Los señores de la bolsa doblan el control de sus empresas con el voto de lealtad

Sentarse relajadamente en un mercado que es azote de bajistas no ha sido fácil este año, pero el Gobierno dio en julio un paso definitivo para calmar a los grandes propietarios de la bolsa española. Aun a precios de derribo, las cotizadas donde el control del capital está mayoritariamente en manos de un único accionista o familia verán reforzada su posición para evitar que una opa no deseada salga adelante. El Ejecutivo aprobó este verano, dentro de una normativa más amplia, las acciones de lealtad, una práctica común ya utilizada en otras bolsas de valores europeas.

¿En qué consiste? Básicamente, duplica los derechos de voto en las juntas de accionistas de las cotizadas españolas para aquellos inversores que hayan demostrado su fe en la compañía, lo que, cuantitativamente, se ha fijado en una permanencia mínima de dos años. Ahora bien, la medida no entrará en vigor hasta, al menos, el verano de 2022, ya que debe ser primero aprobada en junta y, posteriormente, transcurrir dos años para que pueda ser utilizada por las compañías.

En la teoría, esta medida duplica los derechos de voto de cualquier accionista de largo plazo; pero, en la práctica, los expertos creen que va en detrimento del minoritario, ya que reforzará los núcleos de control, ya de por sí suficientemente, fuertes en muchas firmas nacionales. Tanto será así que sólo un tercio de las firmas del Ibex 35 sería susceptible de ser opado, que son básicamente aquellas que cuentan con un free float (o capital libre que cotiza en bolsa) elevado. Es decir, los grandes valores: tres bancos como son Santander, BBVA y Sabadell; Telefónica, Repsol e Iberdrola. Los otros dos tercios del selectivo o bien ya están en manos de accionistas de referencia o lo estarán cuando sus inversores significativos dupliquen su peso. ”Estos votos de lealtad reducen las posibilidades de éxito de ofertas (opas), lo que vuelve a premiar en exceso al mayoritario frente al minoritario y resultan también en una peor valoración de la compañía”, asegura Javier Borrachero, socio de Finance Academy y analista de Kepler Cheuvreux. ¿Por qué? Menor liquidez y, en algunos casos, coincide con que el accionista de control es el Estado, algo que suele espantar a los inversores institucionales.

El homólogo legislativo en Francia a las loyalty shares se conoce como Ley Florange que, básicamente ha permitido al Estado galo “bloquear con su 15% la fusión de Renault con FCA (Fiat Chrysler)”, concluye el experto. Algo parecido puede ocurrir en REE o Indra, que ya se consideran activos estratégicos del Estado -como lo fue BME en su opa este año-.

¿Provocará esto una avalancha de opas por parte de accionistas de control? Ni mucho menos. La medida ya contempla la exención para cuando entren en vigor las acciones de lealtad. Todo inversor que supere el 30% del capital al doblar el voto quedará fuera del escenario previsto en la Ley de opas, según el cual, superar esa barrera implica, obligatoriamente, lanzar una oferta por la compañía. En este supuesto se encuentra hasta una decena de firmas del Ibex 35, cuyo accionista mayoritario doblaría su peso en el capital por encima del 30% cuando la medida entre en vigor. Se trata de Naturgy, Inmobiliaria Colonial, IAG, Bankinter, Merlin Properties, Red Eléctrica, Acerinox, Indra, Cellnex Telecom y CIE Automotive -ver gráfico-.