régimen público de la Seguridad Social está pagando pensiones que representan entre el 70% y el 80% del último salario. Sin embargo, las reformas paramétricas que adoptan los diferentes países no pasan precisamente por su fortalecimiento.
Por ello, partiendo siempre de la base de que el sistema público debe ser el pilar fundamental del sistema de protección social en materia de pensiones, el principal reto que, a mi juicio, tiene la PSC articulada mediante EPSV y, especialmente, los sistemas de empleo a día de hoy, sería complementarlo de una manera adecuada y suficiente. Esto pasaría por adoptar una serie de medidas dirigidas a generalizarlo a corto plazo entre la ciudadanía vasca, llegando, como postula el Gobierno Vasco, al 70% de la población activa, con el fin de procurar un grado de cobertura que permitiera llegar al entorno del 20% del salario final y así mantener nuestra calidad de vida una vez que nos jubilemos.
A tal fin, considero indispensable un acuerdo interinstitucional que concite el apoyo de los agentes sociales y del sector y propicie un entorno normativo mercantil y tributario amable para las EPSV, siempre con el objetivo de coadyuvar a la consecución en Euskadi de un sistema de pensiones suficiente, sostenible, adecuado y seguro, como así se predica desde las instancias europeas.