A vueltas con la fiscalidad: el ‘team’ Ayuso gana adeptos en Euskadi
Todo comenzó a principios de este mes cuando el lehendakari Iñigo Urkullu opinó sobre la bajada de impuestos propios e IRPF realizada en la Comunidad de Madrid. Habló claro y sin tapujos sobre estas políticas de Isabel Díaz Ayuso y denunció lo que a su entender supone una competencia desleal frente al resto de comunidades autónomas. De dumping fiscal calificó Urkullu las medidas aplicadas por la líder popular y señaló la intención de convertir la capital de España en una especie de paraíso fiscal.
Argumentó el presidente del Gobierno vasco que Euskadi ha recibido en varias ocasiones acusaciones de privilegio por su política fiscal, basada en un sistema de riesgo unilateral. Y dejó caer que Madrid podría apoyarse en el Gobierno de España, amparada en la financiación autonómica, en caso de necesitarlo.
La presidenta madrileña no se hizo esperar y cargó sin piedad contra Euskadi y su lehendakari, primero con el discurso manido y poco documentado de tener un régimen fiscal a la carta, segundo con un infantil “nos tienen envidia porque estamos mejor”, hasta la estocada de gracia al acusar de ejercer “políticas autoritarias propias del nacionalismo, que empobrecen a la gente”.
Pero Urkullu no solo recibió la réplica de Ayuso, sino que también se alborotó su propio gallinero. Diferentes miembros de la patronal vasca aprovecharon la coyuntura para afirmar que Madrid es una comunidad muy competitiva para captar inversión y talento y que Euskadi ha perdido parte de su atractivo. Según los representantes de los empresarios vascos, el impuesto de Patrimonio -que no existe ya en la comunidad madrileña- perjudica a la hora de atraer proyectos.
Ante estas peticiones, el Gobierno vasco defiende que no es momento de reflexionar sobre fiscalidad, que hay que pensar en la recuperación y que los impuestos son necesarios para parecerse a los países del norte de Europa, más avanzados y con mejor calidad de vida. Urkullu echó en cara a la patronal que aplaude el modelo madrileño “desde sus propios intereses”, mientras que la obligación del Ejecutivo es atender a los intereses del conjunto de la ciudadanía. El debate está zanjado...por el momento.