El Tesoro abrirá la ‘llave de paso’ de los bonos sostenibles en España

Quien invierte en bonos sostenibles está colocando su dinero en un proyecto concreto, del que sabe en qué consiste y qué beneficios va a generar (al medio ambiente, en el caso de los bonos verdes; a aspectos sanitarios o de empleo, por ejemplo, en el de los sociales). Esto no ocurre con ninguna otra inversión, solo en este tipo de bonos, “y ahí reside precisamente su belleza”, explica Julián Romero, presidente del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (Ofiso).

El año 2019 ya fue bueno para las emisiones de bonos verdes y sociales, tanto en España como en el mundo, pero 2020 va a suponer, con el empuje del Covid-19, un salto sustancial. Con datos de Ofiso hasta el 15 de septiembre, en este país se han emitido unos 11.500 millones de euros en este tipo de deuda este año, tanto pública como privada. Aún falta un trimestre para cerrar el ejercicio, y la cifra ya supera en un 17% la de 2019. Y el gran crecimiento ha sido en los sociales -ver gráfico en página siguiente-.

Las colocaciones verdes -en que la financiación se destina a un proyecto que genera beneficios climáticos- siguen siendo las más habituales, al acaparar un 59% de lo emitido -el año pasado, un 65%-, pero las sociales alcanzan ya el 25% desde el 15% de 2019. Las sostenibles, por su parte, han caído al 16%. El término sostenible se utiliza para referirse a toda inversión con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), y se denomina bono sostenible al que combina aspectos verdes y sociales.

Otro dato interesante en lo relativo al mercado español es que en 2019 las emisiones ASG representaron un 7% del total de emisiones de renta fija, según los cálculos de Ofiso (al nivel global el dato ronda el 5%), y en lo que llevamos de año se han disparado al 12%, “en parte por el aumento de las emisiones de este tipo, especialmente las sociales debido a la pandemia, pero también por la reducción de las colocaciones tradicionales, particularmente del sector financiero, lo que hace que las sostenibles pesen más”, matiza Julián Romero.

Pero las cifras se dispararán aún más una vez que se haga efectiva la esperada emisión de un bono verde del Tesoro español, que inicialmente se preveía para este año. Mientras diversas fuentes del mercado la sitúan ya en 2021, otros expertos señalan que el Tesoro en absoluto ha aparcado su idea de colocarlo en el presente ejercicio. Sea antes o después, en lo que sí coinciden es en que la entrada de este gran emisor en mercado abrirá la llave de paso para que estas emisiones realmente ganen envergadura. La emisión gubernamental podría tener un tamaño de más de 5.000 millones, estiman.

“El día que la emisión del Tesoro se haga efectiva modificará sustancialmente las cifras, como ya ha ocurrido en otros países”, señala Julián Romero. A primeros de septiembre, Alemania se estrenaba con su primer bono verde soberano de 6.500 millones
-algo que antes ya habían hecho Francia, Polonia o Suecia-. Su éxito fue brutal: la demanda quintuplicó la oferta. El mercado es pequeño todavía para lo que pide el inversor y Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y experto en bonos verdes, considera que oferta y demanda tardarán en encajar: “Tengo la sensación de que esto continuará así mucho tiempo”, afirma.

En 2019, España fue el décimo emisor mundial de bonos verdes, según los datos de la Climate Bonds Initiative (CBI). Este puesto (que se refiere exclusivamente a las colocaciones verdes) podría variar notablemente si sumásemos una milmillonaria emisión del Tesoro. “Este es un proceso dirigido por la demanda”, añade Gómez Retuerto; “Cada vez más inversores requieren que los activos que se incorporan a sus carteras cumplan requisitos ASG; esto en España ha alcanzado un cierto desarrollo, pero inversores alemanes o nórdicos tienen objetivos muy agresivos en cuanto a la preponderancia de las emisiones ASG en sus carteras. Cuando, antes del Covid, viajábamos para dar a conocer el desarrollo del mid market español y las nuevas emisiones, inversores muy relevantes nos preguntaban ¿pero esa emisión tiene etiqueta verde? Nos explicaban que, en 10 años, toda su cartera tenía que ser ASG. Imagina el factor arrastre que eso tiene”, explica. Con unas emisiones dirigidas al institucional, este tipo de activos llegan a las carteras de los minoristas a través de fondos que invierten en empresas y deuda sostenibles; la variedad de productos ASG a la venta en España ha crecido muchísimo y además, esto ya en Europa, hay fondos dedicados exclusivamente a la inversión en bonos verdes, aunque la oferta de este papel sea la que es, limitada.

