La inversión responsable busca sus estándares

En sostenibilidad, las cosas no son blancas ni negras; este es, más bien, un mundo de grises”. Así lo afirmaba, en un encuentro con los medios en 2018, Cristian Balteo, director de ventas de Nordea AM en la Península Ibérica: “Invertir en ángeles es imposible”, resumía. A esa idea de los grises, de que en esto no existe un blanco puro, vuelven de forma recurrente los expertos consultados.

Los datos de sostenibilidad -es decir, los ratings ASG, que califican a las compañías en todo lo que no es financiero, los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno- están en manos de un puñado de compañías: MSCI, Sustainalytics, RobecoSAM, Vigeo Eiris... Para llegar hasta aquí, el sector ha vivido un proceso de concentración, en el cual los grandes proveedores de datos financieros han ido comprando agencias especializadas en recabar datos ASG. Una de las últimas operaciones es la compra del 100% de Sustainalytics por Morningstar (que desde 2017 poseía un 40% del capital).

Para fabricar esos ratings ASG -que posteriormente venden a las gestoras, para las que estas agencias se han convertido en piedra angular para entrar en el mundo de la sostenibilidad-, cada proveedor sigue su propia metodología. En términos generales, obtienen información a través de cuestionarios que envían a las empresas, y posteriormente completan esos datos con información pública, como los informes anuales o de sostenibilidad. Toda esa información nace de las propias empresas.

La nota de una y otra agencia para una misma compañía puede ser muy dispar. Esta cuestión se puso de relieve en la VIII Edición del Ciclo Empresas que aportan valor al accionista, organizada por elEconomista el pasado diciembre en la Bolsa de Madrid. Esa dispersión entre lo que unos y otros proveedores consideran verde, o entre la forma en la que miden los aspectos sociales o de buen gobierno, la enfatizó David García, director de ISR (Inversión Socialmente Responsable) de Santander AM: “Si analizas los ratings financieros que proporcionan, por ejemplo, S&P y Moodys’s para una misma compañía, los datos de ambas son muy similares, tienen una correlación superior al 90%. Pero si haces lo mismo con los ratings de sostenibilidad, la correlación es inferior al 50%”, explicó.

“Es cierto que los gestores se quejan de esas discrepancias”, reconocía Fernando Luque, editor senior de Morningstar, “pero es que buena parte del análisis de la ASG es cualitativo”, apuntaba. Además, aunque ocurra con los ratings de cotizadas concretas, “a nivel global no existen tantas diferencias; los datos de los dos grandes, MSCI y Sustainalytics, convergen”, señalaba. Y a medida que la regulación exija más transparencia también habrá más indicadores y, por tanto, más homogeneidad.

Hacia la homogeneidad

El Parlamento Europeo ha aprobado a mediados de junio el Reglamento de Taxonomía, un hito para la inversión sostenible pero que, por ahora, solo toca la pata medioambiental, la A del acrónimo ASG. La taxonomía no es otra cosa que una lista de actividades económicas (67 actividades, en concreto, que contribuyen a mitigar el cambio climático) y criterios que harán posible saber en qué medida un activo financiero es verde, en función de las actividades que desempeñen las compañías que tenga en cartera. En la práctica, permitirá a quienes inviertan en fondos verdes comparar estos productos de forma objetiva -y evitará que las gestoras comercialicen como verde algo que no lo es-. Previsiblemente, a finales del año que viene la Comisión Europea empezará a plantearse cómo elaborar la taxonomía social, a la que probablemente siga la de gobernanza.

Esta normativa marcará un antes y un después en cuanto a la homogeneización de todos estos aspectos, al menos en la UE, líder en estas cuestiones, que también ha elaborado unos estándares para los índices de bajo impacto carbónico y un estándar de bono verde.

