Y después de la tempestad... ...llegó una nueva borrasca

No siempre llega la calma después de un periodo complicado o tormentoso. Tras varios meses de reconstrucción y readaptación a la era post-Covid, la economía -que empezaba a recuperarse favorablemente- se enfrenta ahora ante un nuevo temporal: el incansable y al parecer inexorable ascenso de la tarifa eléctrica.

El MW/hora se ha convertido en la pesadilla diaria de la sociedad en su conjunto, porque su escalada nos sorprende cada jornada con nuevos récords históricos, del mes, del día de la semana, etc., que se trasladan al recibo de la luz. Una agonía que afecta tanto a empresas como a ciudadanos y que tiene su tope legal, nada más y nada menos, en los 3.000 euros.

El pasado 6 de julio fue el último día que rigió el tope de 180 euros el MW/hora, que el regulador español fijaba para las ofertas realizadas en la subasta del mercado mayorista. La presión de Bruselas le obligó a marcar una franja, desde -500 euros hasta los 3.000 euros el MW/hora, en línea con el resto de los socios comunitarios. En países como Bélgica o Alemania ha habido precios negativos; en España al ritmo actual se sobrepasarán pronto los 300 euros. El problema reside en el gas, que marca el precio del resto de tecnologías.

Y esa subida del coste eléctrico ya está haciendo mella en la competitividad de algunas compañías, sobre todo en las más intensivas en consumo de electricidad como las siderúrgicas, entre otras. En Euskadi, Sidenor dio la voz de alarma la pasada semana al anunciar que parará la producción 20 días hasta fin de año, lo que supone una reducción del 30% sobre el total de jornadas programadas en el periodo.

Días después, el gigante ArcelorMittal se sumó a la iniciativa y avisó que realizará paradas selectivas de producción debido a los altos costes energéticos.

Con el objetivo de evitar un efecto dominó en la industria, el Gobierno vasco ha propuesto una serie de medidas al Ejecutivo central y a la Comisión Europea, entre ellas, la eliminación y/o aplazamiento temporal en la factura eléctrica de las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares o la anualidad del déficit tarifario, que pasarían a ser asumidos por el Estado. El ahorro podría alcanzar el 45% de la factura. También se plantea la adopción de una política energética común que permita invertir en la adquisición y almacenamiento conjunto y disponer de una reserva estratégica de gas como energía de transición.

Las cartas están repartidas y sobre la mesa, a la espera de que todos los jugadores involucrados tomen parte en la partida.