El PNV rechaza la gestión de Sánchez por ignorar al tejido económico vasco

Iñigo Urkullu critica las decisiones unilaterales que se están tomando sobre la crisis del coronavirus desde el Gobierno central, porque no tienen en cuenta la realidad social y territorial de cada comunidad autónoma. El lehendakari exige diálogo, colaboración y certezas para poder adoptar las medidas necesarias al respecto

Las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), su socio en el Ejecutivo central, se vuelven cada día más tensas, debido a los desencuentros que genera la gestión unilateral sobre la crisis del coronavirus que realiza Moncloa. Desde la misma declaración del estado de alerta, el lehendakari Iñigo Urkullu ofreció la colaboración de Euskadi para atender la emergencia, pidiendo a cambio diálogo y consenso sobre las decisiones a adoptar.

Pero tras más de un mes de confinamiento, la comunicación de Sánchez con las comunidades autónomas se basa en la simple transmisión de hechos consumados, sin tener en cuenta la opinión y la propia realidad económica, social y territorial de cada comunidad, según el Ejecutivo vasco. Además, la evolución de la pandemia es diferente por regiones, así como la situación de los medios sanitarios, tejido industrial, etc., por lo que las medidas generales no se pueden aplicar por igual a cada territorio.

En el caso de Euskadi, el impacto del Covid-19 en el empleo, la actividad y la viabilidad de las empresas está siendo y será muy fuerte en el sector industrial, ya que supone más del 24% del PIB, y está vinculado a la exportación y a las cadenas de producción internacionales. Precisamente, uno de los mayores desencuentros entre el PNV y el PSOE surgió a raíz del decreto de la paralización de las actividades productivas no esenciales.

Urkullu propuso al Ejecutivo central que cada autonomía adaptara a su realidad productiva el paro de la actividad, para evitar el “coma económico’”, pero su propuesta fue rechazada,

Salvoconducto

El enfado de la formación jeltzale fue mayúsculo y llegó a sugerir que se replantearía apoyos futuros al Ejecutivo de Sánchez. Esto hizo recapacitar al Gobierno central dos días después de emitirse el polémico decreto, vía salvoconducto. Con él, se permitía mantener la actividad “mínima imprescindible” a aquellas instalaciones “cuya parada prolongada cause daños que imposibiliten o dificulten su puesta en producción o que genere riesgo de accidentes”. El texto respondía, principalmente, a las demandas realizadas por compañías del sector siderúrgico vasco a través de la patronal Unesid, como Sidenor, ArcelorMittal, Tubacex, Celsa o Tubos Reunidos, entre otras.

Aun así, el descontento continuó y el PNV decidió dar un toque de atención a Sánchez y poner en valor el peso de sus seis escaños en el Congreso de los Diputados. El partido nacionalista votó a favor de la propuesta del Grupo Popular en la reunión de la Mesa del Senado, para convocar la Comisión General de las Comunidades Autónomas y debatir sobre la crisis del coronavirus, en contra de la posición del PSOE.

Quizás por esta razón, entendió Sánchez que tenía que dar un paso más para recuperar la confianza del PNV, y por ello realizó sendas llamadas telefónicas al lehendakari Iñigo Urkullu y al presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar, para reconducir la situación y volver a la colaboración, días antes de votar sobre los decretos presentados.

Pero en la última reunión con los presidentes de las comunidades autónomas, el lehendakari volvió a solicitar a Sánchez una colaboración efectiva y eficiente, “primero coordinación y luego comunicación”, y puso de manifiesto que “la certeza es la clave de la coordinación entre comunidades y el Estado”.

Necesidad de certezas

Así, Urkullu pidió al presidente de España certeza en los siguientes ámbitos: infraestructuras, mascarillas, tests, llegada y distribución de suministros, sobre los datos de evolución de la pandemia y la información, sobre los escenarios de aislamiento social, los protocolos de salud en el trabajo, la desescalada o “Plan de vuelta a la normalidad”, sobre los planes de ayuda orientados al empleo y sobre los Acuerdos de Estado que se están planteando.

Sobre estos Acuerdos de Estado, la propuesta de Sánchez de reeditar los pactos de la Moncloa para reconstruir el país una vez superada la pandemia no es compartida por la formación nacionalista que representa el lehendakari vasco. Según declaraciones del portavoz del grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, “ahora no tocan los juegos políticos y especular con mayorías diferentes” y considera que la clave es la aprobación del próximo Presupuesto del Estado.

Y tanta tensión parece trasladarse al Gobierno vasco. Para evitarlo, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha pedido a sus socios que cesen ya las críticas a la gestión de Sánchez y a algunos miembros, que “rebajen el tono”.

A juicio de Mendia, es necesaria la “colaboración extrema, dar prioridad a una labor eficaz y eficiente, y no el reproche de brocha gorda, reiterado, basado en interpretaciones que relacionan el estado de alarma con un 155 encubierto”. Además, la portavoz de los socialistas vascos rechaza la opinión de “los que consideran un disparate la suspensión de las actividades económicas no esenciales, que tachan de especulación el plan para repartir mascarillas, acusando al Gobierno de España de obstaculizar el suministro o calificando de no admisible la situación creada por la gestión del Presidente Sánchez".