Elena Escrig es ayudante de doctor en el departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I y ha formado parte del grupo de investigación Sostenibilidad de las organizaciones y gestión de la responsabilidad social- mercados financieros, uno de los 20 grupos europeos que han participado en el Proyecto Europeo Horizonte 2020 Sustainable Market Actors for Responsible Trade, cuyo objetivo era el desarrollo de un marco para evaluar la sostenibilidad. Esta experta -que lleva desde 2013 investigando en este campo- explica que “es difícil saber cuáles son los análisis de veracidad” que realizan las agencias sobre las respuestas que les remiten las empresas a sus cuestionarios sobre sostenibilidad.

“Algunas agencias afirman que verifican la información a través de fuentes externas, como noticias o bases de datos que envían alertas cuando se producen comportamientos irregulares en sostenibilidad, u otras terceras fuentes que no detallan”. Por tanto, “no nos consta que sigan un proceso para asegurar esa información de forma estandarizada”, explica. Afirma, por otro lado, que algunas metodologías están diseñadas de forma que aspectos muy positivos pueden tapar otros muy negativos; puede ocurrir que una compañía con una buena calificación global en sostenibilidad haya obtenido unos resultados muy malos en términos ambientales y unos muy buenos en la vertiente social, por ejemplo. Las metodologías de agregación pueden “ocultar datos muy negativos” y distorsionar el resultado final, “hasta el punto de que se pueden estar considerando sostenibles organizaciones que no lo son”.

Por su parte, Fernando Gómez-Bezares, catedrático de Finanzas en Deusto Business School y vicepresidente de Spainsif (Foro Español de Inversión Sostenible), lleva cerca de una década analizando a fondo el mundo de la inversión responsable. Él, que tiene claro que “las agencias de calificación realizan un trabajo extraordinario”, también se ha encontrado con algunas contradicciones: “Un estudio que realizamos demostró que las compañías con mejores ratings de sostenibilidad suelen tener mayores diferencias salariales, lo cual es una incoherencia”, explica. Tampoco puede olvidarse que la medición de esas características ASG de cada empresa se realiza, en gran parte, en base a la información no financiera publicada por las compañías, una información que, por un lado, hace poco tiempo que es obligatorio presentar y que, por otro, no se audita; solo los datos financieros son auditables. Estos datos, por el contrario, se verifican.

Gómez-Bezares explica que esa verificación es mucho más complicada que una auditoría de cuentas, porque estas materias -el respeto a medio ambiente, los aspectos sociales...- “son mucho más difíciles de medir, y de verificar, que un estado contable”. Hay varios pasos que dar todavía: “Primero, es preciso estandarizar la información no financiera, y posteriormente establecer normas claras para verificar toda esa información”. Las agencias tienen que ir puliendo este proceso, explica, afinando “qué indicadores utilizan para puntuar todos estos aspectos, y cuáles pesan más en un sector o en otro”.

El catedrático pone un ejemplo: “Que un banco realice actos filantrópicos puede quedar bien, pero lo importante en un banco es que otorgue créditos a aquellas empresas que son más sostenibles, y esto es más difícil de medir. Las empresas son más socialmente responsables si realmente son sostenibles en su negocio específico, y tampoco vale la misma vara de medir en una compañía industrial que en una de servicios, por ejemplo”. Esta cuestión, la de la vara de medir a la que hace referencia Gómez-Bezares, está aún empezando a estudiarse; los primeros trabajos académicos que abordaban cómo valorar la ISR en las distintas industrias son de 2016, es decir, de hace muy poco tiempo.

Miriam Fernández, responsable de ASG de Ibercaja alude a ese universo de grises al que nos referíamos al inicio de este artículo. “Como gestor, quieres utilizar la mejor herramienta que exista. Su nivel de fiabilidad [de estas agencias] siempre estará cuestionado pero, desde un punto de vista práctico, son la única opción que tenemos para poder implementar [la ISR]. Sin ellos, las gestoras no podrían cubrir un universo de 40.000 valores”. Fernández también destaca el profundo trabajo y la extensa información que facilitan estos proveedores -ver entrevista en páginas 24 y 25-, fundamentales “hasta que la taxonomía avance y las obligaciones de desglose de la información no financiera estén más legisladas”, añade.