Arma contra la volatilidad

“En España, la demanda de bonos procede del institucional. Ahora nos encontramos en una etapa de surgimiento de este mercado, y los próximos años van a ser espectaculares”, comenta Ignacio Ezquiaga, director corporativo de banca privada y gestión de activos de Bankia AM, para quien los bonos verdes tienen la ventaja de que, más allá de lo que diga el rating del colocador, el propio bono demuestra que dicho emisor cumple con los aspectos ASG. Precisamente por esa escasez de papel, el inversor en deuda sostenible suele quedarse a vencimiento, ya que, de vender, le resultaría difícil reemplazar ese activo en su cartera. De ahí que, con unas rentabilidades modestas a vencimiento, los bonos verdes y sociales ofrezcan una mayor estabilidad en precio.

Lo explica Gerard-Xavier Vaque, responsable de productos estructurados de Deutsche Bank: “Muchas emisiones de este tipo, en relación con los bonos estándar, sufren menos movimientos [en precio]”. Y aunque ahora a nivel global solo representen el 5% del total de emisiones, “no olvidemos que Europa tendrá que realizar grandes inversiones para cumplir con el objetivo de emisiones, así que habrá papel”. Precisamente, el pasado 22 de septiembre el Banco Central Europeo (BCE) anunciaba que incluirá los bonos verdes en su programa de compras y que los aceptará como colateral.

En un año de crash, “hemos comprobado cómo activos con un sesgo sostenible aguantan mejor”, explica Ignacio Perea, director de inversiones de Tressis. “La caída máxima o drawdown era mucho menor, son activos que te protegen más en momentos de mucha volatilidad”, añade. A ello se suma “la posibilidad de contar con unas métricas de impacto [por toda la información que está obligado a facilitar el emisor sobre el uso de la financiación] en un momento en que la sensibilidad a estas cuestiones es muy elevada”, señala. En un bono “está muy claro qué proyecto estás financiando, mientras que hacer eso mismo con acciones resulta mucho más difícil, ya que tendrías que saber, de la cuenta de resultados, qué es realmente lo que tiene impacto y lo que no”, explica.

Sergio Míguez, socio fundador de Alternative Ratings, matiza, en cualquier caso, que “desde la óptica del analista de fondos, un proceso de inversión ASG es algo más abierto” y que “si pretendemos que la inversión sea sostenible tenemos que hacer muchas cosas con toda la cartera de deuda, no solamente meter en ella bonos verdes”; también comenta Míguez que un bonista tiene menos fuerza que un accionista a la hora de presionar a una empresa para que actúe según los criterios ASG: “Como bonista no participas en la junta de accionistas para influir de la misma forma”, advierte.

Discrepa con él Ignacio Perea: “Se puede ejercer mucha presión financiando proyectos a través de bonos. Me ha sorprendido comprobar la potencia que tienen los grandes fondos cuando salen a buscar emisiones; y, cuando se encuentran en un nivel ético muy alto no solo se fijan en si una colocación es verde o no, sino en cuán verde es”, explica.

Una revolución normativa

Las gestoras tratan de adaptarse al tsunami regulatorio que genera la sostenibilidad. La UE continúa con su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de movilizar los capitales hacia el ASG. Otra pata afecta a MiFID II: los asesores deberán incorporar en el test de idoneidad una pregunta sobre las preferencias del cliente en ASG, entre otras cuestiones. Todo esto supone un esfuerzo “muy importante” para las gestoras, explica Ignacio Ezquiaga. Esta revolución, advierte, “convertirá la inversión no sostenible en peligrosa; igual que ahora nos fijamos en el riesgo de crédito, ese riesgo vendrá dado por que una empresa sea contaminante, o por que carezca de un plan para reducir sus emisiones”.