Financiación de la Universidad y tasas académicas
El pasado mes de mayo, Manuel Castells, ministro de universidades, propuso a los consejeros autonómicos la rebaja de tasas universitarias, como solución para evitar que pudiera haber estudiantes que abandonen los estudios como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Este anuncio, se hace en la compleja situación actual, con un enorme déficit en las finanzas públicas, que nos va a llevar a unas cifras de deuda que, de acuerdo a numerosos informes, pueden superar el 120% del PIB; y quizás sean insostenibles a medio plazo. Esa más que previsible evolución, pondrá de nuevo, en difícil situación, la financiación de la universidad pública, como ya ocurrió a raíz de la crisis de 2008.
En este contexto, creo que debemos hacer la reflexión y el análisis de, si ésta medida, es la más adecuada frente al riesgo indicado, y si además está en la línea correcta de una solución más estructural de los problemas de financiación de la universidad española.
Han sido numerosos y amplios los estudios que se han realizado sobre el tema en los últimos años. Destacan por su amplitud y alcance, los análisis y posibles soluciones presentados en el libro Propuestas para la reforma de la universidad española, publicado ya en 2010, por la Fundación Alternativas, con el patrocinio del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso y coordinado y editado por el profesor Daniel Peña de la Universidad Carlos III de Madrid.
En sus conclusiones, y en el apartado de medidas para mejorar la financiación de las universidades, proponía el ligar ésta al número de estudiantes, pero también a la calidad y los resultados conseguidos. Y añadía que “el sistema de tasas bajas para los estudios de grado no es necesariamente equitativo y no incentiva la calidad ni el esfuerzo de los estudiantes”. Hablaba también de ligar esas tasas al rendimiento y la situación económica del estudiante, e incluso de llevar el pago hasta el 70% del coste real de la enseñanza, a partir de un límite de convocatorias para aquellos que, contando con recursos económicos, quisiesen continuar los estudios. Todo ello complementado con un mejor sistema de becas que, junto con el resto de medidas, hicieran accesible la universidad a todas las personas capacitadas.
Hay que recordar que, según un estudio del 2017 de Observatorio del Sistema Universitario (OSU), el gasto medio anual por estudiante universitario en España era de 14.191 euros, frente a 13.051 euros de la Unión Europea. En esa línea, y pese a ser de una formación política diferente, en 2012, el ministro José Ignacio Wert, impulsó medidas para que las tasas se pudieran situar entre el 15% y 25% de los costes totales, a la vez que se incrementaban las becas, lo que permitió que mejorara la financiación de las universidades, en especial las que se encontraban en peor situación.
Hay que destacar que un estudio de la Universidad de Granada del pasado año (Manual Salas Velasco, 2019), publicado en la revista Higher Education, demuestra que el alumnado de la universidad española incrementó su rendimiento tras la subida de tasas referida, y que además, los mejores datos correspondían a aquellas universidades con tasas más elevadas, y los peores a los de tasas más bajas. Esos resultados a nivel español son consistentes con los datos a nivel europeo, donde por ejemplo destaca el caso del Reino Unido, donde un 72% de sus estudiantes universitarios terminan sus estudios en los plazos previstos, frente al 49% en nuestro caso. Coincide que Reino Unido tiene las tasas académicas más altas de Europa, pero con un sistema de becas y de financiación al estudiante que permiten el acceso de todos a los estudios, y además lo convierten en uno de los más sostenibles del mundo.
Otros autores, como el profesor Antonio Cabrales, de la UCL (University College London), abogan también por ese modelo en el que la contribución de los alumnos, sobre el coste total de las carreras universitarias, debe ser mayor que el actual, y toma como referencia de sistemas universitarios algunos que ya lo contemplan como el antes indicado, el canadiense o el australiano, todos ellos con excelentes resultados.
Lamentablemente, en nuestro caso, parece que estamos caminando en la dirección opuesta, y de forma sorprendente, totalmente contraria a lo recomendado. Por el poco tiempo transcurrido desde la iniciativa Wert, no se han alcanzado los límites mínimamente recomendables de tasas académicas -hoy no llegarían de media al 10% de los costes-, pero además el Gobierno actual acaba de derogar, hace unas pocas semanas, aquella disposición que lo permitía, complicando más si cabe una adecuada financiación de nuestras universidades, y apostando por reducir las tasas -acudiendo a la financiación vía más déficit y deuda- de la universidad española.
En opinión de bastantes expertos, subvencionar casi el total del coste real de acceso a la universidad pública, de alumnos de familias con rentas que pudieran pagar una matrícula más próxima al mismo, no es redistributivo ni progresista, sino únicamente electoralista, y yo añadiría, en la situación actual, populista. Hay que tener en cuenta, además, que muchos de esos estudiantes proceden de colegios privados y concertados, donde ya pagaban matrículas significativamente mucho más altas.
Necesitamos abordar un nuevo modelo de financiación sostenible para nuestra universidad, y creo que debería hacerse en la línea de los países más innovadores y avanzados en este campo. Los estudios existentes sugieren también otras acciones de mejora, como el aumento de la colaboración universidad-empresa y el impulso del mecenazgo, la adecuación del sistema de gobierno y sus estructuras organizativas, el establecimiento de objetivos y financiación pública ligada a resultados, y una mayor rendición de cuentas.
Esperemos que los responsables públicos en las diferentes administraciones con competencia en este asunto, cuenten con la opinión y recomendaciones de los expertos, y aprovechen la oportunidad para poner en marcha medidas que resuelvan la situación, ya endémica.