La aceleración de la agenda legislativa medioambiental y su impacto en las empresas
La pandemia mundial que estamos viviendo tiene consecuencias económicas y sociales aún incalculables y ha impulsado, de manera muy importante, la transformación económica, social y ambiental. Ante esta situación de crisis sanitaria y económica, Europa elabora el plan Next Generation EU, el mayor paquete económico jamás concedido por la Unión Europea, que pivota sobre cuatro ejes que articulan los proyectos contemplados en él, siendo el de transición ecológica el que recibirá el mayor volumen de las inversiones previstas en el programa de ayudas Next Generation EU. Esto, sin duda, va a suponer una aceleración en la agenda medioambiental y un incremento en la regulación.
En España, esa cifra asignada al ámbito medioambiental ha superado los márgenes establecidos por la Unión Europea. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado a Bruselas el 30 de abril, ya incluye, entre sus diez políticas tractoras, una dedicada a la Transición energética justa e inclusiva.
En este contexto, la futura ley de residuos y suelos contaminados, que actualmente está en fase de tramitación parlamentaria, pone el foco en mejorar la gestión de los residuos en España para cumplir con el objetivo comunitario de reciclaje, así como la transición a una economía circular, junto con la Estrategia Española de Economía Circular y otras normas sobre la gestión de flujos específicos de residuos aprobadas durante los últimos meses (vehículos al final de su vida útil, neumáticos fuera de uso, depósito de residuos en vertederos, etc).
A pesar de que el Gobierno insiste en que ayudará a las empresas con partidas económicas específicas para el cumplimiento de la futura Ley, hay quienes piensan que finalmente serán los productores los que pagarán la factura, fundamentalmente, en lo tocante a la responsabilidad ampliada del productor del producto y a las obligaciones orientadas a la reducción del impacto de determinados productos de plástico de un solo uso en el Medio Ambiente.
Muchas asociaciones y empresarios consideran que los costes a asumir pueden suponer la ruina para muchas empresas. Además de la Ley de Residuos, que tanto escuchamos estos días en los medios, existen muchas otras normas en materia medioambiental que España debe ir trasponiendo, como es la también aprobada recientemente ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los objetivos marcados en los Acuerdos de París, dirigidos a descarbonizar la economía y generar un modelo circular y de desarrollo.
También, se ha aprobado la hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y tiene previsto aprobar la Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y también han comenzado los trámites para la elaboración del Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, entre otros. Estos son algunos ejemplos actuales de muchas otras que vendrán.
El impacto de tanta normativa en las empresas es un aspecto clave que deben resolver y tratar de gestionar de la mejor manera las organizaciones para asegurar el cumplimento normativo y seguir siendo rentables.
Un factor importante y facilitador en la gestión de la regulación y los impactos normativos en las empresas, va a ser la aplicación de la tecnología para ayudar a las organizaciones tanto a la identificación temprana de las iniciativas legislativas como en su posterior correcta interpretación de las mismas para poder dar cumplimiento a los requisitos legales que apliquen a cada empresa.
La dedicación de recursos humanos especializados en las empresas para gestionar la legislación ambiental es limitada y se está convirtiendo en una actividad de especial importancia. Por este motivo, al igual que otras áreas, como las administrativas, logísticas, financieras, etc., que han digitalizado sus procesos para mejorar la eficiencia y productividad, en el ámbito del compliance medioambiental es fundamental la aplicación de la tecnología para automatizar tareas rutinarias, desde la detección anticipada de impactos normativos y la gestión de los requisitos legales, hasta el registro de evidencias de cumplimiento.
Cada vez más las empresas se están dotando de herramientas que les aportan seguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales y les permite, a su vez, un ahorro de tiempo y recursos como solución al control de la profusa legislación medioambiental existente.
Esta digitalización de la gestión normativa apoyándose en herramientas tecnológicas de gestión del ciclo integral legislativo (desde su comienzo como iniciativas legislativas hasta la extracción de requisitos legales de aplicación a cada empresa), además de garantizar un conocimiento temprano de qué iniciativas legislativas comienza a gestarse, también garantiza el cumplimiento de las obligaciones que afectan a la actividad empresarial a través de la evaluación de las mismas, aportan una actualización continua de la normativa y ofrecen un análisis especializado que ayuda a entender la enorme complejidad de la legislación medioambiental y adaptarse a la misma.
Cabe recordar que la gestión normativa afecta tanto a grandes empresas como a pymes y, el tejido empresarial vasco está principalmente formado por empresas pequeñas y medianas que se verán impactadas por la agenda legislativa medioambiental, lo que les obligará a adaptarse a nuevos requisitos legales y será importante hacerlo de una manera ágil y eficiente. Existen además ayudas e incentivos para pymes en el ámbito de la digitalización y sostenibilidad que sin duda podrán y deberán aprovechar.
En definitiva, llegarán ayudas y se acelerará la transición ecológica pero todo ello implicará cambios normativos y nueva regulación que las empresas deberán gestionar de manera eficiente, dotándose de recursos internos y/o externos especializados y de tecnología, para ser rentables y tener un crecimiento sostenible.