El reto de crear una taxonomía social para los activos financieros

A finales de año se conocerá el primer informe de la Comisión Europea sobre esta clasificación de actividades, que arrojará luz sobre la ‘S’ del acrónimo ASG. No será ley, pero explicará cómo funcionará esta nueva taxonomía. Medir este tipo de cuestiones no es fácil, advierten los expertos

La Comisión Europea trabaja en la taxonomía social, que sentará las bases de qué activos financieros son elegibles y cuáles no desde el punto de vista de la inversión con fines sociales (la S del acrónimo ASG, que alude a los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno). Se trata de la segunda taxonomía en la que trabaja la institución, que sacó adelante la verde en junio de 2020. Y será, previsiblemente, antes del final de 2021 cuando publicará el primer informe sobre ella, según señalaron fuentes de la Comisión Europea en un reciente webinar. Cuando hablamos de taxonomía, nos referimos a una lista de actividades económicas y criterios que permite saber en qué medida un activo financiero responde a esos criterios sociales.

Ese documento que se conocerá a final de año no será un reglamento, sino un informe que explicará cómo se estructurará esta taxonomía, elaborado por el Grupo Técnico de Expertos (TEG) de la Comisión; y en él se basará la propuesta que realicen esos expertos a la institución, igual que se hizo antes con su homóloga verde. Previamente, se someterá a consulta pública (la Comisión suele tomar muy en cuenta las aportaciones recabadas en estas consultas).

Contar con una taxonomía social es algo relativamente urgente, para que pueda aplicarse el llamado nivel 2 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Comisión (el nivel 1 ya entró en vigor el pasado 10 de marzo). Ese nivel 2 -que debería estar vigente en enero de 2022- definirá al detalle la información que es obligatorio reportar, y para ello es preciso que esta pata social, así como la de gobernanza, estén definidas. Pero es cierto que el calendario inicial de la UE en su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles ha ido retrasándose de forma reiterada. En el caso de la taxonomía social, se añade el problema de que estas cuestiones no siempre son fáciles de medir. Lo resumió Verónica Sanz, responsable de Análisis de Spainsif (plataforma que promueve la inversión responsable en España), en un evento sobre la S de ASG celebrado el 16 de marzo: “La taxonomía social presenta un problema que la verde no tenía; la verde se basa en ciencia, algo que no ocurre en aspectos sociales”. Por ahora, la UE se está centrando, para ir acotando esa taxonomía, en cuestiones como los derechos humanos, el acceso a la salud, el empleo decente, la igualdad y la no discriminación.

Lluís Peralta, gestor de fondos en GVC Gaesco, explica a Inversión a Fondo que “los indicadores sociales son, por definición, más complejos que los ambientales. Por ejemplo, solo en lo relativo a las prácticas laborales, GRI [la Global Reporting Initiative, organización que impulsa la elaboración de memorias de sostenibilidad] identifica 15 indicadores. Algunos son medibles, como la ratio de accidentes en el trabajo, pero otros requieren un esfuerzo significativo para ser identificados y medidos de forma homogénea (por ejemplo, identificar los proveedores en los que se haya violado el ejercicio de libertad de asociación y negociación colectiva)”, señala. La tarea se complica para las pequeñas empresas, por los recursos necesarios para calcularlos.

Las ratios más “medibles”, serían, según Peralta, “el CEO pay ratio [relación entre el sueldo del consejero delegado y el del empleado medio], las ratios de accidentes laborales, o los porcentajes de mujeres en el consejo. Además, los indicadores tipo checklist permiten cuantificar si una empresa realiza auditorías a sus proveedores, si tiene auditor de sostenibilidad, si cuenta con un protocolo anticorrupción...

Uno de los principales problemas es precisamente la falta de un estándar o unas ratios concretas aceptadas por todos los actores. Se han producido avances recientes en ratios puntuales, como ese CEO Pay ratio, que es de obligada publicación en EEUU o Reino Unido desde 2019. La mencionada iniciativa GRI ofrece, quizá, la mayor aproximación a un reporting homogenizado en temas sociales (al igual que CDP y SBTi se estarían convirtiendo en los estándares en cuestiones climáticas), “pero no todas las empresas siguen sus estándares y menos aún todos sus aspectos”, advierte el gestor de GVC Gaesco. De ahí la “efervescencia” de los proveedores como Sustainalytics, Vigeo, Clarity,“precisamente por la dificultad de agregar y medir estos datos y por la creciente demanda del regulador y los inversores para tenerlos en cuenta”, añade.

Pablo Esteban, del Grupo de investigación Finres de la Uned, coincide en que la labor de crear una taxonomía social “incluye retos de muchísima complejidad; ¿qué medir?, ¿quién debe medirlo?, ¿cómo divulgarlo?, ¿de forma voluntaria u obligatoria?, ¿por parte de empresas grandes, o también medianas y pequeñas?, ¿qué métricas utilizar? Me parece importante consensuar una batería de métricas alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con el Acuerdo de París”, reflexiona.