La protección de los derechos humanos digitales en la era ‘post-Covid-19’
El sector de la salud suele considerarse una buena opción de inversión, tanto por sus resultados financieros como de impacto. Sin embargo, debe enfrentar problemas importantes como el significativo uso y abuso de opioides.
Si bien el opio y sus derivados se utilizan desde hace siglos, los recientes avances en medicina paliativa han tenido, como efecto colateral, una crisis sanitaria de gran impacto social y económico. El lanzamiento de nuevos fármacos opioides ha dado lugar a su uso excesivo, ocasionando más de 200.000 fallecimientos por sobredosis en un período de ocho años solo en Estados Unidos.Este hecho ha generado desconfianza hacia la industria farmacéutica, y la necesidad de replantearnos el papel de los organismos de salud pública para evitar tragedias de este tipo.
El impacto de la crisis de los opioides
Aunque el propósito de la industria médica es mejorar la salud de los pacientes, en la práctica, a veces sucede lo contrario. El uso indebido de opioides –medicamentos concebidos para que la vida de personas muy enfermas sea más llevadera– ha provocado un gran número de muertes y elevados costes económicos.
En 2017, había 53,4 millones de consumidores de opioides en todo el mundo, el 80% en Estados Unidos. Se calcula que más de dos millones sufren trastornos por su abuso. La crisis de los opioides en Estados Unidos costó 696.000 millones de dólares en 2018 –el 3,4% del PIB–, y más de 2,5 billones de dólares entre 2015 y 2018 [1]. Estas cifras incluyen el valor de la pérdida de vidas y el aumento del gasto en atención sanitaria y tratamientos, así como el coste de los procesos penales y la reducción de la productividad asociados a este fenómeno.
La epidemia de opioides se ha convertido en un obstáculo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 3 (salud y bienestar), y en particular su meta 3.5, relativa a la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas y el uso indebido de estupefacientes. Debido a prácticas de comercialización irregulares y cuestiones de ética empresarial, muchas farmacéuticas no cumplen con el Pacto Mundial, ni con las Directrices de la OCDE. Para los inversores, la crisis de los opioides ha originado volatilidad por el aumento de la incertidumbre y las probabilidades de que las farmacéuticas tengan que pagar importantes sumas para liquidar los procedimientos legales incoados por miles de demandantes.
En los dos últimos siglos, el opio y sus derivados han ganado popularidad en el mundo occidental y se utilizan en cantidades cada vez más concentradas, tanto legal como ilegalmente. Hoy los opioides se recetan para reducir el dolor grave y crónico, como el de los pacientes con cáncer. Los ejemplos más comunes de opioides sujetos a receta son, entre otros, morfina, oxicodona e hidrocodona. Éstos se conocen como fármacos de la Lista III, que las autoridades sanitarias catalogan su potencial de dependencia física y psicológica como moderado. El tratamiento con analgésicos opioides durante un periodo de tiempo breve se considera seguro, pero los pacientes que los consumen durante periodos prolongados pueden sufrir efectos secundarios adversos. Entre 2013 y 2016, las muertes por opioides relacionadas con el fentanilo aumentaron alrededor de un 113% anual en EEUU [2].
Los inversores se han mostrado lentos a la hora de pedir que las farmacéuticas rindan cuentas sobre las prácticas de comercialización indebidas. La organización Investors for Opioid Accountability no se creó hasta 2017, una vez que las controversias atrajeron la atención de los proveedores de datos, y esta información se puso a disposición de los inversores. Por nuestra parte, abogamos por un enfoque más holístico. En primer lugar, los gobiernos son claves en la aprobación y regulación de la distribución de medicamentos. Por ello, son propensos a verse influenciados por los grupos de presión y las organizaciones de pacientes con dolor crónico.
En segundo lugar, los médicos de cabecera son esenciales en la prescripción de opioides. Las investigaciones muestran que los médicos que completaron su formación en una facultad de Medicina de primer nivel recetan anualmente una cantidad significativamente menor de opioides que los facultativos de universidades de menor rango, lo que pone de manifiesto la importancia de la formación continua [3]. Por último, debemos tener en cuenta que el sistema de salud de cada país es diferente: los precios, la regulación y las consideraciones culturales son factores decisivos que pueden influir en la gravedad de esta epidemia.
¿Hay luz al final del túnel?
Cabría preguntarse si sabemos lo suficiente sobre el coste real de la medicina. Es importante que las empresas apoyen iniciativas de responsabilidad que garanticen que los inversores puedan tomar decisiones bien fundamentadas. La ética empresarial es un problema en el sector de la salud. Ahora somos conscientes de que la crisis de los opioides ha dado lugar a una situación con vertientes desafortunadas. Un enfoque holístico permitiría realizar una evaluación detallada de los riesgos financieros, el impacto sobre los fundamentales y el valor relativo de los opioides para la sociedad.
La integración de criterios ASG en nuestro proceso para la toma de decisiones de inversión nos permite evaluar a las empresas del sector salud de acuerdo con su evolución en términos de ética empresarial, gobernanza e innovación. Las empresas con una ética y unas prácticas de gobierno sólidas, así como las que invierten en I+D, se ven recompensadas con valoraciones más elevadas.
Por último, necesitamos tener la certeza de que el ecosistema de la atención sanitaria tiene el genuino compromiso de actuar conforme a los mejores intereses de los pacientes y la sociedad.